No más impunidad

Si los mexicanos queremos ver la luz al final de este túnel macabro, necesitamos situar a la ley como el marco de referencia que nos dará certidumbre y ayudará a nuestra cohesión. No nos podemos tardar más.

Edna Jaime

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Quizá no haya medida más ilustrativa de la debilidad del Estado de derecho en México que la impunidad. Se cometen delitos y crímenes del más diverso tipo y los perpetradores, en su gran mayoría, quedan sin mancha de culpa y sin transitar por un proceso judicial. Tratándose de funcionarios públicos, resulta incluso más grave: permanecen en sus cargos protegidos bajo algún tipo de fuero. Que al cabo que los escándalos mediáticos tienen un ciclo y la memoria de los mexicanos es corta.


Quién se acordará al paso de unos meses que el hermano del alcalde de Monterrey cobraba sobornos a casinos en condiciones irregulares. Una extorsión institucionalizada y regular que en mucho se parece a la que realizan los criminales con el llamado cobro de derecho de piso. O las falsificaciones del ex gobernador de Coahuila, quien no obstante estar presuntamente involucrado en un delito, encabeza al partido que aspira a recuperar la Presidencia en el país. Estos mensajes frecuentes, reiterados, permanentes, porque no cejaron luego de que el PRI perdió la Presidencia, de que a la ley se le burla, se le pisotea, nos tiene donde estamos. No importa la estrategia contra el crimen que emprendamos. Si no cambiamos este mensaje de impunidad e irrelevancia de la ley, la criminalidad en todas sus manifestaciones se seguirá reproduciendo.
Los gobiernos panistas tuvieron la enorme oportunidad de marcar un antes y un después en este tema. No lo hicieron. Y aunque hubieran tenido la voluntad, necesitaban mucho más. Un Estado de derecho se sustenta en instituciones fuertes como un judicial transparente, independiente y efectivo. Policías que sepan hacer su trabajo y legislativos que actúen como verdaderos contrapesos a la arbitrariedad del Ejecutivo. El Estado de derecho es una aspiración que tiene asidero en la realidad cuando se cuenta con un sistema de pesos y contrapesos que al operar salvaguardan los derechos individuales, nuestros derechos fundamentales. Para infortunio nuestro,  los gobiernos panistas no enarbolaron una agenda de cambios institucionales que dieran ese soporte a la legalidad y al Estado de derecho. Se perdieron en los asuntos cotidianos y en salvaguardar la gobernabilidad que veían comprometida si se atacaba a intereses creados, los llamados poderes fácticos, que son a la vez enemigos de la legalidad y a quienes se les tiene tanto temor. Se optó así por la componenda y hasta alianza con esos factores de poder. Faltó voluntad y visión para articular una agenda que avanzara en esa dirección.
Ya entrada esta administración, ese desdén por la construcción institucional necesaria se vio expresado cuando el Presidente de la República se refirió a la reforma a la justicia penal aprobada en 2008 como una reforma importante que llegaba en mal momento. En su concepción, no hay una conexión causal entre dicho ordenamiento legal y el problema que hoy nos atormenta. Ciertamente la reforma penal no resuelve el problema de violencia  e inseguridad por sí misma.Ni sustituye el necesario despliegue de fuerzas federales en algunas zonas en crisis. Pero sí existen vasos comunicantes entre lo uno y lo otro que deben ser identificados y entendidos. Porque si no se hace, seguiremos pensando que la solución al problema es la fuerza del Estado, cuando lo que este país necesita son gobiernos que ofrezcan más que su poder coercitivo.
En primer lugar tenemos que darle la vuelta a la impunidad. Ésta nos carcome. Lo mismo la que vemos en el político cínico que en el asesino desalmado. Si las instituciones del Estado mexicano no empiezan a mandar el mensaje de que son capaces de abatir la impunidad, de hacer justicia a la víctima, de  repararle el daño, la legitimidad del Estado seguirá su deterioro, el descrédito seguirá en ascenso y profundizaremos la anomia social que tiene su expresión más clara en la profunda desesperanza que albergamos.
La reforma penal es una en otras tantas que el país necesita. La reforma penal nos ofrece transparencia en el proceso, controles que dan garantías a víctimas e imputados y, sobre todo, mecanismos conciliatorios, salidas alternativas que permitan llegar a acuerdos antes de judicializar un caso. Estos mecanismos que se harían cargo de delitos menores, no dejándolos impunes pero sí imputándole sanciones proporcionales a su gravedad, permitían a su vez que los recursos del sistema se concentraran en aquellos casos que de verdad lo ameritan, los que más impactan a la víctima y la sociedad. Lograr que lo descrito jale sería un enorme avance en el abatimiento de la impunidad y de la injusticia que hoy prevalece. La correa de transmisión entre reforma penal e inseguridad pasa por resolver y sancionar los delitos que verdaderamente nos dañan.
Si los mexicanos queremos ver la luz al final de este túnel macabro, necesitamos situar a la ley como ese marco de referencia que nos dará certidumbre y ayudará a nuestra cohesión. No nos podemos tardar más.