El país vive una ola de violencia inaudita
El poder de las 'maras' es tal que disputan el territorio al Estado
Agentes de policía del El Salvador observan los restos de un autobús en el que fueron hallados 14 cuerpos calcinados en 2010. / EFE
El Salvador vive actualmente un drama inaudito: 12 personas, en su mayoría jóvenes, son asesinadas diariamente en una vorágine de violencia social y delincuencial sin freno y que se prolonga desde hace más de una década, en una especie de nueva guerra o conflicto armado,aunque no ya por disputas políticas.
Pero no se trata sólo de homicidios, sino de otras circunstancias violentas que recuerdan la guerra civil. Las pandillas conocidas como maras han llegado a un poder tal que controlan territorios y que el Estado les disputa, palmo a palmo, con unidades de Ejército y policía. La masacre sigue sangrando a El Salvador, hoy por hoy el segundo país más peligroso de América –después de Honduras-, con una tasa de 69 homicidios por cada 100.000 habitantes, siete veces lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce como epidemia.
Ha reaparecido el secuestro, incluso, en su modalidad de secuestro express (privación de libertad con fines de vaciarle la cuenta bancaria a la víctima desde un cajero electrónico). La resistencia o la negativa se convierte en sentencia de muerte de la víctima, e incluso, sus familiares también podrían ser masacrados.
Las desapariciones son también frecuentes. El otro delito es el asesinato por venganza al no pagar “rentas o impuestos” –extorsiones- que las maras establecen a pequeños negocios y a rutas de autobuses del transporte público.
Igualmente, los secuestros, seguido de torturas y asesinato de personas que las maras consideran que les han traicionado, sean o no “mareros”. La eliminación de testigos en procesos judiciales contra “mareros” es igualmente un hecho cotidiano.
Al igual que en la pasada guerra civil (1980-1992), el hallazgo de cadáveres en calles abandonadas o en montes es una hecho común; así como la localización de cementerios clandestinos.
Cifras oficiales indican que desde 2006 hasta la fecha se han encontrado 513 cadáveres en cementerios clandestinos, pero 100 de éstos se han localizado en los últimos dos años, especialmente, en los municipios aledaños a la capital, San Salvador: Colón, Quezaltepeque, La Libertad, Ciudad Arce,Sacacoyo, Panchimalco y Rosario de Mora, que constituyen verdaderas zonas de la nueva guerra.
“De los 513 cuerpos que se han recuperado, un 95% se trata de menores de 17 años y un 85% pertenece a mujeres”, explicó recién Israel Ticas, el único criminalista forense, conocido como el “desenterrador de muertos”.
Cifras oficiales apuntan a que en los últimos 19 años,es decir en la posguerra, se cometieron 74.000 homicidios. Durante los 12 años del conflicto armado (1980-1992), la cifra se elevó a 75.000 muertos.
El Salvador gasta cerca del 10,8% de su Producto Interno Bruto (PIB) en seguridad. Ello significa más de 2.100 millones de dólares anuales, señala un informe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), recién divulgado.
En el mismo informe se dice que las empresas privadas establecidas en El Salvador gastan el 7,7% de su presupuesto en asuntos de seguridad, principalmente en el pago de vigilantes de seguridad privada. Los vigilantes privados llegan a un número de 21.140 hombres /armas; en contraste, los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), llegan a un poco más de 16.000 miembros; un número parecido tiene también el Ejército.
El actual presidente salvadoreño ha reconocido lo difícil que es combatir efectivamente la delincuencia criminal, cuando su Gobierno padece de gran déficit presupuestario y las grandes empresas no quieren cooperar con un fondo especial y transitorio que sirva para proveer de recursos a la policía y al ejército, que están en el combate frontal con unas pandillas extendidas en casi todo el territorio y que tienen nexos cada vez mayores con el tráfico ilegal de droga de los carteles mexicanos y colombianos.
Por su parte, el comisionado Howard Augusto Cotto, subdirector y jefe de investigaciones de la policía salvadoreña dijo a EL PAÍS que su institución ha registrado avances en el combate del narcotráfico y del crimen organizado, al dar golpes fuertes a estructuras de jefes de pandillas a través de una efectividad en la investigación.
“A diferencia de los que teníamos hacer dos años, en la actualidad hemos desplegado 82 unidades investigativas en todo el territorio, lo que ha contribuido a detener en flagrancia a los delincuentes. El decomiso de los 14.4 millones de dólares en barriles y decomisos de cocaína, son parte del trabajo investigativo. También estamos haciendo procesos de depuración que abarcan desde agentes hasta altos jefes militares que pueden estar involucrados en delitos y faltas”, apuntó Cotto.
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