Gobierno de los EEUU acusado de buscar acuerdo con el "Cártel" de Sinaloa

Abogados del supuesto capo Zambada Niebla afirman que fiscales eliminan evidencia invocando la Seguridad Nacional

Por Bill Conroy

La causa penal en contra del acusado por narcotráfico Jesús Vicente Zambada Niebla ahora parece amenazar con desentrañar los feos intereses de seguridad nacional del gobierno de los EEUU en la guerra contra las drogas.
Zambada Niebla, hijo de uno de los líderes del “Cártel” de Sinaloa, posiblemente la organización narcotraficante internacional más poderosa del planeta, argumenta en su caso judicial, actualmente en proceso en un tribunal en Chicago, que él y el liderazgo de la organización narcotraficante de Sinaloa, México de hecho trabajaban para el gobierno de los EEUU desde hace años proporcionándole información de inteligencia a agentes estadounidenses sobre organizaciones rivales.
A cambio de dicha cooperación, Zambada Niebla sostiene, el gobierno de los EEUU le garantizó al liderazgo del “Cártel” de Sinaloa inmunidad judicial por sus actividades criminales -incluyendo los cargos por narcotráfico que ahora enfrenta en Chicago.
El gobierno, en alegatos presentados el mes pasado, niega tal afirmación pero al mismo tiempo ha presentado una moción en el caso buscando recurrir a la Ley de Procedimiento de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés), una medida destinada a asegurar que la información de seguridad nacional no se haga pública durante procedimientos judiciales.
Hasta la fecha, los principales medios estadounidenses han guardado silencio sobre el esfuerzo el gobierno de los EEUU por recurrir a CIPA en el caso Zambada Niebla; así que Narco News es la única publicación auténtica que le proporciona la primicia.
En una moción presentada la semana pasada, el 29 de septiembre, los abogados de Zambada Niebla argumentan que el gobierno está tratando, en esencia, de eliminar pruebas fundamentales para la defensa de su cliente al tratar de recurrir a CIPA en un punto crítico del proceso judicial.


Los abogados de Zambada Niebla afirman que en este punto la acusación ocultó pruebas requeridas para proporcionar a la defensa y ahora busca cubrir sus huellas asegurándose que esa evidencia se mantenga encubierta con el argumento de que afecta la seguridad nacional de los EEUU.
Como parte de sus declaraciones recientes, los abogados de Zambada Niebla piden a la corte más tiempo para preparar su réplica a las afirmaciones del gobierno de que Zambada Niebla no estaba operando bajo la inmunidad estadounidense. Los abogados piden al juez retrasar la fecha límite de réplica, ahora fijada para el 17 de octubre, hasta después de que los procedimientos CIPA estén en su lugar para que su cliente pueda acceder a la evidencia clasificada necesaria para preparar su defensa.


La CIPA, promulgada hace unos 30 años, está diseñada para mantener oculta del ojo público información clasificada en casos judiciales, tal como operaciones clandestinas del FBI o la CIA. La regla requiere que se notifique al juez antes de cualquier intento de introducir pruebas secretas en un caso, para que este pueda determinar si es admisible, o si se puede introducir una sustitución para preservar el derecho de los defensores a un juicio justo.
De los escritos judiciales de Zambada Niebla presentados el 29 de septiembre:

La defensa no puede responder adecuadamente a las oposiciones del gobierno y apoyar sus mociones sin antes entender la naturaleza, el alcance y el contenido de la información clasificada en posesión del gobierno. La obligación del gobierno para producir documentos no está limitada para aquellos en posesión del Departamento de Justicia y el FBI, sino que incluye documentos en posesión, custodia y control de otros organismos, incluyendo la CIA, DEA, ATF, ICE, IRS, Agencia de Seguridad Nacional y la Fuerza de Tareas Aplicada al Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia [OCDETF, por sus siglas en inglés.] … Tan sólo estos organismos tienen información y material relevante para establecer que tenían conocimiento de que a los líderes del Cártel de Sinaloa se les permitía la actividad del narcotráfico pero no hacían nada para evitar el tráfico o detener a esos líderes.

La defensa se vería aquí perjudicada si se le pidiera presentar las respuestas antes de que el proceso de CIPA iniciara, y mucho antes de ser completado, debido a que no tendrá el beneficio de la propia información que apoya los movimientos.

¿Regreso colombiano?

En el centro de la defensa de Zambada Nieba se encuentra un abogado mexicano de nombre Humberto Loya Castro. Tanto el gobierno de los EEUU como Zambada Niebla saben que el abogado ha trabajado como fuente de cooperación e informante para el gobierno de los EEUU desde al menos 2005. Loya Castro, de acuerdo con las declaraciones de Zambada Niebla, sirvió como intermediario entre los agentes del gobierno de los EEUU (incluyendo del FBI y de la DEA) y el liderazgo de la organización de Sinaloa -que incluye a Zambada Niebla; su padre Ismael “El Mayo” Zambada García; y el capo superior de la organización narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera (El Chapo).
“El argumento principal de todas las mociones [de Zambada Niebla] es que Humberto Loya Castro, miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, llegó a un acuerdo entre el Cártel, incluyendo al acusado Zambada Niebla, con diversas agencias del Gobierno de los Estados Unidos para servir como informante en contra de organizaciones rivales del narcotráfico mexicano,” de acuerdo a declaraciones de Zambada Niebla ante el tribunal. “A cambio de la información que él [Zambada Niebla] y otros proporcionen, el gobierno aceptó que no compartiría información que tuviera sobre el Cártel de Sinaloa y/o del liderazgo del Cártel de Sinaloa con el gobierno mexicano, con el fin de asegurar que las operaciones del Cártel no se vieran afectadas y sus líderes no fueran aprehendidos.
“Además, el gobierno extendió la inmunidad [de Zambada Niebla y el liderazgo de la organización de Sinaloa] para sus operaciones como parte del Cártel, como resultado de su cooperación. [Como resultado,] la información del gobierno concerniente a las fuentes y los métodos implementados para combatir las conspiraciones internacionales de droga, y la cooperación gubernamental con respecto a esos esfuerzos, inevitablemente plantea cuestiones de seguridad nacional.”
En este caso, Zambada Niebla parece tener un poco de historia de su lado para mostrar que hay un precedente en los organismos de seguridad e inteligencia de los EEUU de utilizar un intermediario (el papel que supuestamente desempeño Loya Castro) para negociar acuerdos de retribución con narcotraficantes extranjeros.
Baruch Vega es un colombiano colorido que por años ha trabajado como activo del FBI, DEA y CIA, entre otros organismos.

Vega estuvo muy involucrado con una serie de operaciones encubiertas de los EEUU que fueron llevadas a cabo por la DEA y el FBI entre 1997 y el 2000. Vega afirma que en esas operaciones sirvió como intermediario en acuerdos con narcotraficantes colombianos al ofrecerles tratos para entregarse o cooperar para el gobierno de los EEUU. La siguiente es de una demanda de Vega presentada en un tribunal estadounidense sobre Asuntos Federales, en la cual aleja que el gobierno no le pagó por sus peligros servicios, una suma de $28. 5 millones de dólares:

Una vez que el Sr. Vega presentó a abogados estadounidenses a los objetivos colombianos [los narcotraficantes], los abogados luego serían retenidos para luego ser tomados por los objetivos colombianos como representantes legales para negociar con un grupo de agentes y fiscales estadounidenses para lograr acuerdos para los colombianos. En particular el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida se convirtió en el coordinador de este “esfuerzo de contratación.”

De acuerdo con Vega, que ha hablado con Narco News en innumerables ocasiones en los últimos años, entre 1997 y el 2000 viajó entre el sur de Florida y Sudamérica en un jet privado un total de 25 a 30 veces para servir como “reclutan” -a veces con agentes del FBI a bordo, a veces con agentes de la DEA, y a veces llevando a narcotraficantes colombianos que eran llevados de vuelta a los EEUU para negociar acuerdos.
Vega agrega que el FBI y la DEA estaban llevado por separado sus operaciones al mismo tiempo, así que el FBI estaba también involucrado en viajes de reclutamiento confidenciales a Sudamérica, y dice que el Buró “incluso pagó por el avión [rentado] algunas veces.”
Narco News obtuvo una presentación interna en Power Point de la DEA, en la que esbozaba una variación del esquema de reclutamiento de narcotraficantes de Vega, que dejó de usarse a fines de los ochenta, pero de acuerdo a algunas fuentes, aún se usaba a fines del 2000. La presentación de la DEA describía a la operación, llamada Gambito, como sigue:

En un esfuerzo por reunir inteligencia en 1987, un agente especial del FBI fue presentado como un agente corrupto del FBI a los narcotraficantes colombianos por la fuente confidencial del FBI, Baruch Vega. La intención era convencer al liderazgo colombiano que el agente “corrupto” podría participar en la pronta liberación de los miembros clave del Cártel [con sentencia leves] que serían encarcelados en los EEUU. A Vega, agentes del FBI, le permitieron las tarifas del “esquema de corrupción” que fueron recolectadas para los narcotraficantes. Una característica importante de esta operación fue que los gastos de Vega fueron cubiertos por narcotraficantes, que sufragaron los gastos de la investigación del FBI. De acuerdo con Vega, el elemento substancial de sobornos acrecentó la credibilidad del “esquema de corrupción”.

El fallo de un juez en otro caso legal relacionado con la demanda de Vega confirma también su papel como fuente extranjera de contrainteligencia involucrada en tratos legales de alto rango con narcotraficantes en nombre de diversos organismos estadounidenses. El fallo describe la participación de la CIA en un vuelo que en 1999 salió de Panamá a Florida que involucró a Vega, agentes federales y un fugitivo colombiano acusado de narcotráfico.

De hecho, el apelante [un supervisor de la DEA] utilizó a la CIA para llevar [al narcotraficante colombiano] Sr. Cristancho al avión charter a escondidas, sin pasar por las seguridad aeroportuaria o aduana panameña… Y, un asistente del fiscal de los EEUU y varios agentes de la DEA… estaban en el aeropuerto de Fort Lauderdale para recibir el avión. …Tanto la DEA como el FBI utilizaron a Vega como fuente confidencial. El FBI especificó que Vega no sería testificante. Esto es que no sería utilizado para declarar en juicios penales. Este estatus fue necesario porque Vega es considerado un Informante Confidencial Extranjero del Servicio de Contrainteligencia (FCI-CI, por sus siglas en inglés), que fue utilizado por la CIA. Como el apelante lo puso [el supervisor de la DEA], “Estoy haciendo que mis agentes le corten las oportunidades cada oportunidad que tengan. No lo quiero documentado. No lo quiero en nuestro caso más de lo que necesitamos.”
Los viajes a Panamá en cuestión aquí fueron viajes confidenciales de reclutamiento. El plan era que el Sr. Vega “presentara” [al agente de la DEA bajo supervisión] con narcotraficantes para luego salir de ahí, con el fin de que no estuviera en posición de declarar sobre las conversaciones.

La demanda de Vega en la Corte Federal de los EEUU finalmente fue rechazada por un tecnicismo, con el fallo del juez que la ley que invoca en su caso “no autoriza la compensación por información proporcionada a la DEA o al FBI concerniente a investigaciones por drogas o narcóticos nombradas en la demanda.”
Sin embargo, parece que la participación de Vega en las operaciones colombianas, esencialmente un esquema de extorsión aprobado por el gobierno, es evidencia que los organismos estadounidense tienen acuerdos con narcotraficantes en el paso similares al pacto que Zambada Niebla afirma que existe entre el gobierno de los EEUU y el liderazgo del “Cártel” de Sinaloa.

Rápido y Furioso

Pero el esquema extorsivo de Vega no es el único punto de nexo entre la afirmaci´n de Zambada Niebla y otras operaciones del gobierno.
El caso de Zambada Niebla también se cruza con la operación de ATF nombrada Rápido y Furioso -en la que la agencia federal es acusada de permitir que traficantes de armas, principalmente relacionados con el la organización criminal Sinaloa, de contrabandear unas 2 mil armas de alto poder a México sin restricción. Múltiples agentes que hablaron con Narco News dicen que no hay un fin cuerdo o justificable por permitir que miles de armas compradas ilegalmente circulen libremente a través de la frontera a México en donde no pueden ser rastreadas por agentes de los EEUU.
Zambada Niebla, quien ha estado encarcelado en e Centro Correccional Metropolitano de Chicago luego de ser extraditado desde México en febrero de 2010, plantea la debacle de Rápido y Furioso en sus declaraciones, diciendo que la operación es prueba del acuerdo de cooperación entre el “cártel” de Sinaloa y el gobierno de los EEUU.
Como resultado de la operación Rápido y Furioso, los alegatos de Zambada Niebla dicen que “tres mil personas” fueron asesinadas en México, “incluyendo oficiales en el estado de Sinaloa, México, sede del cártel de Sinaloa.”
Entre aquellos que recibieron las armas a través, de la operación fallida de ATF, continúan las declaraciones, estaban informantes de la DEA y el FBI trabajando para las organizaciones narcotraficantes, incluyendo los jefes de esos grupos.


“La evidencia parece indicar que el Departamento de Justicia no sólo permitió que criminales contrabandearan armas, sino que el dinero de los contribuyentes en la forma de pagos a informantes, puedan haber financiado esas actividades,” dicen las declaraciones. “…Esta claro que algunas armas deliberadamente fueron permitidas por el FBI y otros representantes del gobierno para terminar en las armas del Cártel de Sinaloa y entre los muertos por esas armas se encuentran policías.
“…El Sr. Zambada Niebla cree que la documentación que solicita [del gobierno de los EEUU] confirma que las armas recibidas por miembros del Cártel de Sinalo y sus líderes en la Operación Rápido y Furioso fueron proporcionadas bajo el acuerdo entre el gobierno de los EEUU y [el abogado de la organización Sinaloa] el Sr. Loya Castro en nombre del Cártel de Sinaloa…”
La semana pasada, surgió información relacionada con parte de la investigación del Congreso de Rápido y Furioso que menciona que agentes del FBI en Las Cruces, Nuevo México y agentes de la oficina de la DEA en Ciudad Juárez, México estaban al tanto de que un individuo, ahora informante del FBI, estaba financiando la compra de muchas armas de Rápido y Furioso que fueron permitidas pasar, o moverse libremente, a México por la ATF. Sin embargo, esos agente del FBI y la DEA, y sus supervisores, supuestamente fracasaron en informar al ATF sobre el papel del informante en las compras de armas -muchas de las cuales involucraban al “Cártel” de Sinaloa.
De una carta del 27 de septiembre redactada por el representante estadounidense, Darrel Issa y el senador Charles Grassley y dirigidaa al Fiscal General de los EEUU, Eric Holder Jr.”

El principal objetivo de la operación Rápido y Furioso desde su creación… fue Manuel Celis-Acosta. …Personal del FBI en Las Cruces, Nuevo México, aparentemente conocían que el sujeto de una investigación separada de la DEA estaba ordenando armas de Acosta en enero de 2010. Sin embargo, por las mismas fecha, el sujeto de esa investigación de la DEA recibió más de 3,500 dólares en fondos oficiales como pago por los narcóticos ilegales. Ese sujeto -aparentemente el financiador de las armas de Acosta- luego comenzó a cooperar con el FBI y pudo haber recibido pago adicionales como informante (CI#1).
… De acuerdo con fuentes confidenciales, durante un periodo de más de dos años CI#1 contactó a muchos agentes de la DEA, incluyendo al agente en Juárez Jim Roberts, y pasó información a estos agentes sobre los cárteles de droga mexicanos. Si la información que obtuvimos es veraz, la DEA tenía conocimiento de las actividades de CI#1 desde al menos 2009 [seis meses antes de Rápido y Furioso] … Debido a la aparente falla por compartir información sobre la fuente (CI#1), supuestamente ATF no estaba al tanto que la DEA y el FBI sabían que Ci#1 estaba ordenando armas de Acosta, el objetivo de Rápido y Furioso.
Esta falla de compartir información vital pudo haberse extendido al paso de armas [permitiendo el paso de armas a México, resultando en un derramamiento de sangre] durante la operación Rápido y Furioso, que buscó identificar a los altos rangos, como CI#1, que pagaban por las armas…”

Es importante señalar que la mayoría de las armas que pasaron de los EEUU a México por la operación Rápido y Furioso de la ATF tenían como destino al “Cártel de Sinaloa”, de acuerdo a un reporte emitido en julio por Issa y Grassley.
Así que dada la declaración de Zambada Niebla que “algunas de las armas [de Rápido y Furioso] fueron deliberadamente permitidas por el FBI y otros representantes del gobierno para terminar en las manos del “Cártel” de Sinaloa, parece que los abogados pueden suponer algunas preguntas serias a los testigos sospechosos de haber conocido el supuesto acto, incluyendo a Roberts de la DEA, así como al agente especial a cargo de la operación del FBI en Nuevo México, Carol K.O. Lee y el fiscal por Nuevo México, Kenneth J. Gonzáles.
Esta perspectiva no puede ser muy edificante para la fiscalía en el caso de Zambada Niebal, y en parte puede explicar porque hay un esfuerzo en marcha de los funcionarios y oficiales de inteligencia por ocultar las revelaciones, la evidencia, que pueda surgir en el caso con el sello de la seguridad nacional.
El futuro de la lucrativa industria de la prohibición y la guerra contra las drogas que la alienta puede dependen de asegurar que el público permanezca en la oscuridad.