Los grandes jugadores financieros cuyas acciones colocaron a la economía global al borde del colapso en 2008 tienen mucha culpa de la crisis económica actual, pero su verdadera raíz está en las políticas gubernamentales que otorgaron "derechos" sociales, facilitaron el alza del crédito y fomentaron la toma de riesgos financieros en los países desarrollados.
El problema fundamental en Estados Unidos, como en Europa y muchos otros países son las políticas públicas y las promesas irresponsables de gobiernos que ofrecen a sus ciudadanos beneficios sociales, educativos y de salud, sin considerar la forma en que van a financiarlos.
El propósito es, a fin de cuentas, obtener votos de los electores y ocupar un puesto público, dejando a gobiernos y generaciones futuras la tarea de lidiar con las dificultades que crean esas promesas irrealizables.
La crisis de Estados Unidos en 2008 tuvo su origen en años de una política de tasas de interés artificialmente bajas, sostenidas por una entrada masiva de recursos del exterior, particularmente dinero de los países árabes y China, lo que favoreció un alza sin precedentes en el gasto de consumo a crédito de las familias.
Las políticas públicas del gobierno estadounidense favorecieron, además, el crecimiento desordenado del crédito hipotecario barato que, a la postre, fue un factor clave de la crisis financiera.
El nivel de deuda gubernamental actual en Estados Unidos y las perspectivas de su déficit público en el corto y mediano plazo dejan como única política fiscal responsable la disminución del gasto y el alza de impuestos.
Esto significa que la sociedad estadounidense tendrá que aceptar mayores gravámenes y una reducción en los "derechos" asociados a los programas de bienestar social como Medicare y Medicaid, así como al nuevo programa de Salud del Presidente Obama, que representarán más de la mitad del gasto gubernamental en el 2020.
La crisis de deuda soberana en Europa tiene orígenes similares. Los gobiernos de las naciones europeas han sido en extremo generosos con sus poblaciones. La expresión más elocuente del reparto desordenado de "derechos" sociales es Grecia, que desde hace años se encuentra en la insolvencia.
Hoy la salida de su abismo financiero requiere de años de penosos sacrificios de su gente, entre los que destaca la renuncia a muchos de esos "derechos" que creen tener los griegos, como es la jubilación a la edad de 55 años.
No extraña, por tanto, que el gobierno griego enfrente creciente oposición a su programa de austeridad, al grado que la semana pasada su entonces primer ministro, George Papandreou, que renunció el fin de semana, sorprendiera al mundo con su decisión unilateral de someter a un referéndum (que posteriormente canceló) los recortes presupuestales que les darían acceso al paquete de ayuda financiera.
Grecia es el caso más patético y visible de la crisis de deuda soberana en Europa, pero no el único. Otros países, como Portugal e Irlanda, se encuentran en una situación parecida. Sin embargo, hoy la atención se centra sobre Italia y España, cuyos gobiernos han sido también muy generosos a la hora de repartir beneficios y otorgar "derechos" sociales a sus ciudadanos.
Estos países no tienen un problema de solvencia, pero enfrentan cada vez mayores obstáculos en los mercados financieros, por lo que tampoco podrán evitar recortes importantes en esos "derechos".
El primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, llegó con las manos vacías a la reunión del G-20 en Cannes la semana pasada. El parlamento italiano no aprobó el aceleramiento del programa de austeridad y los recortes de "derechos" sociales necesarios para restaurar la confianza de los mercados.
Esta semana aceptó irse cuando se apruebe el programa de austeridad que le piden los países fuertes de la eurozona, pero las dudas al respecto golpearon ayer a los mercados financieros sin que por ahora se vea cómo saldrá Italia del embrollo en que se encuentra.
En España habrá cambio de gobierno este mes. Mariano Rajoy será el próximo primer ministro y presidirá una nación con desempleo cercano al 23 por ciento, cuyos bancos tendrán que digerir sus activos tóxicos vinculados al sector hipotecario, y que está al borde de otra recesión. El entorno, como se ve, tampoco será muy propicio para que los españoles conserven sus "derechos" sociales.
Nuestro país también es víctima del reparto irresponsable de esos "derechos", cuya expresión más clara está en los contratos colectivos de las empresas estatales, en particular, el Instituto Mexicano del Seguro Social.
La ventaja, por ahora, es que somos una sociedad joven, pero si no hacemos pronto las correcciones en las políticas económicas nacionales, en algún momento futuro tendremos que enfrentar penurias similares a las de los países europeos.
Salvador Kalifa
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