The Associated Press
CARACAS -- Venezuela estudia acciones contra Estados Unidos en respuesta a la reciente decisión del Departamento del Tesoro de catalogar como narcotraficantes a un jefe militar y tres políticos venezolanos por su presunta colaboración con la guerrilla colombiana en el tráfico de drogas y armas, anunció un alto funcionario.
El procurador general, Carlos Escarrá, afirmó el miércoles que Venezuela está "estudiando las acciones que vamos a ejercer en contra del gobierno de Estados Unidos" por designar como narcotraficantes a cuatro venezolanos aliados de la administración del presidente Hugo Chávez, informó la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Escarrá dijo en una visita a la ciudad central de Barquisimeto que el gobierno estadounidense "no va a venir aquí a insultar ni a ofender a ningún dirigente venezolano".
El anuncio se produjo casi una semana después de que la Cancillería venezolana protestara verbalmente ante la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Kelly Keiderling.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, catalogó en un comunicado de prensa como narcotraficantes a Amílcar Figueroa, representante de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano, al general del ejército Cliver Alcalá Cordones, al congresista oficialista Freddy Bernal y al funcionario de inteligencia Ramón Madriz.
El documento divulgado el 8 de septiembre señaló a Figueroa como un "proveedor principal de armas y un contacto principal para los líderes de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) afincados en Venezuela", mientras que acusó a Alcalá de "usar su posición para establecer una ruta de armas por drogas".
A Bernal, quien además fungió como alcalde de la capital venezolana, lo señaló por "haber facilitado ventas de armas" entre el gobierno venezolano y las FARC, mientras que Madriz "ha coordinado seguridad" para la organización colombiana a la que Washington considera terrorista.
La designación está acompañada del congelamiento de bienes que estas personas puedan poseer en Estados Unidos, y prohibe a entes estadounidenses realizar transacciones con los designados o sus bienes, tal como establece la ley de designación de cabecillas del narcotráfico extranjero (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) de diciembre de 1999, que declara quiénes o qué tipo de organizaciones son narcotraficantes en el extranjero para aplicar medidas financieras en su contra.
El canciller venezolano Nicolás Maduro condenó la acción del gobierno estadounidense considerándola "abusiva" y dijo la semana pasada a la prensa que eso forma parte de "una agenda de agresión permanente contra Venezuela. Siempre en el espíritu de tratar de montar una especie de expediente que garantice escaladas superiores de agresión a nuestro país en el futuro".
En 2009 OFAC emitió una medida similar contra el ex ministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín y los jefes de organismos de espionaje, el general Hugo Carvajal Barrios y general en jefe Henry Rangel Silva.
Las misiones diplomáticas de Venezuela y Estados Unidos permanecen sin embajador desde que Caracas retiró en 2010 el plácet concedido a Larry Palmer, quien dijo durante su proceso de confirmación en el Senado que la inteligencia cubana había infiltrado a las fuerzas de seguridad venezolanas.
En respuesta a esa medida Washington solicitó a Bernardo Alvarez que no volviera a la embajada cuando hubiera concluido la pausa de diciembre.
Chávez ha mantenido tirantes relaciones con Estados Unidos desde que asumió el gobierno en 1999, pero las frecuentes fricciones no han afectado los estrechos lazos comerciales que tienen ambos países.
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