El tema de la exclusividad de derechos que tiene el Estado sobre el petróleo siempre ha sido motivo de desgarramientos de vestiduras.
Pascal Beltrán del Río
La actual etapa de presentación en sociedad de los aspirantes a la Presidencia —las precampañas no comienzan legalmente hasta diciembre— se ha caracterizado por la ausencia de propuestas concretas para hacer frente a los retos que tiene el país en diferentes rubros, como son la seguridad pública y el crecimiento económico.
Sólo podemos especular respecto de la explicación de ese hecho: ¿Se trata de una incapacidad para delinear políticas claras y concisas con las que harían frente a problemas ciertamente complejos? ¿O se debe a que ninguno de los nueve aspirantes desea abrir su juego cuando aún faltan ocho meses para la elección del 1 de julio?
Como sea, ha sido el puntero de la contienda quien ha hecho la propuesta más concreta hasta ahora.
A Enrique Peña Nieto se le ha criticado por tener un discurso que muchos juzgan de políticamente conservador e intelectualmente difuso. Por eso, y por ser el aspirante que más tendría que perder en caso de enredarse en una polémica, llama la atención que el ex gobernador del Estado de México haya dicho a Adam Thomson, del diario londinense Financial Times, que Pemex podría “obtener mejores resultados, crecer más y lograr más mediante alianzas con el sector privado”.
Estoy seguro que Peña Nieto sabía lo que ocasionarían sus palabras, aunque haya querido matizarlas al decir a su entrevistador que solamente deseaba “compartir algunas ideas”.
El tema de la exclusividad de derechos que tiene el Estado sobre la producción y procesamiento del petróleo siempre ha sido motivo de desgarramientos de vestiduras cada vez que alguien ha osado ponerla en entredicho o incluso cuando ha insinuado algún cambio.
No sé qué tan lejos esté dispuesto a llegar el político priista con su comentario, realizado durante la primera entrevista con un medio internacional después de anunciar formalmente sus intenciones de competir por la Presidencia.
Aunque estuviera convencido de la necesidad de flexibilizar el actual régimen de inversión en Petróleos Mexicanos, es posible que enfrente la oposición de sectores de su propio partido, dispuestos a no dejar pasar cambio alguno. No olvidemos que una parte importante del PRI rechazó la reforma energética que impulsaba el presidente Felipe Calderón a principios de 2008.
Por cierto, hay diversas evidencias públicas de que Peña Nieto estaba a favor de dicha reforma, como son las declaraciones que hizo en vísperas de que fuera enviada la iniciativa presidencial al Senado, en abril de 2008, luego de participar en la 85 Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Esa vez, el mandatario mexiquense lamentó que la reforma energética “pareciera prácticamente una papa caliente que ahora nadie quiere tener en sus manos”, lo cual era aprovechado por algunos para “sembrar crispación” en la sociedad. Asimismo, sostuvo que él estaba a favor de cualquier propuesta que permitiera revitalizar a Pemex.
Ahora Peña Nieto ha decidido tomar él mismo esa papa caliente, cosa que normalmente evitan los políticos mexicanos.
Justo como lo expuso el aspirante presidencial en la entrevista, la ideología ha prevenido una discusión sensata sobre un tema que debería ser simplemente técnico: cómo sacar mayor provecho como nación de un recurso no renovable.
Aunque lo nieguen, los aspirantes a la Presidencia y la clase política en general lo saben: hace tiempo que la producción petrolera de México descendió drásticamente de su máximo histórico y la capacidad de mantenerlo depende de las inversiones que se hagan para sacar el crudo cuya existencia se conoce (porque dejarlo bajo tierra, con precios internacionales tan altos como los que se han visto en el último lustro, es una indolencia indescriptible), así como localizar nuevos yacimientos.
Habrá candidatos que crean que pueden obtener más votos por repetir que el petróleo es de la nación —cosa que no está en duda y no es necesario cambiar— y que sólo la nación debe extraerlo, transportarlo y procesarlo.
Sin embargo, si son honestos tendrán que reconocer que el marco legal con el que trabaja Pemex —con todo y la micro reforma que finalmente se aprobó en 2008— no ayuda mucho a su labor porque deja de lado los cambios que ha habido en la industria desde 1958.
Quizá en este punto usted crea que me equivoqué de año y que debí de haber escrito 1938, pero no me estoy refiriendo a la expropiación petrolera decretada por el presidente Lázaro Cárdenas sino a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo, que promulgó el presidente Adolfo Ruiz Cortines en la víspera de dejar el poder, el 29 de noviembre de 1958, y que dio al traste con el régimen de contratos de riesgo que existió legalmente durante las dos décadas posteriores a la expropiación.
No juzgaré esta vez si la decisión tomada por Ruiz Cortines y avalada por el Congreso de la Unión fue correcta en su momento, pero no escaparán a nadie los cambios que ha experimentado el mundo desde entonces ni a los enterados el hecho de que México se haya quedado con un marco legal que ya no tienen siquiera los regímenes más cerrados a la inversión privada y más proclives al control del Estado.
Bien hizo Peña Nieto en utlizar a la petrolera brasileña Petrobras como ejemplo de lo que se puede lograr cuando una empresa paraestatal del ramo de los hidrocarburos se abre a la inversión privada para potenciar sus logros sin renunciar a su papel.
Es conocida la historia de cómo Petrobras se concibió como imitación de Pemex y de cómo sus primeros ingenieros se formaron en México. Pues ahora Brasil ha rebasado la producción petrolera de México. Y no olvidemos que sus éxitos en este rubro se consolidaron durante un gobierno de corte socialista.
La discusión sobre la política energética debe desideologizarse y transcurir sin la conocida pasión que la contamina.
¿Qué régimen legal debe tener la industria petrolera? Pues la que convenga a México. ¿Cuál es esa? No lo sé, hay que discutirlo con criterios técnicos, pero me parece que el actual esquema, legal y de conducción, que apila deudas enormes sobre la espalda del contribuyente mexicano, que resulta poco transparente y propenso a la corrupción, que ha convertido a una potencia petrolera en un importador creciente de gasolinas y que se ha vuelto coartada para no hacer una verdadera reforma fiscal no es el mejor esquema para el desarrollo presente y futuro del país.
Los retos que enfrenta México exigen discusiones sensatas y, hasta ahora, la clase política ha sido renuente en entrar en ellas hasta que no ve el modo de evitarlo. ¿Por qué? Sin duda porque no existe el liderazgo que requiere todo cambio, pero también, en el caso del petróleo, porque Pemex es uno de los principales premios que vienen con la conquista de la Presidencia, y nadie quiere renunciar a él, pues permite muchas cosas, desde el financiamiento de actividades de proselitismo hasta magníficos negocios personales.
La próxima campaña electoral es una ocasión inmejorable de propiciar discusiones reales sobre los retos del país, pero esto sólo ocurirrá si la sociedad es capaz de forzar a los candidatos a definirse claramente en torno de problemas y oportunidades.
Será mucho más fácil si los aspirantes presidenciales muestran disposición a un debate verdadero, que no tiene que ser agresivo sino profundo, pero los medios y las organizaciones de la sociedad civil deben estar listos para acotarlos en caso de que sus respectivos discursos permanezcan en la zona de confort que sólo conviene a ellos.
Reitero que no sé hasta dónde quiere llegar Enrique Peña Nieto con sus comentarios sobre Pemex, pero el haberlos hecho puede abrir una ranura en el espacio viciado de la política.
Me agrada que las declaraciones vengan del puntero de la contienda, quien, al parecer, ha decidido abandonar su zona de confort. Ahora cabría esperar un debate verdadero sobre éste y otros temas fundamentales para la vida pública del país. Hay que esperarlo y, más aún, propiciarlo.
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