El Supremo permite al opositor Leopoldo López presentarse a las elecciones pero no le garantiza que pueda ejercer un cargo público
El opositor venezolano Leopoldo López, en una imagen de archivo. / EFE
El destino político del opositor venezolano y precandidato a presidente, Leopoldo López, sigue siendo incierto. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha declarado “inejecutable” la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordena al Estado venezolano anular la inhabilitación política que impedía a López ejercer funciones públicas hasta 2014. Sin embargo, el TSJ ha admitido que el político está en pleno derecho de postularse a cualquier cargo de elección popular, sin descartar que pudiese estar sometido a limitaciones administrativas en caso de que ganara los comicios.
En 2008, la Contraloría General de Venezuela (Tribunal de Cuentas) sancionó a Leopoldo López con la inhabilitación política hasta el año 2014, luego de declarar que había incurrido en supuestas irregularidades administrativas como alcalde del municipio capitalino de Chacao. En consecuencia, López no pudo inscribir su candidatura a la Alcaldía Mayor de Caracas en las elecciones regionales de ese mismo año.
El 16 de septiembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que, con esta medida administrativa, el Estado venezolano violó los derechos políticos y judiciales de López, y ordenó el levantamiento inmediato de la sanción. Tras conocer el fallo a su favor, López anunció que se inscribiría en las elecciones primarias del 12 de febrero próximo, en las que más de veinte partidos de oposición elegirán al candidato que enfrentará a Hugo Chávez en las presidenciales de 2012.
Un mes más tarde, el Tribunal Supremo de Venezuela ha respondido este lunes que el dictamen de la CIDH es “inejecutable” porque, de acuerdo a su opinión jurídica, los derechos políticos de López nunca han sido violados. “La inhabilitación administrativa impuesta al ciudadano Leopoldo López Mendoza no le ha impedido, ni le impide, ejercer los derechos políticos consagrados en la Constitución”, se lee en la sentencia del máximo tribunal venezolano. De acuerdo a este dictamen, la sanción de la Contraloría “solo está dirigida a impedir temporalmente el ejercicio de la función pública, como un mecanismo de garantía de la ética pública y no le impide participar en cualquier evento político”.
Lo que no ha aclarado el Supremo venezolano es qué pasaría en caso de que Leopoldo López ganara la elección a la que se postule. A esta pregunta, la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, respondió a los periodistas: “Esa es una situación futura e incierta que no está bajo el análisis del poder judicial en este momento. Llegado el caso tendríamos que dar una respuesta y una interpretación”, con lo cual no descartó nuevas limitaciones para López en el hipotético ejercicio de cargos públicos.
Este martes López anunciará cuál será su posición respecto a la sentencia del Supremo venezolano. En tanto, la veintena de partidos reunidos en la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ya ha anunciado que denunciará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) lo que considera un “desacato flagrante” del poder judicial venezolano a las decisiones de sistema interamericano de justicia.
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