A Calderón también lo denuncian por crímenes de lesa humanidad ante la CPI

La Haya, 25 nov (EFE).- Un grupo de activistas mexicanos ha presentado hoy en la Corte Penal Internacional (CPI), a través del abogado Netzaí Sandoval, una demanda por crímenes de lesa humanidad contra el presidente de México, Felipe Calderón, por considerar que su lucha contra el narcotráfico ha causado más de 50.000 muertes.
La demanda, promovida por un grupo de 30 letrados, intelectuales, académicos y activistas con el apoyo de 25.000 firmas (20.000 recogidas a través de internet y 5000 en papel), se hace extensiva al Ejército y a los jefes de los cárteles de la droga.


Según explicó a Efe el abogado Sandoval, en 700 páginas se documentan más de 470 casos presentados como “violaciones de los derechos humanos“, ocurridos a partir de 2006 y calificados de delitos de tortura, desapariciones, asesinatos, mutilaciones, abusos sexuales y reclutamiento de menores.
Tras la presentación de la demanda, los denunciantes esperan que la fiscalía, tras el pertinente análisis de los documentos entregados, decida abrir una investigación preliminar.
Además de a Calderón, se identifica como responsables de esos crímenes a altos cargos del Ejército y a los jefes de los principales cárteles de la droga, quienes, según los demandantes, han generado “una crisis humanitaria en México en la que han muerto más de 50.000 personas, otras 10.000 han desaparecido y unas 230.000 se han visto desplazadas“.
Netzai dijo que la responsabilidad penal de Calderón es diferente a la de los altos cargos del Ejército y los narcotraficantes: “El presidente mexicano es responsable de los crímenes no por acción, sino por omisión, tal como recoge el artículo 28 del Estatuto de Roma de la Corte”
Sobre el Ejército, apuntó que “no tiene un protocolo de actuación en México y en sus actuaciones ha violado a mujeres y a niñas, ha torturado, ha amputado partes del cuerpo y ha provocado desapariciones forzosas” .
En el caso de los capos del narcotráfico, los crímenes, indicó, se traducen en el reclutamiento de menores a las filas de los cárteles.
El abogado considera que la CPI tiene jurisdicción para investigar los supuestos crímenes que se denuncia, ya que se han producido de forma “sistemática”, contra la población civil y las leyes nacionales no las contemplan.
“La CPI es la única instancia a la que podemos recurrir” ya que las leyes mexicanas no recogen este tipo de crímenes”, declaró.
Este tipo de denuncias como la presentada hoy se conoce en la CPI como “comunicaciones de información”, en las que un Estado, una organización o un individuo insta a los fiscales a investigar presuntos crímenes de guerra bajo su jurisdicción, para lo cual también se necesita que el país donde se han cometido los delitos sea miembro del Estatuto de Roma, como es el caso de México.
LA HAYA/MEXICO DF, nov 25 (Reuters) - Activistas mexicanos de derechos humanos quieren que la Corte Penal Internacional investigue al presidente Felipe Calderón, altos funcionarios y al narcotraficante más buscado del país, a quienes acusan de permitir a subordinados matar, torturar y secuestrar civiles.
Netzai Sandoval, un abogado mexicano de derechos humanos, presentó el viernes una querella ante la Corte (CPI) en La Haya solicitando una investigación por la muerte de cientos de civiles a manos de los militares y de narcotraficantes en México, donde más de 45,000 personas han fallecido en actos de violencia vinculados a las drogas desde el 2006.
En respuesta, la Secretaría de Gobernación de México (Segob) publicó un comunicado en su sitio de internet en el que niega que en el país exista un conflicto armado interno permanente y que su política de seguridad “de ninguna manera constituye un crimen internacional”.
“La violencia en México es mayor que la violencia en Afganistán, la violencia en México es mayor que en Colombia”, dijo Sandoval.
“Queremos que el fiscal nos diga si se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en México y si el presidente y otros altos funcionarios son responsables”, afirmó.

23.000 personas firman la denuncia

La querella, firmada por 23,000 ciudadanos mexicanos, menciona al jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, por quien se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares; así como también al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a comandantes del Ejército y la Marina.
Los abogados pidieron a la CPI, la primera corte mundial permanente para investigar crímenes de guerra, que abra una investigación formal de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en México.
En tal sentido, el comunicado de la Segob argumenta que para que se configuren los crímenes de guerra y lesa humanidad que son competencia de la CPI debe existir un contexto específico que no tiene lugar en México.
“Por un lado, el Estado mexicano no está en guerra, y por otro, no existe un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, ni una política de gobierno en este sentido”, precisó el documento.
Una decisión de los fiscales de la CPI respecto de si lanzan o no una investigación podría tomar meses o incluso años, afirman expertos legales.
La CPI ha investigado crímenes incluyendo genocidio, asesinatos, conscripción de niños soldados y violaciones, principalmente en Africa.

Qué puede pasar con la denuncia

La oficina del fiscal dijo en una comunicación a Reuters que había recibido el pedido, que lo estudiaría y “tomaría una decisión a su debido tiempo”.
La CPI juzga casos de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad en países que no quieren o pueden procesar los delitos por su cuenta.
“Hay un gran número de ítems que el fiscal tendrá que chequear antes de realmente poder abrir una investigación”, dijo Richard Dicker, un experto en justicia internacional de Human Rights Watch.
“Es posible (…), pero pienso que debes tener claro cuáles son los desafíos y los obstáculos”, agregó.
Algunos de esos requerimientos se han cumplido: México es firmante de la CPI, los crímenes están dentro del marco de tiempo del tribunal internacional y el caso no está siendo juzgado en el país.
Pero, considerando el caso, el fiscal general de la CPI Luis Moreno Ocampo, tendrá que decidir si los casos presentados en la querella de los activistas, como la tortura de sospechosos criminales, califican como delito de lesa humanidad.
“Los crímenes tienen que haber sido extendidos y sistemáticos, llevados adelante por un Estado u organización en ataques contra la población civil”, dijo Dicker.

Opiniones diversas

Para William Schabas, profesor de derecho internacional en la Middlesex University, la situación “ciertamente es muy discutible”.
“El fiscal ha estado muy enfocado en Africa. El patrón es que se queda dentro de la zona de confort de Estados Unidos. Ir tras los mexicanos por la guerra de las drogas se sale de la zona de confort”, agregó.
Los activistas dicen que Calderón ha permitido sistemáticamente a los soldados mexicanos cometer abusos contra la población civil desde que fueron desplegado en el 2006 para combatir a los cárteles de la droga.
Más de 50.000 efectivos están actualmente combatiendo a los narcotraficantes alrededor del país, mientras que las filas de la policía federal han aumentado desde 6.000 a 35.000 bajo la mirada de Calderón.
Los activistas de derechos humanos dicen que la policía y los soldados mexicanos están violando los derechos de los ciudadanos regularmente en su lucha contra los cárteles.
Un reporte de Human Rights Watch detectó evidencia de que las fuerzas armadas y la policía mexicanas estuvieron involucradas en 170 casos de tortura, 24 asesinatos extrajudiciales y 39 desapariciones forzadas en cinco estados mexicanos.
Sandoval, quien interpuso la querella, insistió: “Llevamos cinco años sabiendo que el Ejército mexicano viola sexualmente, que el Ejército mexicano realiza ejecuciones extrajudiciales, que el Ejército mexicano está torturando personas”.
“Está realizando desapariciones forzadas, está asesinando a civiles en retenes militares, ingresando a los domicilios sin órdenes judiciales, hay una cantidad de violaciones al derecho internacional humanitario y no hay sanción”, agregó.
Sandoval puso como ejemplo que él, al igual que muchos otros mexicanos, conocen gente que perdió a miembros de su familia en la violencia vinculada a los cárteles de la droga.
La comisión nacional de derechos humanos de México recibió más de 4.000 denuncias de abusos por parte del Ejército desde el 2006 al 2010.
En el mismo período, emitió reportes detallados de 65 casos que involucraban abusos del Ejército, según Human Rights Watch.