Cuando el agente John Dodson de la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, por sus siglas en inglés, puso al descubierto hace poco menos de un año el operativo Rápido y Furioso, mediante el cual entraron unas dos mil armas de alto poder a México con el beneplácito de esa misma agencia desde su base de operaciones en Phoenix, se estaba exhibiendo una operación que, pese a todos los intentos realizados hasta ahora para acotarla, y de la que conocemos apenas la punta del iceberg, revela los datos elementales de algo que trasciende las malas políticas de seguridad y que se adentra en la corrupción y los intentos desestabilizadores.
¿Por qué antes no había los grados de violencia que observamos hoy en México? Por varias razones, pero dos son determinantes: por una parte, la ruptura de las estructuras de los cárteles y los enfrentamientos que comenzaron a darse entre ellos a partir de 2004, pero esas divisiones, que siempre existieron, alcanzaron un nivel inédito de violencia porque desde ese mismo año la administración de Bush derogó la ley de armas de asalto, que prohibía su venta pública, una ley de la época de Clinton. Con ese armamento los grupos criminales comenzaron una feroz lucha por controlar sus territorios y se sintieron, además, con capacidad de desafiar al Estado, sobre todo en el ámbito local, porque muy rápidamente comprendieron que podían equiparse con más y mejor armamento que las policías locales.
Se podrá argumentar que esa fue una decisión de política interna de EU que tuvo efectos colaterales en México. Pero no es así. Ahora sabemos que desde 2006 y durante todo 2007 la administración de Bush, a través de la misma ATF y de la misma oficina en Phoenix, autorizó la primera entrada masiva de armas a México, unas 600, con el beneplácito de las autoridades. La operación se llamó Receptor Abierto, instrumentada exactamente cuando se agudizaba la violencia en México y la administración de Calderón había comenzado la ofensiva contra los cárteles. No deja de ser por lo menos asombroso que, simultáneamente, en lugar de buscar debilitar a los cárteles y cuando la mayoría de los grandes capos que estaban detenidos en México habían sido enviados, en enero de 2007, a EU, se decidiera enviar cientos de armas de asalto a los grupos de criminales. Y no es menos asombroso que con Receptor Abierto se haya perdido el rastro de esas armas y que no hay ni un detenido entre los vendedores y los compradores, ni tampoco algún oficial responsable de ese fracaso.
Pero todo resulta aún más sospechoso porque inmediatamente después de que asume la presidencia Barack Obama se vuelve a repetir desde la misma oficina y con parte de los mismos oficiales de la ATF la misma operación, sólo que ahora con otro nombre, Rápido y Furioso. Ahora sabemos que en esta nueva etapa se introdujeron hasta diciembre de 2010 dos mil armas y que el operativo continuó en los primeros meses de este año. Y no fue una sola operación: se acordaron por lo menos once operaciones de tráfico de armas a México con autorización de la ATF. Y en las once se perdió el rastro, se perdieron las armas y, salvo un par de casos, no hay detenidos ni responsables. Se puede aceptar que se pierda el rastro de algunas armas; que un primer operativo tenga errores, pero que hayan fracasado en 2006 y 2007; que inmediatamente después volvieran a realizar el mismo operativo en once ocasiones, y que en todas hayan fallado suena a una mentira descarada. Pero además, que ahora diga el fiscal Lenny Breuer que “no se percató” de que el operativo Rápido y Furioso era la continuación de Receptor Abierto y que por eso “no subió las escaleras” y les advirtió a sus jefes, resulta inverosímil.
En toda esta cadena de incongruencias, un informe de inteligencia estadunidense dice que advirtieron de los operativos al gobierno mexicano a través del entonces procurador Eduardo Medina Mora. El ahora embajador en Londres, como antes el presidente Calderón, desmintió terminantemente la información y dijo que nunca supo ni dio autorización para un operativo de ese tipo. Y, como dijo Medina Mora, la razón de fondo es sencilla: ese operativo no sólo violaba la ley; sencillamente es absurdo. A quién se le ocurre dotar de armas a los cárteles para saber a dónde van. Ningún procurador ni ningún gobierno sensato lo hubieran autorizado. Y quienes lo implementaron, tanto en la administración de Bush como en la de Obama, lo sabían.
Por eso lo hicieron en forma clandestina y lo trataron de encubrir hasta que uno de los agentes involucrados, por diferencias internas en la ATF, lo divulgó a los medios. Y hasta hoy siguen tratando de encubrirlo porque no hay forma de explicarlo. Sólo se admiten dos hipótesis: fue una forma de corrupción, de agentes que hicieron su agosto con ese comercio a través de un operativo mal realizado conscientemente, o se trató de echar gasolina al fuego de la violencia en México con intereses políticos inconfesables.
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