Los reclamos del Presidente al Poder Judicial han molestado mucho, desde a los ministros de la Corte hasta al Consejo de la Judicatura Federal.
Ana Paula Ordorica
Cuando el lunes el presidente Calderón declaró, en respuesta a un cibernauta: “No es que yo la traiga contra los jueces. Pero ya también empieza uno a cansarse, mano. Uno los agarra y los agarra y lo agarra y los agarra (a los delincuentes), y los sacan y los sacan y los sacan”, no fue la primera ocasión en que el jefe del Ejecutivo señaló al Poder Judicial como culpable de la impunidad.
Como bien lo documentó Verónica Mondragón para Excélsior esta semana, los señalamientos del Ejecutivo hacia el Judicial han sido varios.
Desde mayo de 2008, el Presidente afirmó que los jueces fomentan la impunidad: “Es un llamado al Poder Judicial para que revise la actuación de sus jueces que ponen en la calle a criminales que son, incluso, confesos”.
Tan sólo este año, el recuento incluye múltiples cuestionamientos.
Ante la sentencia que liberó al asesino confeso de la hija de Marisela Escobedo, el 12 de enero, el Presidente llamó a los jueces “verificadores de requisitos” y afirmó que “duele mucho que el esfuerzo que se hace por sociedad y gobierno por combatir la criminalidad se debilite en la última etapa”.
Posteriormente, en la reunión con Sicilia, Calderón afirmó que impartidores de justicia reciben dinero del crimen organizado: “Sé cuánto reciben y que se reúnen con el crimen organizado”.
Y durante su mensaje por el V Informe de Gobierno, el Presidente, al referirse al caso de Jorge Hank, dijo: “Por un criterio de verdad legal, se determinó que no había orden de cateo a ese domicilio, por lo que la prueba para acreditar el delito deja de existir, entonces yo no digo que eso no sea un criterio legal, lo que digo es que es cada vez más lejano el criterio de verdad legal con la verdad real, que genera impunidad”.
Y remató aduciendo que la verdad que le importa al pueblo es la verdad real.
Evidentemente, estos reclamos al Poder Judicial han molestado mucho, desde a los ministros de la Suprema Corte hasta al Consejo de la Judicatura Federal, que en estos días han estado expresando claramente su descontento con el Ejecutivo.
Ante este desencuentro, van algunas preguntas:
Si lo que se quiere fomentar es no a la impunidad, lo primero es empujar la cultura de la denuncia. Si el Presidente sabe cuánto reciben los jueces y que se reúnen con el crimen organizado, ¿por qué no se denuncian los hechos y se cesa y procesa legalmente a esos jueces?
Si el Presidente sabe que el problema está en el último eslabón, en la última etapa, ¿por qué no lo refleja en sus presupuestos para que contemos con jueces y ministerios públicos de Primer Mundo?
Si comparamos el dinero que han recibido la Sedena y la SSP, con el presupuesto para la PGR, no cuadra la preocupación del Presidente.
De 2007 a 2011, la Sedena ha recibido 204 mil 355 millones de pesos; la SSP, 134 mil 247 y, la PGR, 54 mil 610 millones. Es decir, la PGR ha recibido poco más de una cuarta parte de lo que se le ha presupuestado a la Sedena. No cuadra.
Y, por último, la ley implica cumplir con la verdad legal. Sustentar que al pueblo lo que le interesa es la verdad real suena a… mandar al diablo a las instituciones.
¿Qué, no eso le tocaba al otro candidato del 2006?
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