Ausencia de competencia en México

por Isaac Leobardo Sánchez Juárez

Isaac Leobardo Sánchez Juárez es profesor e investigador de economía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México) y fue el ganador del concurso “Caminos de la Libertad” 2009 organizado por TV Azteca.
La corriente principal de la ciencia económica ha demostrado desde hace muchos años que lo mejor que le puede suceder a una economía es que exista competencia, que se tengan muchas empresas vendedoras y compradoras de bienes y servicios. La competencia conlleva menores precios, mayor calidad y variedad. Todos salimos ganando cuando existe competencia.


Desafortunadamente, la característica principal de la economía mexicana (y de muchos países de América Latina) es la concentración de la actividad económica en unas cuantas empresas o peor aún la presencia monopólica del Estado en áreas consideradas estratégicas. La ausencia de competencia es uno de los factores que evita el incremento de la libertad económica, requisito estructural del crecimiento sostenido.
La combinación entre ausencia de competencia en el sector privado e intervención estatal en sectores clave evita la creación de oportunidades y pone obstáculos para los más de 50 millones de mexicanos que en el 2008, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, no tenían el ingreso suficiente como para adquirir su canasta alimentaria básica, cubrir su gasto en salud, vivienda, transporte y educación, aún y cuando todo el ingreso del hogar fuera utilizado para la adquisición de tales servicios.
El investigador Carlos Urzúa, en el documento “Evaluación de los efectos distributivos y espaciales de las empresas con poder de mercado en México”, encontró que en el sector urbano la pérdida en el bienestar social, como resultado de la concentración económica, representa más de un tercio del gasto promedio total. Más aún, la incidencia negativa de la ausencia de competencia crece a medida que los hogares son más pobres. Como resultado de la concentración los consumidores gastan 40 por ciento más que si existiera competencia.
Por donde se busque se encuentra que México es un país carente de competencia, capturado por unas cuantas empresas. Con información de la organización sin fines de lucro “El poder del consumidor”, se sabe que en la economía mexicana: tres bancos dominan los servicios financieros; dos empresas controlan los canales de televisión abierta; una empresa controla la red de conexión telefónica; dos grupos controlan la distribución de gas LP; dos empresas controlan el mercado de cemento; una empresa controla dos tercios de la producción de harina de maíz; tres empresas controlan la producción de pollo y huevo; dos empresas controlan el 80 por ciento del mercado de leche; tres empresas dominan el mercado de carnes procesadas; dos empresas controlan el mercado de refrescos, jugos y aguas envasadas; una empresa controla la producción de pan industrializado y dos empresas controlan la distribución de medicamentos.
Adicional a la ausencia de competencia en el sector privado, en México existen dos casos de concentración promovida por el Estado que no pueden ser omitidos, su existencia impide que éste país pueda crecer y aprovechar todas sus potencialidades: el monopolio del petróleo y el de la energía eléctrica.
Particularmente en el ramo petrolero, durante muchos años el gobierno ha evitado que empresas privadas ingresen directamente en las tareas de explotación y producción, con argumentos nacionalistas y de supuesta defensa de la soberanía. La realidad es que desde la nacionalización en 1938, el monopolio petrolero estatal ha sido fuente inagotable de recursos para políticos, líderes sindicales y burócratas. La riqueza petrolera (que por cierto cada vez es menor) no se ha traducido en una marcada reducción de la pobreza, todo lo contrario.
Los ingresos que proporciona el petróleo se han utilizado para mantener un gigantesco aparato gubernamental, cuya principal función ha consistido en desincentivar la actividad económica al promover políticas contrarias al espíritu de libre empresa.
Sumado a lo anterior, los recursos generados por la paraestatal no se han utilizado como normalmente se hace en una empresa privada. La inversión y mejora del proceso productivo, la investigación y desarrollo, y la innovación en el producto son actividades que se sostienen en el discurso, pero que en la práctica han sido marginadas al no existir incentivos económicos para su ejecución. Extracción y venta son las dos únicas funciones que realiza el actual monopolio estatal, lo que ha conducido a la empresa a su virtual ruina ante el inminente agotamiento del recurso.    
Los monopolios estatales se han constituido en un freno. Por sí misma la ausencia de competencia en el sector petrolero y de energía eléctrica es un factor negativo para el crecimiento, pero como resultado de ésta se suman la corrupción rampante, el gigantismo burocrático, el fortalecimiento de las mafias corporativas y el suministro inadecuado de energéticos para la iniciativa privada y los consumidores, por mencionar sólo algunos.
Resulta urgente el establecer medidas para revertir la ausencia de competencia en la economía. En el caso de los monopolios energéticos, por su naturaleza y condiciones, lo que se requiere en primera instancia es una reforma constitucional que de pie a la inversión privada total en el sector y el retiro definitivo del Estado. El problema es que esto ya se intentó y no se logró, la razón es que ningún político está dispuesto a entregar a la “gallina de los huevos de oro”.
En el caso de la concentración por parte de actores privados se requiere analizar cada uno de los sectores para verificar el tipo de medidas que deben llevarse a cabo. La apertura de la economía desde mediados de los ochenta y su culminación con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte fue en su momento en buen mecanismo para alentar la competencia; sin embargo, sus efectos ya se han agotado y es preciso buscar nuevos senderos para alentar la competencia.
Aunque la tarea de fomentar la competencia económica no es sencilla, un primer paso es que el Estado mexicano reconozca el problema, como ya lo ha hecho durante la actual administración, y en segundo lugar que tenga la voluntad política para implementar sin distinción la ley de competencia vigente. Adicional a esto se deben de seguir promoviendo reformas en otras áreas, tales como transparencia, rendición de cuentas, fomento al estado de derecho, protección a los derechos de propiedad y promoción de la iniciativa privada, las cuales crean el caldo de cultivo para la prosperidad.