El problema es qué tipo de gobierno queremos en México: uno que tenga mayoría legislativa y por tanto sea responsable de lo que pasa y no pasa en el país, o uno que carezca de mayoría y quede indefinido quién es el responsable por los buenos o malos resultados gubernamentales.
En México, desde 1997, el partido del Presidente no ha tenido mayorías en ambas cámaras del Congreso. Esto ha dificultado la posibilidad de que salga adelante la agenda legislativa del gobierno. Los asuntos se atoran. El Presidente le echa la culpa al Congreso de la parálisis mientras que el Legislativo le revira al Ejecutivo argumentando que la incompetencia viene de Los Pinos. ¿Quién, entonces, es el culpable de los malos resultados? ¿Quién es el responsable del atorón? ¿Zedillo, Fox y Calderón o las legislaturas LVII, LVIII, LIX, LX yLXI que han acompañado a esos presidentes?
Todavía el martes Calderón se quejaba de que el Congreso no ha discutido la Ley de Asociaciones Público-Privadas que envió en noviembre de 2009 a la Cámara de Diputados: “Vamos a cumplir ya dos años esperando que se apruebe o se rechace, lo que quieran los diputados: que la aprueben o la rechacen, pero que se decidan. Dos años sin que se apruebe una ley, que sería medular para detonar el desarrollo de la infraestructura en todo México”, afirmó el mandatario. ¿De quién es la culpa? ¿Del Presidente que no ha sabido negociar con el Congreso o de éste que no quiere aprobar legislaciones del Presidente que puedan generar buenos resultados y fortalecer al partido en el gobierno?
Es el eterno problema de los gobiernos divididos en sistemas presidenciales: no se sabe quién es el responsable de los resultados. Cuando las cosas van bien, todos se cuelgan las medallas. Cuando van mal, todos apuntan el dedo hacia otro lado.
Lo mismo ocurre en EU. El presidente Obama perdió la mayoría en la Cámara de Representantes. Ahora la controlan los republicanos. E inevitablemente ha venido la parálisis legislativa. Con ella, los argumentos que culpan, desde el Capitolio, al Presidente, por no resolver los problemas del país y, desde la Casa Blanca, que apuntan el dedo hacia el Congreso.
Por eso, entre otras cosas, son superiores los sistemas parlamentarios. Hay más claridad en la responsabilidad. Hoy, por ejemplo, los españoles saben quién es el culpable de los problemas en su país: el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Tiene mayoría en el parlamento y por tanto controla el Ejecutivo y el Legislativo. No hay dudas.
Lo que necesitamos en México es que los gobiernos sean responsables de los resultados. Para ello, el Ejecutivo debería aspirar a tener mayoría en el Congreso. Subrayo “aspirar” porque, a final del día, el electorado debe decidir si le da o no la mayoría al Presidente. No puede haber fórmulas mágicas ni cláusulas automáticas de gobernabilidad.
Pero sí podría haber reglas que ayudaran. Se podría eliminar la cláusula que limita la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo a no más de 8% de la votación nacional de un partido. Se podría suprimir a los senadores plurinominales y reducir el número de diputados de representación proporcional. También se podría introducir la segunda vuelta en la elección presidencial, concurrente con la elección de diputados y senadores, a fin de buscar un “efecto arrastre” entre las dos elecciones.
Ahora bien, si lo que queremos es una mayor representatividad e incentivar la formación de gobiernos de coalición, transitemos a un sistema parlamentario. Un régimen donde no se pueda formar gobierno a menos que haya una mayoría legislativa y, una vez que se consigue dicha coalición, tenga un costo alto romperla.
Con el objetivo de tener gobiernos responsables, o fortalecemos el presidencialismo o nos vamos a un parlamentarismo. No creo en los caminos intermedios. Mucho menos cuando dependan de la voluntad política. Por eso no me gusta la idea de 46 personalidades de incluir en la Constitución una fórmula de gobierno de coalición si así lo quisieran el Presidente y los partidos opositores. Si lo dejamos a voluntad de los políticos, pues nada más hay que ver lo que sucede hoy en México: los partidos ni siquiera pueden nombrar a tres consejeros del IFE. O, como dice Javier Tello, “si no se ponen de acuerdo en nada, ¿cómo esperar que se van a poner de acuerdo en todo?”, al referirse a un plan de gobierno y al gabinete presidencial.
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