Ni derechos, ni seguridad

Denise Dresser

Ni una cosa, ni la otra. Ni derechos, ni seguridad. Ni respeto a los derechos humanos, ni un Ejército que se encargue de protegerlos. Ese es el estado de las cosas en México durante los cinco años de gobierno de Felipe Calderón. Esa es la descripción desgarradora que presenta Human Rights Watch en su último informe.

Un país cada vez más violento, cada vez más caracterizado por tortura y torturadores, homicidios e impunidad, levantones y quienes los llevan a cabo. Unas fuerzas de seguridad nacional que al pelear de mala manera la guerra contra el narcotráfico, reducen los crímenes cometidos contra la población a un simple “daño colateral”.




No cabe duda que el enemigo existe, crece, se reproduce, se extiende. Toca virtualmente cada esfera de la vida pública del país: asesina, extorsiona, secuestra, bloquea carreteras, cierra escuelas, impone toques de queda, cuelga cadáveres desde los puentes, mata a policías y a presidentes municipales. Siembra el terror y cosecha la inseguridad. Tan sólo en 2011 ha habido más de 11 mil muertes reportadas en la prensa.


La pregunta obligada es ¿cómo se han comportado las fuerzas de seguridad ante este panorama?


Para contestarla, Human Rights Watch llevó a cabo una investigación a fondo en cinco estados asolados por la violencia vinculada con el narcotráfico: Chihuahua, Baja California, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Y lo que encontraron –después de más de 200 entrevistas– es profundamente preocupante.


La política de seguridad pública está fallando en dos frentes. No ha logrado reducir la violencia y en cambio sí ha resultado en un incremento dramático en las violaciones a los derechos humanos. En violaciones sistemáticas que rara vez son denunciadas, investigadas, sancionadas, castigadas. En prácticas endémicas e inaceptables.


Hombres torturados y mujeres violadas. Hombres electrocutados y mujeres golpeadas. Hombres asfixiados y mujeres amenazadas. Todo ello con el objetivo no sólo de obtener información sobre el crimen organizado sino también conseguir confesiones forzadas para admitir la culpabilidad y a posteriori esconder los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las interrogaciones coercitivas.


Las investigaciones llevadas a cabo por Human Rights Watch sugieren que las fuerzas de seguridad con frecuencia manipulan la escena del crimen para crear la impresión de que los asesinatos fueron cometidos por cárteles rivales. En pocas palabras, los encargados de proteger el estado de derecho terminan violándolo.


He allí en el reporte: 170 casos de tortura, 39 casos de “desapariciones”, 24 casos de asesinatos extrajudiciales. Entre 2003 y 2006 la Comisión de Derechos Humanos recibió 691 quejas de abusos cometidos por el Ejército. Entre 2007 y 2010 el número ascendió a 4 mil 803.


Y la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, de extracción humilde, con múltiples trabajos; mecánicos y taxistas, obreros y albañiles. Sus familias insisten en su inocencia y muchas veces son presionadas por el Ejército para intercambiar una investigación por una compensación. Dinero a cambio de impunidad.


Y la impunidad persiste porque la justicia militar lo permite. Desde el último informe de Human Rights Watch titulado Impunidad uniformada, publicado hace dos años, tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte han recomendado que México reforme el Código de Justicia Militar para asegurar que los casos de presunta violación de los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas sean procesados por la justicia civil.


Para que esos casos realmente sean investigados. Para que haya culpas reconocidas y culpables identificados. Para que haya más que sólo 15 soldados enjuiciados frente a las 3 mil 671 investigaciones iniciadas por la Procuraduría Militar que no van a algún lado y no terminan en alguna parte.


Durante su reciente visita a México, José Miguel Vivanco, el director para América Latina de Human Rights Watch, reconoció que su reunión con Felipe Calderón había sido buena y fructífera. Habló de la apertura del presidente a tratar estos temas y colaborar para encararlos. Habló de la buena disposición del Ejecutivo y la actitud cordial que adoptó. Pero poco tiempo después la Presidencia emitió un lamentable comunicado de prensa que desplegó una retórica peligrosa.


Una y otra vez el gobierno insiste en catalogar a las víctimas como criminales. Una y otra vez la administración calderonista insiste –sin presentar pruebas– en que 90% de los asesinados estaban vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado. Siguiendo esta lógica, merecían morir, merecían ser torturados, merecían ser electrocutados, merecían ser levantados.


Por un lado el presidente afirma que los derechos humanos son una “premisa central” de su gobierno y por el otro su equipo demuestra exasperación y escepticismo frente a las violaciones cometidas y documentadas.


Y para las víctimas o sus familiares quedan pocas opciones ante esta postura presidencial. Pueden llevar a cabo las investigaciones por su propia cuenta y enfrentando grandes riesgos al hacerlo. O pueden presenciar cómo sus casos languidecen dentro de una burocracia autista, una policía impune, un Ejército protegido.


De allí la importancia de que los abusos de derechos humanos se sometan a la jurisdicción civil. Que se reforme el Código de Justicia Militar. Que la reforma al sistema de justicia proceda a mayor velocidad. Que se cumpla la prohibición de usar evidencia obtenida a través de la tortura. Que los detenidos por las fuerzas de seguridad sean llevados inmediatamente al Ministerio Público en lugar de ser retenidos ilegal y arbitrariamente. Que se termine la práctica del arraigo y el uso de leyes vagas para justificar arrestos arbitrarios.


Y finalmente que el gobierno deje de presentar la seguridad pública y los derechos humanos como objetivos en contienda, cuando son metas complementarias.


Lo que México necesita es más derechos y más seguridad, no al revés.