La incapacidad del aparato de seguridad del Estado sigue dando frutos: ahora en el país ya no solamente se enseñorean el narco y la delincuencia organizada en general, sino grupos armados de corte paramilitar. La presentación de los autodenominados Matazetas, quienes se atribuyeron la masacre de 35 personas en Boca del Río, Veracruz, el 20 de septiembre, reavivó en el país el temor hacia el paramilitarismo, a tal punto que el gobierno de Felipe Calderón se apresuró a negar que en el país existan grupos de este tipo. En entrevista con Proceso, el experto Edgardo Buscaglia enfatiza que en México operan desde hace más de una década organizaciones como Los Zetas, Los Pelones, El Comando Negro y La Policía del Calendario
El vacío de poder que priva en México, la simulación electoral, el financiamiento de las campañas políticas por el narcotráfico y la acelerada pérdida de los controles territoriales por parte del Estado son “el caldo de cultivo más eficaz para la proliferación de los grupos paramilitares en el país”, plantea Edgardo Buscaglia, asesor de las Naciones Unidas, director del Centro de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de la Universidad de Virginia y profesor de derecho internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Con base en la experiencia de otros países, señala que mientras el presidente Felipe Calderón continúe combatiendo al crimen organizado “de manera sesgada”, sin golpear “el nervio financiero de la mafia”, poderes como el paramilitarismo y grupos armados de los cárteles de la droga seguirán arrancando “pedazos del Estado” hasta que México se precipite al abismo, como pasó en Afganistán, Kosovo y, en los años ochenta y noventa, en Colombia.
A Buscaglia no le sorprende la aparición del grupo paramilitar audotenominado Los Matazetas, que irrumpió en el escenario nacional tras la matanza de 35 presuntos integrantes del cártel de Los Zetas en el puerto de Veracruz, pues afirma que aunque el gobierno federal niegue la presencia de paramilitares en México, este fenómeno existe desde hace mucho tiempo.
Según el experto, en México operan 167 grupos paramilitares que son financiados por empresarios empeñados en proteger “vida y propiedad”, garantías que ya no puede otorgar el Estado mexicano, y en otros casos –asegura– son pagados por los propios gobernadores, quienes ante la incapacidad de otorgar seguridad a la gente, pagan a estos grupos armados para limpiar territorios y salvar los mercados de la droga que hoy ve amenazados el cártel de Sinaloa, la organización criminal que el propio gobierno federal pretende consolidar en el territorio mexicano.
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