La misión de observación electoral de la Unión Europea que fiscalizó las presidenciales celebradas el domingo en Nicaragua cuestionó la transparencia de los comicios, tras advertir que hubo “serias limitaciones” en el proceso, así como “trampas y zancadillas” contra la oposición. La misión también criticó al tribunal electoral por su parcialidad y falta de independencia, según un informe preliminar hecho público este martes. “Lamentamos que la actuación del Consejo Supremo Electoral (CSE) no estuvo a la altura de sus responsabilidades”, afirmó Inés Ayala Sander, presidenta de delegación del Parlamento Europeo que observó el proceso electoral en Nicaragua.
Los resultados de las elecciones han garantizado la reelección del presidente Daniel Ortega, que participó en las presidenciales violando la Constitución nicaragüense. Ortega obtuvo el 62,6% de los votos, con más del 86% de las mesas electorales escrutadas. En segundo lugar quedó el aspirante liberal Fabio Gadea, de la Alianza PLI-UNE, con el 31% de los votos. Los comicios, sin embargo, estuvieron plagados de irregularidades que empañaron la reelección de Ortega.
“Es indudable que el señor Ortega y el Frente Sandinista han ganado las elecciones. No estoy diciendo que ha ganado con transparencia y limpieza, porque no sabemos qué hubiera pasado si no hubieran existido todas esas trampas y zancadillas”, dijo el eurodiputado socialista Luis Yáñez-Barnuevo, jefe de la misión de observación electoral de la UE.
Las declaraciones contundentes de los parlamentarios europeos dan un poco de oxígeno a la oposición, que no ha reconocido el triunfo de Ortega y ha denunciado irregularidades que, según sus líderes, ponen en entredicho los resultados electorales. Gadea afirmó que en las elecciones “no se respetó el voto de los nicaragüenses”, y convocó a sus simpatizantes a una protesta este martes por lo que considera un “fraude”.
"Las autoridades electorales no cumplieron con transparencia su deber”, dijo el eurodiputado
Luis Yáñez-Barnuevo
Yáñez afirmó que las autoridades electorales impusieron “trampas y obstáculos” a los partidos políticos, creando serias limitaciones para la transparencia del proceso. Entre esas “trampas” el informe recoge la acreditación a última hora de interventores electorales de la oposición para que fiscalizaran el proceso de votación y escrutinio; que los consejos electorales locales estuvieron dominados por simpatizantes del Frente Sandinista, y la falta de cédulas o documentos de identidad básicos para votar, a pesar de que la UE ha donado fondos para su fabricación. La misión también criticó el hecho de que simpatizantes sandinistas fueron quienes en varias zonas del país entregaron los documentos de votación a los seguidores de su partido, violando la Ley Electoral del país, mientras que miles de nicaragüenses protestaban porque a ellos no se les entregaron las identificaciones. El CSE “dividió de facto a los nicaragüenses entre ciudadanos de primera y segunda clase”, afirmó Ayala.
"La jornada electoral fue relativamente pacífica, sin embargo, el proceso fue dirigido por autoridades que no cumplieron con transparencia su deber”, agregó Yáñez-Barnuevo, para quien el Consejo Supremo Electoral carece de independencia y ecuanimidad.
Los mismos magistrados electorales no se han molestado en guardar las apariencias. El lunes, mientras daban su tercer informe de resultados, el presidente de ese organismo, el volcánico Roberto Rivas, calificó de "basura" las publicaciones del diario La Prensa, que ha criticado duramente al tribunal electoral, dijo que los miembros de la oposición “eran malos hijos de la patria” y descalificó el trabajo de las organizaciones de observación nicaragüenses, que no fueron acreditadas por el tribunal para fiscalizar la elección.
El resultado de las elecciones da un gran poder al presidente Ortega, que dominará la Asamblea Nacional con más de 60 diputados, cuatro más de los necesarios para tener la mayoría de ley. Las críticas de observadores respetados, como los miembros de la UE, ponen sin embargo en entredicho la transparencia del proceso, que deja sentado a Ortega en la silla presidencial de Nicaragua por cinco años más
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