Es otro anuncio poco auspiciador que la administración Obama no quisiera que Ud. oyese. El viernes a ultima hora, la Casa Blanca anunció que había ordenado una auditoría independiente de los préstamos hechos por el Departmento de Energía a compañías energéticas tras meses de desgastantes críticas por el préstamo de $528 millones a la compañía de paneles solares Solyndra que se fue a la bancarrota no hace mucho.
La investigación independiente de la Casa Blanca, sin embargo, no es la única en marcha. El FBI allanó las oficinas de Solyndra después de declararse en quiebra y el Congreso se ha sumergido en una investigación propia. El secretario de Energía, Steven Chu, que ha sido un firme defensor de este programa de préstamos federales, va a testificar ante un comité del Congreso a mediados de noviembre por su implicación en el escándalo. Y Lachlan Markay, de Heritage, informa de que el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes anunció el viernes que votará para que se ordene la entrega al Congreso de muchos documentos de la Casa Blanca relativos a Solyndra, incluidos los mensajes de la Blackberry del presidente. La Casa Blanca, sin embargo, no dice nada sobre si se someterá al requerimiento legal.
Hasta los medios de comunicación tradicionales están hablando de esta historia. En el programa Meet the Press de ayer, el moderador David Gregory preguntó al asesor sénior de la Casa Blanca, David Plouffe, si el gobierno, en tiempos de dificultades económicas, debería jugar un papel de inversionista de capital riesgo y tratar de apuntalar industrias de energía verde. ¿La respuesta de Plouffe? En esencia, otros gobiernos lo está haciendo, así que nosotros también deberíamos: “Mire, uno ve lo que está ocurriendo en otros países, ya sabe, enormes inversiones en este sector de la energía limpia. Tenemos que hacer cuanto podamos”.
Pero como diría cualquier madre, solo porque los amigos se tiren por la ventana eso no significa que uno también deba hacerlo. Desafortunadamente, esta parece ser la lógica bajo la cual opera la administración Obama, a pesar del peso del sentido común que, por el contrario, debería impedírselo: Si la economía centralmente controlada de China lo hace, así lo hará también Estados Unidos.
La más reciente propuesta sobre la mesa es la Administración para el Despliegue de la Energía Limpia (CEDA), un auténtico “banco verde” que proporcionaría garantías de préstamos para proyectos energéticos y automovilísticos que Washington considera que valen la pena. A lo que equivale es a un costoso subsidio financiado por los contribuyentes que invita al gobierno a entrometerse en el mercado privado de la energía. Si la compañía quiebra, el contribuyente responde por ello — justo como en el caso de Solyndra. ¿El costo total del programa? Diez mil millones de dólares, con una proyección de que los costos alcancen otros $1,100 millones en los próximos cinco años.
¿Y qué hay del argumento de la administración de que otros países están invirtiendo fuertemente en estas industrias y que por tanto Estados Unidos debe ir a la par? El experto de Heritage Nicolas Loris analiza el programa del banco verde y nos muestra una dura realidad: Cuando se retiran los subsidios de estas compañías de energía verde, se hunden porque se han desarrollado en una burbuja y no pueden sobrevivir por sí solas. Loris explica que los países europeos —que han seguido el camino que le gustaría recorrer a la administración Obama— han aprendido la lección a golpes y están procurando una salida:
Ante la necesidad de hacer profundos recortes de gasto y de crear empleo, España, el Reino Unido, Alemania, Francia y la República Checa decidieron sustituir los subsidios para programas de energía verde, como las energías eólica y solar. Como resultado, algunas compañías se han hundido y otras se están hundiendo o tienen un difícil camino por delante.
Aunque cada país europeo ha adoptado un enfoque diferente para subsidiar las tecnologías vedes, los resultados han sido los mismos: Para la economía y el contribuyente es caro apuntalar industrias artificialmente mediante la reasignación de trabajo y capital a proyectos no competitivos, obligar a pagar mayores precios a los consumidores y respaldar proyectos fracasados.
Europa ya ha visto que elegir ganadores y perdedores en el sector de la energía verde no funciona y que conlleva un gran costo. La administración Obama lo ha visto de primera mano con Solyndra, los cientos de millones de dinero del contribuyente que la administración ha despilfarrado y los 1,100 empleados que ahora no tienen trabajo. Pero, por alguna razón, ni siquiera haberlo sufrido en carne propia sirve para convencer a esta administración de que se dejen de jugar con el dinero del contribuyente como si fuese dinero de Monopoly.
El Congreso debería negarse a ampliar los programas de garantías de préstamo y debería dejar de exponer al contribuyente a que responda por un número de proyectos que podrían fracasar. El pueblo americano simplemente no se puede permitir que Washington lo meta en el negocio del capital riesgo.
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