Soy de los que piensan, y así lo he dicho desde hace mucho tiempo, que el Presidente tiene todo el derecho de hacer campaña a favor de su partido, siempre y cuando no utilice recursos públicos en este esfuerzo. Es lo común y corriente en toda democracia presidencial. Ocurre desde Estados Unidos hasta Argentina. En Brasil, por ejemplo, el presidente Lula hizo campaña abierta a favor de la candidata de su partido, Dilma Rousseff, en la reciente elección. Que yo sepa, nadie dijo que esto era injusto, ilegal o ilegítimo. Porque correctamente se asume que el Presidente es un político más del sistema —como los gobernadores, alcaldes y legisladores—, todos con derecho de participar en las campañas electorales apoyando a los candidatos de su partido. El Presidente es una voz más. No es, como Frank Sinatra, “La Voz”.
En México, sin embargo, esta idea de la participación presidencial en las campañas es un anatema para muchos. Los que creen que el Presidente debe callarse la boca. Los que piensan que debe guardar sus opiniones en un cajón en Los Pinos y echarle llave. Los que demandan que sea más jefe de Estado que de gobierno. No es una postura gratuita. Viene de los resabios del sistema autoritario priista. Como en aquella época el Presidente tenía un gran peso político (ahí sí que era “la voz”), pues muchos piensan que ahora, en la democracia, el jefe del Ejecutivo federal debe enmudecer. Así lo consideran los opositores al PAN, ahora que el Presidente es panista, pero no dude que, cuando haya un Presidente de un partido diferente, los panistas demanden lo mismo.
Lo ridículo es que la oposición no sólo exige que el Presidente se calle sino que quieren hasta sancionarlo. Y lo más absurdo es que la ley efectivamente lo contempla. De hecho, ya ha sucedido. En 2010, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Calderón había violado la ley “al emitir mensajes propagandísticos días antes de las elecciones del 4 de julio de 2009”. Si mal no recuerdo, el Presidente había hecho un par de anuncios sobre la economía nacional antes de los comicios. El Tribunal los consideró ilegales porque podían haber influido en el ánimo del sacrosanto electorado. No fue, al parecer, el caso porque, con todo y los mensajes del Presidente, al PAN le fue como en feria en aquellas elecciones.
A Calderón lo declararon culpable y recibió una amonestación. Las autoridades electorales no pudieron sancionarlo porque “de acuerdo al artículo 108 de la Constitución sólo puede ser acusado por delitos graves del fuero penal o de traición a la patria y no por violaciones electorales”. Pero ahí quedó el precedente.
Precedente que ahora está utilizando el PRI para acusarlo de nuevo. El tricolor presentó ayer una queja ante el IFE argumentando que el Presidente violó el principio de imparcialidad al haberle dicho a The New York Times que había priistas que querían pactar con el crimen organizado. Consideran que, como el Presidente es un “militante panista”, sus expresiones representan “un acto anticipado de campaña en beneficio de los aspirantes panistas al intentar incidir en el ánimo del electorado”. Citan el caso del 2009: “Existe reincidencia en cuanto a la violación de la Constitución y en el ánimo de incidir en los procesos electorales”. Además responsabilizan al PAN por “las conductas de sus militantes” y demandan que “las erogaciones que se llevaron a cabo para la realización de estas conductas” sean “sumadas al tope de gastos de precampaña de los ahora aspirantes” del PAN.
Hágame usted el favor. ¿Ese es el PRI que quiere regresar al poder? ¿Un PRI que quiere amordazar al Presidente? Porque, de acuerdo a la Real Academia Española, “amordazar” es “impedir hablar o expresarse libremente, mediante coacción”. Y eso es exactamente lo que buscan los priistas: amordazar a Calderón. Por cierto, algo de culpa tiene el Presidente en este asunto. Hay que recordar que él apoyó la terrible reforma electoral de 2007 que, como advertimos muchos, limita la libertad de expresión.
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