En México somos expertos en ceder. En otros países saben que más vale una colorada que cien descoloridas.
Luis F. Lozano Olivares
El año 2006 fue un año infame en la vida institucional mexicana. Cuando el mesiánico candidato del PRD se declaró ganador de las elecciones con información que le dio su “encuestadora”, pateó el tablero, rompió las reglas y le hizo un daño irreparable a la democracia institucional del país. Después hizo su berrinche y ahora paga su fama aunque diga “amor y paz” (que se lo creerá su tía).
La peor situación se creó cuando los diputados y senadores de los partidos de izquierda decidieron que Felipe Calderón no podría tomar protesta del cargo, ya que ellos lo impedirían, en una incongruente noción de que la elección era válida parcialmente, pues ellos ya estaban en sus curules. Triste decisión que se acercó muchísimo al golpismo.
Afortunadamente, Felipe Calderón tomó protesta, gracias a la responsabilidad momentánea de los priistas y al ingenio del Estado Mayor Presidencial y, al final, como en todas las mentiras, ya nadie se cree el rollo del supuesto fraude y Felipe Calderón es considerado de hecho y de derecho, Presidente de México por tirios y troyanos.
En un país medianamente decente, se hubiese criticado y castigado el comportamiento de nuestra honorable izquierda, pero como seguimos en los buenos modos democráticos, uno tiene derecho a enojarse y a pretender evitar la toma de protesta de quien ganó las elecciones. No tener pruebas del supuesto fraude o que las instituciones electorales hayan desahogado todos los recursos previstos en la ley, presentados por la izquierda denunciante, no tiene importancia ante los actos de fe. Es más, como somos muy democráticos, vamos a legislar para permitir los berrinches institucionales sin afectar la Constitución. Como en el caso de las tomas de tribuna, se acepta una y en poco tiempo ya es un recurso válido de nuestra vida institucional. Hasta que, como pasó con las manifestaciones, dejarán de tener impacto y será la normalidad democrática. Luego, para lograr impacto, vendrá algo más.
En México somos expertos en ceder. En otros países, saben que más vale una colorada que cien descoloridas. Lo mismo si es en un asunto de tráfico o en la toma de protesta. La reformita política que proponen los progresistas del PRI en la Comisión de Puntos Constitucionales incluye una salida al embrollo constitucional de no poder tomar protesta ante el Congreso por “no existir condiciones”. La intención, amable lector, no es un caso de fuerza mayor, un evento fuera de control del Estado, guerra o algo así, en cuyo caso tendría toda la lógica del mundo. “No existir condiciones” significa toma de tribuna, protesta general o cualquier otro berrinche que se les ocurra a los legisladores por la razón que sea, justificada o no. El presidente electo podrá, desde ahora, tomar protesta como Presidente Constitucional ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, legalizando así y a rango constitucional, la posibilidad de la incivilidad política y el golpismo de los legisladores.
Reitero, en cualquier país decente no hubiese ocurrido, pero suponiendo que hubiese pasado, la maquinaria institucional hubiese trabajado hacia el sentido contrario al de las instituciones mexicanas, estableciendo alguna penalidad, la suspensión automática del fuero y cárcel por sedición a quien intente impedir la investidura de cualquier miembro de cualquiera de los poderes del Estado. Aquí, legalizamos el golpismo de berrinche y lo ponemos en rango constitucional.
Así somos y así nos va.
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