Este mes de septiembre se cumple un año de la pulverización del estado de Derecho en Nicaragua, marcado por la insólita orden del Presidente Daniel Ortega al Diario Oficial La Gaceta, de publicar una versión de la Constitución Política, que no fue aprobada por la Asamblea Nacional de este país. Pocos nicaragüenses parecen recordar, que el 16 de septiembre pasado, luego de las largas vacaciones decretadas por el gobierno, los medios de comunicación despuntaron con una noticia que fácilmente podría ser una broma del Día de los Inocentes. El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a través de legisladores de su partido, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ordenó la publicación de un texto alterado de la Constitución, sin pasar por ninguna discusión legislativa.
Lo que en cualquier democracia moderna habría sido un escándalo nacional de mayúsculas consecuencias para un gobierno, en Nicaragua pasó casi desapercibido. Para colmo, pocas semanas después, los diputados del FSLN y sus aliados tomaron por sorpresa a los opositores y aprobaron una moción que supuestamente legalizaba la referida publicación. Recuerdo que esa misma semana, recibí desde el exterior varias consultas de personas sorprendidas por la inverosímil noticia del “Gacetazo” y la dócil actitud de la oposición. En palabras de un colega académico europeo, eso sólo podría ser “una broma de mal gusto” que quizás explicaba porque los diputados prefirieron reírse antes de actuar.
Le respondí al colega que muchos nicaragüenses se han acostumbrado a un Presidente bromista que recurrentemente se refiere a Hugo Chávez como el mesías y a Fidel Castro como un santo. Los ciudadanos de este hermoso país centroamericano despertamos todos los días rodeados por cientos de gigantescos afiches con el sonriente rostro d Daniel Ortega y por árboles de Navidad instalados a lo largo de todo el año en las calles de la capital. La lista de excentricidades de Ortega es larga. En el 2009 reconoció a Osetia del Sur como República independiente y en otra oportunidad le insinuó al periodista David Frost en un reportaje para Al Jazeera, que aspiraba seguir en el poder hasta pasados los noventa años de edad. La semana pasada, durante el acto del 32 aniversario del Ejército de Nicaragua, abrió su discurso diciendo que si las armas atómicas hubiesen existido en el siglo XIX, las fuerzas de la Unión Americana las habrían utilizado contra el ejército sureño de la Confederación en la Guerra Civil de Estados Unidos.
Sin embargo, le dije a mi alarmado amigo que a muchos otros ciudadanos esas locuras no nos hacen ninguna gracia. La publicación de una versión apócrifa de la Constitución no es el producto de un gobernante con dotes de comediante. Es, más bien, un acto de extrema ilegalidad deliberada perpetrada por el Presidente de la República de Nicaragua, que es la misma nación Centroamericana que durante la década de los años ochenta sufrió una cruenta guerra civil que costó más de cincuenta mil vidas.
La publicación de una versión apócrifa de la Constitución por el mismo Presidente que gobernó el país en los años de guerra no debería tomarse a la ligera y más bien merece una acción de rechazo permanente. El Presidente no tenía ninguna facultad legal para ordenar la impresión de la constitución apócrifa, ya que la misma ley establece que sólo la Junta Directiva de la Asamblea Nacional puede instruir a La Gaceta la impresión del nuevo texto, una vez que haya recibido la aprobación de la Comisión de Justicia y del Plenario del Poder Ejecutivo.
El argumento de los operadores políticos de Ortega es tan irracional que debería provocar todo, menos risas. Argumentan que a la imprenta se le “olvidó” incluir la segunda parte del artículo 201. La verdad es que esa sección de la Constitución de 1987 que se denomina “Artículos Transitorios” caducó automáticamente en el momento en que entró en vigencia la Constitución reformada. Ese artículo, en su segunda parte ya prescrita dice: “El Presidente y el Vicepresidente de la República y los Representantes ante la Asamblea Nacional, elegidos el cuatro de noviembre de 1984, ejercerán sus cargos en el período que termina el diez y el nueve de enero de mil novecientos noventa y uno.” Agrega que “Los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y las demás autoridades y funcionarios de los diversos poderes continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deben sustituirlos de acuerdo a la Constitución”. No hace falta mayor explicación. Este Artículo colocado bajo una sección denominada “Transitoria” cumplió su término en el momento en que las autoridades correspondientes asumieron sus cargos.
¿Cuál es el propósito que persigue el Presidente Daniel Ortega? Sucede que él tuvo que inventarse la vigencia de un artículo constitucional inexistente, como la única forma para justificar su candidatura presidencial ilícita, ya que la constitución actual no sólo exige la renuncia al cargo un año antes de inscribir una nueva candidatura sino que explícitamente prohíbe un tercer periodo constitucional. En su intento por justificar su ilegal candidatura, Ortega también recurrió ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuyos términos de ley en el cargo también estaban vencidos y que se ampararon en el texto constitucional apócrifo para continuar en sus posiciones.
De igual forma, los magistrados de facto del actual Consejo Supremo Electoral—el órgano rector de los procesos electorales en Nicaragua—están usurpando funciones y no pueden ser considerados legítimos. Esta situación no es nada cómica ya que los nicaragüenses tendremos elecciones nacionales el 6 de Noviembre de este año, con uno de los candidatos en abierta ilegalidad. Además de que Ortega no podía postularse como candidato presidencial, las autoridades electorales que aceptaron su inscripción, ya tenían sus propios cargos vencidos.
Este excéntrico y arbitrario hecho del Presidente Ortega fue un golpe demoledor al Estado de Derecho y un paso hacia un gobierno sin ley. Lo único más alarmante que esta decisión, es la pasividad con que la misma oposición y la ciudadanía han respondido a este acto descabellado que no se puede tomar en serio. Quizás las fiestas patrias que se avecinan en ocasión de un aniversario más de la Independencia—y las elecciones nacionales de Noviembre—son una oportunidad para que aquellos que nos gusta que nos vean la cara de payasos, le recordemos al Presidente y sus aliados que no compartimos su pésimo sentido del humor.
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