La nueva ley incluye previsiones mucho más estrictas que las anteriores.
Los indocumentados hispanos de Alabama, en el sureste de Estados Unidos, tienen una razón de peso para preocuparse: la nueva ley antinmigración, que entró en vigor en el estado hace pocos días y es considerada la más dura en su género.
Por encima de sus antecesoras en otros distritos como Arizona o Georgia, la ley HB56 incluye previsiones aún más estrictas. Permite, por ejemplo, que las autoridades policiales revisen los documentos de cualquiera sobre el que pese una "sospecha razonable" y establece que Alabama será el primer estado del país en pedir a las escuelas que recopilen información sobre el estatus migratorio de sus alumnos.
"Es una ley tan amplia que permite controlar cualquier forma de contacto entre indocumentados y autoridades o entre indocumentados y otros ciudadanos: desde contratos privados a escuelas públicas, multiplica las situaciones de peligro para quienes están aquí sin papeles", le explicó a BBC Mundo el profesor Paul Horowitz, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Alabama.
Desde que comenzó a regir, el pasado jueves, los efectos de la norma se han hecho sentir en la comunidad latina, "de manera mucho más notoria y veloz que en Arizona" con la controvertida SB1070, promulgada en 2010, según comparan los expertos.
En los trabajos, en las iglesias y, sobre todo, en las escuelas, se notaron cambios en las rutinas cotidianas de los hispanos atemorizados.
"Hemos visto niños que bajaban llorando de los autobuses, pensando que iban a volver a sus casas y sus padres no iban a estar porque iban a ser deportados"
William Lawrence, director de una escuela de Foley
Así, los colegios primarios reportaron niveles de ausentismo elevados entre los estudiantes latinos: casi el doble de los de un día normal.
"Hemos visto niños que bajaban llorando de los autobuses, pensando que iban a volver a sus casas y sus padres no iban a estar porque iban a ser deportados. Muchos se ausentaron, los rumores generaron un clima de temor y muchos otros siguen viniendo por ahora pero sus padres ya están considerando irse (del estado)", relató a BBC Mundo William Lawrence, director de una escuela elemental de la ciudad de Foley.
Allí, 20% del alumnado es de origen hispano: un total de 223 niños de los cuales 24 abandonaron de inmediato la escuela y otros 36 anunciaron que lo harían en breve.
"Afecta el aprendizaje"
La HB56 establece que los institutos deberán pedir a los nuevos inscritos una prueba de residencia, como certificados de nacimiento o declaraciones juradas, para proveer la información a la Junta Estatal de Educación.
Aunque ello no indica que los datos vayan a llegar a las autoridades de inmigración, muchos padres manifestaron temor de que inspecciones y detenciones comiencen a ocurrir a las puertas de las mismas escuelas.
"Los recursos ya limitados de las escuelas se gastarán en cuestiones que no aportan a la educación, como es el recoger y procesar esa información. Esto convierte en víctimas a miles de niños nacidos aquí de padres inmigrantes"
Wendy Cervantes, First Focus
"Empezamos una campaña con los padres para explicarles cuáles son los alcances. Pero el mayor mal son los niños, este pánico que se ha generado atenta contra el aprendizaje. Nosotros no sabemos quién tiene papeles y quién no, y no es de nuestra incumbencia preguntarlo", señaló Lawrence.
El censo nacional de 2010 establece que en Alabama hay unos 79.000 hijos de familias de emigrantes. De ellos, 88% ha nacido en Estados Unidos, según datos de la organización Kids Count.
El estado tendrá ahora acceso a sus datos migratorios para, según las autoridades, poder evaluar cuánto del presupuesto educativo se invierte en la formación de inmigrantes indocumentados.
"Los recursos ya limitados de las escuelas se gastarán en cuestiones que no aportan a la educación, como es el recoger y procesar esa información. Esto convierte en víctimas a miles de niños, muchos de ellos estadounidenses, nacidos aquí de padres inmigrantes", expresó ante BBC Mundo Wendy Cervantes, de la organización First Focus, que defiende los derechos infantiles.
La preocupación de los educadores por el presupuesto es de largo plazo: de continuar el éxodo de niños hispanos, el gobierno estatal pasaría a recortar los recursos destinados a las aulas.
Faltar a misa
El otro ámbito donde la ley generó preocupación es en las iglesias: allí, los pastores y sacerdotes temen, a la vez, ser penalizados por prestar asistencia a los sin papeles de su comunidad y ver reducirse drásticamente su feligresía si los hispanos abandonan el estado en masa.
Así, líderes de distintas iglesias presentaron un recurso ante la corte porque consideraron que la nueva ley podría interferir con la práctica de las religiones.
La policía podrá revisar los documentos de cualquiera sobre el que pese una "sospecha razonable".
"En los años 60 fueron las iglesias negras las que rechazaron las prácticas discriminatorias. Es significativo que hoy sean las iglesias negras, blancas y marrones (mestizas) las que se han unido contra esta ley que amenaza a nuestras comunidades", expresó ante BBC Mundo Scott Douglas, director ejecutivo de los Ministerios de Greater Birmingham, que representa a 20 grupos de fe en el estado.
Con la HB56, Alabama ha seguido el camino de otros estados sureños donde, en los últimos años, la cruzada antinmigración ha recrudecido.
La diferencia, sin embargo, es que mientras otros territorios tienen una comunidad hispana estadísticamente relevante (30% en Arizona, por ejemplo), en Alabama los latinos representan sólo 3% de la población total.
Pero, a la vez, es el segundo estado con mayor crecimiento demográfico hispano en el período 2000-2010 (145%, sólo detrás de Carolina del Sur), lo que -según los analistas- puede haber hecho aumentar la percepción de los indocumentados como "una amenaza" en algunos sectores.
Así, muchos han celebrado la entrada en vigor de la legislación.
"Tenemos los brazos abiertos, tenemos hospitalidad para dar a aquellos que vengan por la vía legal, pero los que estén aquí ilegalmente enfrentarán un desafío duro", expresó el senador Scott Beason, del Partido Republicano.
Representantes del conservador Tea Party calificaron a la HB56 como "el mejor proyecto de ley que hemos diseñado" y abogaron porque se aprueben normas parecidas en otros estados.
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