CARLOS RAMIREZ
+ Desprestigio como factor de voto
Luego de haber aplicado con éxito la estrategia de llevar a la agenda electoral a los gobernadores anteriores de Oaxaca y Puebla con temas de intensidad social aunque no política, el PAN logró que el caso de Humberto Moreira fuera finalmente insertado en la agenda política del 2012.
En esta lógica, lo de menos es saber si el ex gobernador de Coahuila tiene o no alguna responsabilidad en el caso de la deuda contratada con documentos falsos. Lo importante en la estrategia de la polarización política radica en el hecho de fijar el tema en la agenda política social de las elecciones.
La estrategia de polarización no se basa en procedimientos legales sino en la fijación del criterio de desprestigio; en Oaxaca y Puebla se utilizaron problemas sin solidez legal para colocar a los gobernadores salientes como los perversos. Pero el punto central radicó en la forma en que medios y panistas pudieron establecer a los gobernadores como la agenda política negativa en la sociedad.
Además, la estrategia ha jugado a las pasiones de los políticos priístas. Los gobernadores de Oaxaca y Puebla, por ejemplo, pudieron haber solicitado licencia para salirse del conflicto, pero ello hubiera implicado la aceptación de cierta responsabilidad; al permanecer en sus puestos se quedaron en el centro del debate mediático que se fuera alimentando día a día, sobre todo porque perdieron la iniciativa y se dedicaron a administrar el conflicto social.
Moreira quedó atrapado en el conflicto de la deuda coahuilense. Conocedores de los resortes de funcionamiento de la sicología priísta del poder, los promotores de la estrategia de revelación de las irregularidades en la contratación de deuda en Coahuila han ido escalando fases. La reacción priísta debió de haber sido la marginación de Moreira de la dirigencia del PRI con un control inmediato de daños que hubiera minimizado el efecto de la denuncia a una zona delimitada de funcionarios. Al negarse a una explicación formal, directa y exhaustiva del problema, Moreira sólo dejó el espacio para el escalamiento de las denuncias.
En política a la mexicana los problemas se evalúan no en función de los hechos en sí, sino de los efectos políticos. En Oaxaca y Puebla se matizaron mal las consecuencias sociales del caso Cacho y del intento de desalojo policiaco de maestros del plantón en el centro Histórico; las oposiciones a esos hechos usaron la resistencia a ajustes de funcionarios en ambos gobiernos para convertir esos casos en identificaciones de saldos sexenales locales. La falta de reacción inmediata de ambos gobernadores alargó el efecto negativo hasta las elecciones del 2010, cuando los casos Cacho y APPO habían estallado en 2006.
La lucha política es de estrategias, no de retóricas, evasiones o certezas. El caso Moreira escaló ya al nivel de escándalo y se montó sobre el proceso electoral del 2012 por el hecho de que el gobernador coahuilense llegó a la dirección nacional del PRI por decisión directa del precandidato Enrique Peña Nieto; lo lógico, por tanto, es que las críticas hayan comenzado a contaminar al PRI y sus viejas formas de impunidad y a la tendencia electoral de Peña.
El PRI ha reaccionado a estos casos como si todavía tuviera todo el poder político, incluyendo la presidencia de la república. En el pasado priísta, el poder presidencial permitía el control o encapsulamiento de conflictos mediáticos; ahora, sin embargo, los medios responden a la lógica de la denuncia social, aun cuando en algunos casos pudiera haber cierta alimentación informativas procedente de estructuras del gobierno federal panista.
En el caso Moreira no se debate si el ex gobernador tuvo alguna responsabilidad en el asunto de la deuda, sino que parte de la sociedad ya dio por hecho que sí; y a ello ha contribuido la respuesta evasiva, desdeñosa y hasta desfachatada del acusado. En estrategias políticas y de poder, la respuesta debe de partir de la certeza social sobre una denuncia y no de la aportación de pruebas que debieran pasar exigencias judiciales: la sociedad se mueve por pasiones, no por requerimientos de juzgados.
Las estrategias de denuncias escandalosas exigen respuestas rápidas, para evitar que los teman se coloquen como parte de la agenda; y ahí el PRI equivocó el camino porque aplicó una reacción y no una respuesta. El tema saltó en un periódico pero en una semana se convirtió en agenda mediática general.
Los tiempos se le pasaron al PRI y a Moreira porque el daño político y mediático ya quedó hecho. Por la falta de una estrategia mediática de respuesta, ahora el PRI y Moreira no tienen más camino que la separación del cargo de Moreira o su afianzamiento; la decisión tendrá que ver más con control de daños tardío que con sensibilidad política. La estrategia fue muy bien diseñada: no afectar a Moreira en sí sino afectar al PRI como partido y a su principal precandidato presidencial. El PRI no supo encontrar el daño menor.
Los tiempos políticos hoy son diferentes a cuando el PRI controlaba las agendas de la oposición; los medios hoy tienen capacidad --aunque no siempre-- para establecer una agenda política. El PRI no racionalizó los casos de Oaxaca y Puebla: el dilema de mantener el poder o de responder a la agitación mediática de la sociedad se decidió por el primero y el efecto electoral a posteriori llegó cuatro años después. El caso Moreira requería de reacción inmediata porque no se trataba de una plaza estatal --el asunto no ha repercutido todavía a nivel de Coahuila-- sino del presidente nacional al del PRI que operaría la campaña electoral para la elección de posible recuperación de la presidencia de la república y que fue designado por decisión directa del precandidato Peña Nieto.
En los espacios de poder se tiene la certeza de que lo de menos es aclarar si Moreira estuvo o no involucrado en el asunto de la falsificación; lo decisivo es entender que el PAN también sabe manejar el aparato de poder para favorecer elecciones. Y ya ha vencido al PRI varias veces den ese terreno
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