Análisis & Opinión
Francisco Valdés Ugalde
Francisco Valdés Ugalde es director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), sede México. Doctor en Ciencia Política por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en México (Nivel II), es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Organización Americana de Historiadores, de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, de la Asociación Española de Ciencia Política y Administración Pública, y de la Latin American Studies Association (LASA). Es autor de diversos libros y compilaciones, entre ellos “La regla ausente. Democracia y Conflicto Constitucional en México” (2010).
El crimen organizado está cambiando a la sociedad mexicana significativamente. Primero: el miedo. El miedo ha desplazado a otros afectos. En mi última visita a mi ciudad natal (Chihuahua) observé que la gente sale de sus casas sólo lo estrictamente necesario. Restaurantes, “antros” y otros lugares de entretenimiento son poco frecuentados y en no pocas ocasiones sus parroquianos o, peor aún, sus “juniors” son los causantes del miedo. Junior de narco: una nueva categoría social.
Segundo: la huida. Muchos ya se han ido. Poco a poco se registra que amigos, familiares, compañeros y conocidos ya no están: “se fueron pal otro lado”. Y quienes se van no son los más prominentes de entre las clases altas, sino los de la burguesía media y pequeña: suficientemente adinerada para desarraigarse, pero no lo suficiente para protegerse.
Tercero: el reemplazo. ¿Quién ocupa el sitio de los que se van? La alarma en los vecindarios ante los compradores o arrendadores impera: ¡cuidado con quien llega! Esos desconocidos que compran propiedades en efectivo o viven más que decentemente, pero nadie sabe a qué se dedican. Algunos sí lo suponen, como el caso de muchos aguacateros de Michoacán, controlados por el crimen organizado en sus cuotas de producción y precios de mercancía.
¿Estamos asistiendo a la formación de una nueva clase social? ¿Una nueva burguesía media que se asienta a sangre y fuego y combina actividades criminales con blanqueo de capitales? De ser así, no solamente estaríamos frente a la amenaza delincuencial directa, la que más se combate mediante la fuerza pública, sino ante una penetración de la sociedad de consecuencias permanentes en la organización de intereses y actividades económicas. Se trata de una conjetura, pero bien harían las instituciones responsables de las cuentas nacionales si procedieran a censar el recambio que parece estarse produciendo en la estratificación social y en sus ramificaciones.
¿Estamos asistiendo a la formación de una nueva clase social? ¿Una nueva burguesía media que se asienta a sangre y fuego y combina actividades criminales con blanqueo de capitales?
La postura del gobierno respecto al carácter indeclinable del combate al crimen se afirma en el valor de la legalidad como base indispensable de la convivencia social. Pero la legalidad tiene límites en las capacidades para hacerla cumplir, y en este límite nos encontramos. Hay una aspiración genuina de la sociedad legítima a la legalidad, pero sus integrantes vemos cómo son abatidos sus defensores en diversas regiones y cómo las instituciones del Estado han cedido al poder del dinero, sea negro o blanco.
Esto nos lleva a otro aspecto-problema. Delinquir tiene una causa moral: el delincuente opta por realizar actos que sabe que son moralmente opuestos a los valores compartidos en la constitución formal del Estado. Pero Fuenteovejuna sabe que hay una causa social en la inmoralidad de un orden económico que se coloca, también, al margen de los valores de la legalidad. Las capas más elevadas del poder económico lo saben bien: éste no es el país del éxito mediante el esfuerzo, sino la tierra del privilegio y la impunidad. ¿Acaso una gran parte de los componentes de esas capas no se ha formado a través de favores del poder político, del control ilegítimo e ilegal del acceso a la riqueza y el bienestar que cierran a otros, a los excluidos?
Cuando el presidente Calderón afirmó en el diálogo con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que el Estado nos ha fallado por no protegernos del crimen, también reconoció que ha sido en el Estado en donde se han formado las complicidades del privilegio y la impunidad.
La legítima intolerancia contra la delincuencia es neutralizada por la tolerancia a la impunidad. Cuando el ciudadano común defiende los valores de la polis se encuentra a menudo con el reproche cínico de sus pares, que aducen la irrelevancia de la virtud ante tanta indecencia que tan buena fortuna da a quienes la practican.
Delinquir es una opción moral, como lo es su antípoda: la contención moral que se ajusta a los valores de la comunidad formal. Tanto delinquen el narco y el secuestrador como el criminal de cuello blanco asentado en las altas esferas a las que aquél espera llegar o ha llegado (remember El Chapo en Forbes).
Ante esta situación, seguramente se buscará blindar las elecciones del próximo año (2012), pero es impensable realizarlas sin libertad de movimiento y reunión, en medio de la inhibición del ánimo popular.
Más que nunca, la unidad política debe darse en torno a los intereses prioritarios del país, que no son otros que los de la gente común y corriente que paga las consecuencias de todo lo anterior.
Independientemente del juicio que se haga sobre la estrategia de combate al crimen organizado, no habrá marcha atrás en arrostrar sus consecuencias, y ninguna reconsideración puede partir de lo indecible: pactar con los criminales, aceptar el chantaje y “resolver” el secuestro abandonando al secuestrado en sus manos.
En vez de apurar el paso para construir un Estado democrático, hemos desperdiciado tiempo y oportunidades. La razón fundamental: colocar encima del interés nacional los intereses de partido, de grupo, de región y de personas. Para ello hacían falta voluntad y concierto y, hasta ahora, han brillado por su ausencia. Aunque nunca será tarde para retomar el curso adecuado, las circunstancias presentes se han agravado alarmantemente.
Es mayoritario pero no explícito el reconocimiento de que el arreglo imperante ha caducado. De hecho, la principal confrontación no es entre el mantenimiento de lo que hay y lo que se busca cambiar, sino entre dos concepciones de cómo sacar al sistema político del atasco. Pero las diferencias sobre el proyecto a seguir mantienen el estancamiento.
No obstante, hay una mayoría evidente en la propuesta del cambio que se basa en preservar el pluralismo político a través de fórmulas de coalición y mecanismos participativos. Detenerlo es suicida, la cuenta regresiva ya comenzó.
Habría que preguntarse: ¿dónde están las fuerzas con la capacidad de vencer la impunidad que impera y fundar una sociedad (y un Estado) de libre entrada?
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