La bomba griega

Lorenzo Bernaldo de Quirós

El Gobierno Papandreu ha decidido someter a referéndum el plan de ajuste presupuestario y de reformas estructurales exigido por la troika (FMI, UE, BCE) para mantener las ayudas a la economía helena. Desde una óptica democrática, la iniciativa del Ejecutivo del Pasok es impecable. Corresponde a los ciudadanos decidir si están dispuestos a seguir por un camino que hasta ahora se ha traducido en un brutal deterioro de sus niveles de vida.
También es verdad que los socialistas griegos podrían haber advertido a sus socios europeos cuáles eran sus intenciones en la Cumbre del pasado 26 de octubre... En cualquier caso, los resultados del plebiscito están sometidos a un elevado nivel de incertidumbre y, por tanto, generan tensiones desestabilizadoras en la Eurozona. Esto es también una consecuencia de la actuación de los líderes continentales desde el inicio de la crisis. En todo este tiempo, Alemania y Francia han mostrado una cortedad de miras, un desconocimiento de las implicaciones de la crisis y una ausencia de liderazgo clamorosas. Los demás Estados han sido espectadores pasivos del dueto franco-alemán.


Aunque parezca lo contrario, la consulta no somete a votación popular la aceptación o no de la política económica del Gabinete Papandreu, sino la voluntad o no de los ciudadanos de seguir en el club del euro o, mejor, de cumplir sus reglas. Ésa es la cuestión de fondo, y la desgracia es que se haya planteado tan tarde. Grecia nunca debió haber entrado en la UEM. La razón política, no la económica, fue el factor determinante del ingreso heleno en el club del euro. Lo hizo con un alto nivel de deuda pública que creció de modo exponencial entre 2001 y 2007 a causa de la acumulación de voluminosos déficit presupuestarios durante esa etapa. Esta irresponsable trayectoria fue tolerada por las autoridades de la zona euro y financiada por los inversores privados, en especial franceses y alemanes, hasta que la extensión de la crisis económico-financiera del verano de 2007 puso de relieve su insostenibilidad. Los mercados cerraron su financiación al país y Europa corrió en socorro de la patria de Aristóteles para evitar su bancarrota. A pesar de ello, la posición de la economía griega no ha mejorado ni lo hará. Aunque la totalidad de los acreedores privados acepte la quita del 50%, extremo improbable, la ratio deuda-PIB se estabilizaría en el 120 por ciento a finales de 2020, es decir, en niveles insostenibles.
Por otra parte, la creciente oposición popular a las medidas de austeridad, anunciadas unas, adoptadas pocas e impuestas todas, no va a disminuir. El Ejecutivo Papandreu ha hablado de los ajustes y las reformas, pero sólo los ha aplicado de manera parcial. Esto ha reducido su efectividad y ha elevado su impopularidad. Por ello, el horizonte de Grecia no es el de sangre, sudor y lágrimas durante un tiempo para llegar al Shangrilá de la prosperidad, sino una situación técnica de quiebra que llevará años superar. En concreto, la transformación del déficit primario (el agujero fiscal sin los intereses de la deuda) en un superávit primario es impracticable con las perspectivas de crecimiento de Grecia y de la propia eurozona, que está al borde de la recesión. Y ni sus costes laborales ni la dimensión de su sector exterior permiten a Grecia compensar a través de la demanda externa el colapso de la demanda interna. Por ejemplo, la ratio exportaciones-PIB en Irlanda es del cien por cien y en Grecia sólo del 20%.
Grecia se ha convertido en un problema sistémico sin necesidad. Éste ha sido el resultado de la obsesión del eje franco-alemán en identificar la supervivencia del euro con la de una economía marginal sin peso alguno en el contexto de la UE. Ahora bien, las víctimas de una default o una reestructuración radical de la deuda de Grecia eran los bancos franceses y alemanes, principales tenedores de los títulos públicos de ese país. La ironía es que el origen inmediato de la crisis de deuda europea no radica a priori en la irresponsable política económica des- plegada por la periferia de la zona euro, sino en la imprudente estrategia inversora de los banqueros galos y teutones, cuyos errores han pagado el resto de los países europeos por una vía directa, el coste de la ayuda a Grecia, e indirecta, la creciente sospecha de que los demás Estados periféricos podían tener problemas similares a los de Grecia. Ahí radica la fuente del contagio a Irlanda, Portugal, España, Italia, etc.
Eso no significa que el Club Med no tenga responsabilidad alguna sobre su situación. Es evidente que la acumulación de desequilibrios macro y microeconómicos durante la fase expansiva exigía la puesta en marcha de un programa de estabilización y de reformas para corregirlos. Era claro que si no se hacía eso, las economías periféricas estaban condenadas a sufrir una severa contracción. Es obvio que la crisis financiera internacional precipitó el ajuste y lo agudizó hasta un escenario como el actual. Todo esto es cierto, pero también lo es que la salida de Grecia del euro o, mejor, su expulsión en vez de su rescate no habría tenido el efecto desestabilizador sobre el conjunto de la eurozona que ha provocado la lamentable política aplicada para conjurar su default. Basta un paralelismo para ilustrar esta afirmación. La quiebra y la liquidación de la Caja de Castilla la Mancha no habría puesto en peligro la estabilidad del sistema financiero español.
Si la solución a la crisis de deuda griega se consideraba la piedra de toque para estabilizar la Eurozona, la esperanza de que eso suceda se ha esfumado. Antes del anuncio del referéndum, las primas de riesgo de los bonos periféricos habían comenzado a ampliarse y las bolsas a caer por una razón: los mercados visualizaron la escasa efectividad de las medidas adoptadas en la Cumbre para estabilizar la UEM. Ahora, el plebiscito griego constituye un torpedo a la línea de flotación de esos acuerdos, y por tanto puede desencadenar un tsunami desestabilizador. En este contexto, la mejor opción para Grecia es hacer default, salir del euro y solicitar un programa de asistencia del FMI. Esta opción debería ser negociada con la UEM y debería verse acompañada por el suministro a los bancos europeos de soporte por parte de sus Gobiernos y del BCE. En el caso de que el mantenimiento de Grecia en la zona euro sea vital para su supervivencia, los griegos pueden hacer lo que quieran porque, si eso es así, la UE no les dejará caer.
Al final, la crisis europea es la consecuencia inevitable de la creación de una unión monetaria entre Estados con estructuras económicas muy diferentes, con una baja movilidad laboral interestatal y sin una política fiscal común capaz de amortiguar los shocks asimétricos que golpeen a sus miembros. La presente coyuntura de la UEM muestra la incompatibilidad de tener una moneda única sin una unión política. Otra cosa es que este último objetivo sea deseable...
Lorenzo Bernaldo de Quirós es miembro del Consejo Editorial de elEconomista.