Crónica negra del caso de Nidia, quien a los 17 años fue llevada de Tlaxcala a Georgia para ser explotada sexualmente por una banda de mexicanos, a quienes finalmente se aprehendió en México y Estados Unidos.
En 2007, Nidia, una jovencita tabasqueña que no llegaba aún a la mayoría de edad, fue obligada a ejercer la prostitución en Estados Unidos (EU) durante cerca de dos meses. En ese lapso sostuvo poco más de dos mil encuentros sexuales con hombres que en muchas ocasiones se negaron a usar condón. Tenía 17 años de edad.
Fue prostituida con jóvenes alterados por las drogas, con hombres que le duplicaban o triplicaban la edad, con “clientes” casi siempre ebrios y con tipos violentos que le exigían poses o comportamientos entre golpes y amenazas. En esos meses Nidia les dio a ganar a sus captores y explotadores poco más de 42 mil dólares, dinero que usaron para construir casas en Tenancingo, Tlaxcala, para comprar autos nuevos y para sostener parte de la red de tratantes que se extiende desde Yucatán y Tabasco, y que pasa por Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Sonora en su ruta hacia el sur de EU.
La casa construida en Tlaxcala por Saúl Romero Rugerio, su hermano Miguel y sus padres, fue asegurada ya por la Procuraduría General de la República (PGR) como parte de las investigaciones. Está valuada en 10 millones y medio de pesos, producto de la esclavitud y explotación sexual de docenas de jovencitas mexicanas y centroamericanas, de quienes cada dólar, cada peso obtenido en ciudades como Atlanta, fortalecía el negocio familiar de los Romero Rugerio montado desde Tlaxcala, entidad convertida en una de las plataformas más activas y poderosas para el delito de Trata de Personas y Prostitución Forzada.
Lo mínimo que le toleraban a Nidia eran 20 relaciones sexuales diarias, es decir, unos 300 o 400 dólares en promedio. Entregar menos que esa cantidad significaba una golpiza, dejar de comer y trabajar el doble el fin de semana. Pero la historia no comenzó así. De los amores y arrumacos Saúl pasó pronto a las amenazas, diciéndole a Nidia que si no obedecía no vería de nuevo a su hija de dos años, quien se había quedado encargada con su mamá en Tabasco. Amenazó además con hacerle algo a la familia de la joven, que para eso había invertido semanas en enamorarla, en conocerla a ella y a los suyos, en ganarse su confianza para entrar y salir de su casa a placer. Los conocía a todos.
Las promesas de matrimonio y la cercanía no fueron en balde. No había de otra: Nidia tenía que empezar a producir dólares o la iba a pasar muy mal. Nerviosa, apenas convencida de lo que tenía que hacer y decir ante los agentes del Ministerio Público federal en la PGR, Nidia recordó que fue casi un milagro el que regresara a su casa en Tabasco para reencontrarse con su hija y su madre. Luego de mucho insistirle a Saúl para que la dejara saludar por teléfono a su mamá y a su hija, aprovechó un descuido del tratante y le confesó a su familia lo que le sucedía. Sí, estaba en EU, pero no trabajaba en algo decente; tenía que acostarse con muchos hombres todos los días o la golpeaban, tenía que entregar los 600 u 800 dólares que ganaba y apenas le dejaban algo para comer y vestirse. Además, el teléfono celular que le asignaron sólo servía para comunicarse con él.
Fue entonces cuando la madre de Nidia le recordó que uno de sus tíos vivía en EU, y le prometió que la ayudaría a escapar. Un fin de semana llegó un hombre en una camioneta a recogerla, como siempre, a la casa que estaba a las afueras de Atlanta. Parecía un servicio más, el inicio de otra ronda nocturna por casas y hoteles. Pero el hombre de la camioneta era su tío. Había logrado contactar de incógnito a los tratantes que tenían a Nidia sometida y explotada. Hizo cita para estar toda la tarde con ella, y allí planearon la forma de rescatarla y de avisar a la policía, en Atlanta y en México, sobre lo que le ocurría.
Su caso no era el único.
LA MITAD DEL PAÍS
A principios de este año la PGR se dio a la tarea de analizar la situación de la trata de personas en México a partir de vincular este delito con la actividad turística como marco referencial para explicar el auge del comercio sexual. Los datos obtenidos por la institución indican que poco más de la mitad del país se convirtió en los últimos años en una intrincada red de plagio, concentración y explotación de mujeres (niñas, niños, jovencitas) para fines de prostitución y otras actividades delictivas.
Dieciocho de los 32 estados del país concentran 90 por ciento de la trata de personas, señala la PGR en su informe “La Trata de Personas en el Sector Turístico”, donde destacan Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero como epicentros de este delito. Otros estados como Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal aparecen como pasos obligados, como pivotes para catapultar la trata y la explotación sexual.
El informe fue elaborado por la Universidad del Caribe (Unicaribe), ubicada en Cancún, Quintana Roo, a petición de la Secretaría de Turismo. Celina Izquierdo Sánchez, su coordinadora, lo enfocó en las ciudades de Acapulco, Guerrero; Puerto Vallarta, Jalisco; Cancún y la Riviera Maya, en Quintana Roo. Sin embargo, una investigación anterior de Marisa Ugarte, quien comenzó en 2008 a estudiar el fenómeno de la trata de personas en ciudades de la frontera entre México y EU, cierra la pinza indicando que existen al menos “cinco mil células de tráfico de personas en ciudades como Mexicali, Tecate y Tijuana, en las cuales niños y mujeres son vendidos para ser explotados con fines sexuales”. Ugarte documentó casos de venta de niños de cinco años de edad, ofertados por sus propios padres diciéndoles a sus compradores que “pueden hacer con ellos lo que quieran”.
El Reporte 2011 sobre Tráfico de Personas elaborado por el Departamento de Estado estadunidense ubica a México en el quinto lugar en la incidencia de este delito en el continente, por debajo de República Dominicana, Haití, Brasil y Argentina. En cuanto al reporte de la PGR, se establece que uno de los aspectos que favorecen esta actividad ilegal radica en que quienes se dedican a ella se escudan en empresas legalmente establecidas como salones de masaje, saunas, servicios de acompañamiento y de edecanes o agencias de modelaje. Muchas de estas empresas sí operan como tales pero al mismo tiempo sirven como fachada para los delitos de trata de personas y explotación sexual y laboral.
La diputada federal panista Rosy Orozco —presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas— estima que tan sólo en Tamaulipas, entre 100 mil y 300 mil niños y niñas mexicanos y centroamericanos han sido ingresados ilegalmente por bandas organizadas para obligarlos a prostituirse. Datos de la PGR indican que en el país existen al menos 45 bandas criminales dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual. En 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer su “Informe Especial sobre Explotación Sexual Comercial Infantil en el Distrito Federal” (el único elaborado hasta la fecha), donde se estimaba en alrededor de 16 mil el número de menores de edad explotados sexualmente en la capital del país.
Fue en 2008, gracias a que Patricia Olamendi elaboró un estudio titulado “Trata de mujeres en Tlaxcala”, cuando se reveló que la red de grupos criminales que cometen este delito se extendía por 23 de los 60 municipios que conforman el territorio de ese estado. Olamendi analizó las denuncias presentadas por familiares y víctimas del delito de trata de personas a escala nacional, y concluyó que de 2006 a 2008 el 60 por ciento de los casos correspondió a mujeres originarias de Tlaxcala y sólo el restante 40 por ciento era de otros estados de la República. El 46 por ciento de ellas, casi la mitad, eran menores de edad.
No hay datos actualizados sobre este fenómeno, pero el ocho de agosto de este año la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas anunció en la Ciudad de México la elaboración, por parte de la Organización de las Naciones Unidas, de un estudio especial sobre este delito que crece en forma acelerada en el país, vinculado con la actividad de los cárteles de la droga. El estudio se elaborará en el 2012.
LA CONEXIÓN TLAXCALA-PUEBLA-SONORA
El caso de Nidia forma parte de este universo de cifras y estadísticas, de esfuerzos y análisis hechos por organizaciones civiles y por instancias gubernamentales. No es, de ninguna manera, un caso único.
Nidia abandonó su pueblo en mayo de 2007 y se fue con Saúl Romero Rugerio a Tenancingo, Tlaxcala, unos días después de que su hija cumpliera dos meses de edad. De Tenancingo fue llevada al aeropuerto de Puebla en un coche que manejó el papá de Saúl. El vuelo que ella tomaría tenía como destino Nogales, Sonora, donde se quedó una noche junto con una decena de personas. Al día siguiente hombres armados los recogieron a todos en una camioneta Van y los llevaron por carretera, cruzando brechas fronterizas, hacia Atlanta, Georgia. A ella la bajaron frente a una tienda de artículos deportivos y le ordenaron que esperara a alguien. La camioneta siguió repartiendo gente en su camino a Miami.
Ya en territorio estadunidense, las palabras dulces se convirtieron en amenazas cuando Nidia se negó a ponerse la ropa mínima y entallada (tangas, minifaldas, corpiños) que le compraron en un centro comercial. Saúl le ordenó que siguiera las instrucciones de otras mujeres que llevaban tiempo viviendo en esa ciudad y que trabajan para él. Ellas le enseñaron a usar condones, a abrir las bolsitas, a sacarlos, a colocarlos y a exigir que los clientes los usaran o no había trato. Eso de nada le sirvió. Muy pocos respetaban la exigencia y la obligaban una y otra vez, en sesiones máximas de 12 a 15 minutos, a tener sexo sin protección.
Después de ese tiempo, la gente que Saúl enviaba a “cuidar” a Nidia o a las otras chicas le gritaba que ya se había pasado, que ya era mucho. Algo así le ocurrió la tarde cuando su tío la “contrató”, pero pudo acordar los detalles de su rescate, asegurándose de que su hija y su familia en Tabasco no pudieran ser agredidas por los familiares y amigos de Sergio. Su tío llevó a comer a Nidia y pasaron la tarde poniéndose de acuerdo. Intercambiaron números telefónicos y al final él la llevó a donde estaba el vigilante enviado por Saúl. Esa noche ella le entregó 300 dólares. Él le revisó el bolso y descubrió que los condones estaban intactos. La golpeó y la azotó contra la pared hasta que, una vez más, Nidia se desmayó.
Saúl la dejó en paz y le ordenó a sus cómplices que la vigilaran. Horas después, en un descuido, la joven llamó a su tío y le dijo lo que había sucedido. En cuestión de minutos el hombre llegó a la dirección que Nidia le había señalado y la vio salir corriendo mientras la gente del tratante reaccionaba tarde, exigiéndole a gritos que se detuviera, que así le iba a ir peor. Nidia no quiso denunciar hasta regresar a México y estar segura de que su hija y su familia estaban bien. Así se asienta en sus primeras declaraciones ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Cuando la joven hizo la denuncia la PGR notificó a la Oficina Federal de Investigación y al Servicio de Inmigración estadunidense (FBI e ICE, por sus siglas en inglés, respectivamente) y aportó detalles de la localización de las casas de la banda de tratantes en Atlanta. Ambas instancias federales de EU realizaron las investigaciones de campo mientras un grupo especial de la SIEDO se trasladó a Tlaxcala, a Tabasco, a Puebla, a Chiapas, a Sonora y a Chiapas para rastrear las llamadas telefónicas e ir tejiendo la red de contactos que permitía al grupo de Saúl Romero operar con impunidad.
El 12 de agosto de 2008, Saúl Romero Rugerio, Miguel Ángel Rugerio y Cristina Suárez Hernández (esposa de Miguel Ángel) fueron acusados en una denuncia formal presentada ante la Corte Federal del Distrito Norte de Georgia, en EU, por cometer los siguientes delitos:
—Transportación de una persona con el propósito de prostituirla.
—Dar recursos a personas indocumentadas.
—Controlar o dar recursos a personas indocumentadas con el propósito de prostituirlas.
—Reclutar y transportar a personas a través de la fuerza.
—Fraude o coerción con el propósito de ofrecer sexo comercial (trata de personas), y
—Conspiración a cometer todos los delitos anteriormente indicados.
La investigación del FBI y del ICE ubicó tres departamentos y varias direcciones más, números telefónicos fijos y móviles y vehículos usados por el grupo de tratantes para ocultar y desplazar a las jóvenes obligadas a prostituirse. Hasta el momento, Miguel Ángel Romero es el único detenido en EU y permanece en una prisión de Atlanta. En México, Emiliano Romero, María Juana Rugerio Saucedo o Cristina Rugerio (padre y madre de Saúl y Miguel) y Cristina Hernández Suárez, Alondra, fueron detenidos por la PGR y sentenciados en conjunto a 65 años de prisión, la pena más alta impuesta hasta la fecha a tratantes de personas. Los padres de Saúl y Miguel recibieron 37 años de cárcel. Cristina fue sentenciada a 28 años de prisión.
Saúl Romero Rugerio sigue prófugo. La PGR cree que aún opera en territorio nacional, especialmente en la zona del Golfo de México.
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