Los señores diputados pueden repartirse el salario que quieran, depredar el presupuesto que se les antoje y nadie puede llamarlos a cuentas.
Ricardo Alemán
Ya es un clásico hablar de las mafias criminales, de los cárteles del narcotráfico y la depredación que han generado en regiones enteras del país. Es lugar común que los estudiosos de la cosa criminal concluyen que, entre los motores del crimen y la violencia, están la impunidad y las anchas avenidas de corrupción que se dan en los tres órdenes de gobierno.
Pero lo curioso es que pocos se atreven a señalar las criminales acciones políticas de partidos y dirigentes; de gobernantes y legisladores. Pareciera que la corrupción política, la impunidad de que gozan los partidos, sus líderes, gobernantes y legisladores, no le importan a nadie; pareciera que a nadie le preocupa la violencia política y la depredación electoral que produce la grosera partidocracia contra el interés y los derechos ciudadanos.
Todos los días, en los espacios informativos, se dedican horas y horas a la denuncia de la impunidad del cártel fulano, a la violencia desatada por la mafia perengana y al daño provocado, a la sociedad en general, por este o aquel grupo criminal. Pero poco o nada se dice cuando los partidos políticos, sus legisladores y gobernantes, torturan la Carta Magna y el espíritu democrático que anima al Estado mexicano; cuando son impunes a la violencia política que generan y estimulan; cuando violan los preceptos constitucionales; cuando de manera impune roban, mienten, engañan, solapan y/o estimulan corruptelas.
Y el mejor ejemplo lo hemos visto en las semanas recientes en la Cámara de Diputados, el insaciable elefante blanco que, diariamente, se traga millones y millones de pesos de dinero de nuestros bolsillos —y cuya eficacia es altamente cuestionada—, para que un puñado de diputados que se dicen “representantes populares” actúen como pandilla de violadores de la Constitución —como la mafia de San Lázaro— y sean incapaces de cumplir el mandato constitucional de elegir a tres consejeros del IFE.
¿Quién será el valiente que se atreva a sancionar, castigar y terminar con la impunidad de esa mafia de San Lázaro?, que lo mismo tortura la Carta Magna, que violenta los preceptos constitucionales; que igual se pasa por las barbas el reclamo social de reformas urgentes, que ofende a los ciudadanos y a los mandantes al anteponer sus mezquinos intereses por sobre los intereses de quienes les pagan y a quienes dicen representar.
Los señores diputados pueden violar la Constitución, hacer gala de su impunidad y no hay nadie capaz de decirles nada. Los señores diputados pueden repartirse el salario que quieran, depredar el presupuesto que se les antoje y nadie puede llamarlos a cuentas. La mafia de San Lázaro puede llegar al extremo de aplaudir, solapar, prohijar a un narcodiputado, como Julio César Godoy, y nadie resulta sancionado por esa monstruosa ofensa a los ciudadanos, a las leyes, a la Constitución, a la justicia y, claro, a los electores.
Y el más reciente ejemplo de cómo los señores diputados de todos los partidos torturan la Constitución y violan sus preceptos —y, claro, la más reciente ofensa de la impune partidocracia que secuestra al Estado mexicano— es esa suerte de “comisión” o “estudio técnico” que crearon para “destrabar” la elección de los consejeros del IFE.
Todos sabemos que no es más que un instrumento legaloide para “taparle el ojo al macho”. Al final saldrán con el cuento de que ya no es necesario nombrar a los tres consejeros faltantes. ¿Por qué? Porque otra pandilla mafiosa escondida tras las siglas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —rentable cártel de la mafia política mexicana— validó que el IFE puede funcionar con sólo seis consejeros y que los señores diputados no violentan los derechos electorales de los ciudadanos, al no elegir a los consejeros faltantes. ¿Y la Constitución y el respeto a sus preceptos?
¡Carajo, eso a quién le importa..! Si ya el diputado Emilio Chuayffet dijo: “Lo deseable es respetar la Constitución”. No, señores diputados, señores magistrados del Tribunal Electoral. Lo deseable sería que todos ustedes fueran sometidos a un juicio político, para que pagaran por torturar, secuestrar y violar la Constitución. ¿O no?
EN EL CAMINO
Desde la primera mitad del gobierno de Ernesto Zedillo no se daba una gira en el DF entre el Presidente y el mandatario capitalino, como la que ayer se llevó a cabo entre Calderón y Ebrard. Y es que cada partido cree ser dueño del territorio que gobierna. ¡Chulada de pluralidad! Y así dicen que de nada servirán los gobiernos de coalición.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario