Las “mafias sociales” causan destrozos, sabotajes, ocupación de espacios públicos y, al final, chantajean con mantener los daños
Ricardo Alemán
Para nadie es nuevo que, de tanto en tanto, supuestas organizaciones sociales secuestren las principales vialidades de la Ciudad de México —entre las preferidas están Reforma y Bucareli— o se apoderen del Zócalo de la Ciudad de México o del centro de capitales, como Oaxaca.
Tampoco es novedad que, entre los vividores de la industria de la protesta y la farsa social, están Los 400 Pueblos, de César del Ángel; Antorcha Campesina, de Aquiles Córdoba; la APPO, de Flavio Sosa; el SME, de Martín Esparza, y la Sección 22 del SNTE, entre otros que, cíclicamente, se apoderan de calles, bloquean vialidades, secuestran el Zócalo de la capital del país —y de otras ciudades— y causan graves daños a miles de personas.
Todo, ante la incredulidad de los ciudadanos que ven cómo esas “mafias sociales” causan destrozos, sabotajes, ocupación de espacios públicos y, al final, chantajean groseramente con mantener los daños a los ciudadanos, a cambio de jugosas cantidades de dinero. ¿Cuántos millones de pesos de dinero público se han entregado por la vía del chantaje a César del Ángel, a Aquiles Córdoba, a la Sección 22 del SNTE…
Pero tampoco es reciente esa modalidad de chantaje político-social al que someten los vividores de esa industria a las instituciones del Estado. De hecho, uno de los líderes mexicanos más reputados, Andrés Manuel López Obrador, construyó buena parte de su imagen y popularidad movilizando a ciudadanos dizque en defensa de los pobres, que terminaron en el Zócalo capitalino y que, como en el caso del plantón de tabasqueños en 1992, se levantó mediante la entrega de nueve mil millones de viejos pesos; algo así como nueve millones de actuales pesos.
Pero el ejemplo más reciente del secuestro de espacios públicos y chantaje a las instituciones lo presenciamos todos apenas el pasado martes 12 de septiembre, cuando, luego de meses de apoderarse del Zócalo, después de años de causar sabotajes contra instalaciones de la CFE y decenas de agresiones a ciudadanos que ni la debían ni la temían, el gobierno de Felipe Calderón y el de Marcelo Ebrard premiaron al pillo de Martín Esparza con 25 millones de pesos, a cambio de retirar su plantón.
Desde que tomaron el Zócalo, aquí pronosticamos que lo último que le importaba al señor Esparza eran los trabajadores. Lo que buscó fue la “carta blanca” para el uso de las cuentas y los bienes del SME, que son propiedad, no de Esparza y menos de la organización que dice encabezar, sino de todos los trabajadores, sean o no liquidados.
Cuando dijimos que con dinero levantaría el plantón —porque lo último que le importa a Esparza son los trabajadores—, aquí nos dijeron de todo. También cuando adelantamos que, en realidad, el SME buscaba meterse al proceso electoral de julio de 2012, y que para ello reclamaba los millones de pesos de las arcas sindicales.
Y apenas el pasado sábado, Martín Esparza lo confirmó: que el SME se convirtió en asociación política nacional y que, desde esa plataforma, buscará una alianza electoral para 2012. Y, claro, en la temporada electoral lo que queda del SME venderá sus amores al mejor postor. Es decir, Esparza se subirá a la cama electoral del que mejor le pague, para conseguir diputaciones y senadurías. En pocas palabras, que Esparza tomó el mismo camino que la profesora Elba Esther Gordillo, a quien sólo le importa el dinero y el poder público. O, si se quiere ver desde otro extremo, Esparza también va por la misma ruta de AMLO: usar la protesta social como chantaje y moneda de cambio para acceder al poder.
Por eso la gran pregunta. ¿Por qué los gobiernos en turno, sean estatales o el federal, ceden ante la presión de esas industrias del chantaje y la manipulación política? Se pudieran dar cientos de respuestas, pero una resulta contundente. Los gobiernos del PAN, del PRD o del PRI, sean estatales o federal, prefieren pagar y pactar con esa modalidad de criminales —a pesar de que con eso pasan por sobre la ley—, antes que verse envueltos en un escándalo mediático. Es decir, ceden por miedo, porque son gobiernos timoratos, chiquitos, de enanos a los que asusta el petate del muerto, del 68; se asustan de la dizque criminalización de la protesta social.
Lo curioso es que desde Felipe Calderón, pasando por los presidentes de la Corte y el Congreso, y los tres órdenes de gobierno, hablan del fin de la impunidad y del imperio de la ley, pero todos se doblan ante pillos como Martín Esparza, Flavio Sosa, Aquiles Córdoba y César del Ángel. ¿Qué tal con los demócratas?
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