por Oscar Ortiz Antelo
Oscar Ortiz Antelo es ex presidente del Senado de la República de Bolivia.
La suspensión del gobernador del Beni, Ernesto Suarez, y la resolución de aprehensión al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, han marcado un agravamiento del acoso judicial que sufren los principales líderes democráticos de Bolivia. El gobierno del Movimiento al Socialismo
(MAS) sufre un desgaste acelerado, comprobado en significativas
derrotas electorales en las elecciones judiciales y las elecciones
municipales de Quillacollo y Sucre. Estos golpes antidemocráticos a los
únicos gobernadores de oposición que quedan, son la reacción desesperada
de quien habiendo perdido la popularidad recurre a la fuerza para
preservar su poder, buscando el aniquilamiento judicial de cualquier
líder de opinión disidente o posible adversario electoral.
Cómo entender que en una semana que comenzó con una Cumbre Social
convocada por el gobierno nacional para concertar con distintos
sectores, una nueva agenda nacional, buscando dar una imagen positiva
del gobierno, se termine con una sesión de la Asamblea Legislativa
Departamental del Beni, en la que se suspende a su gobernador,
atropellando las normas constitucionales y sus derechos humanos.
Exactamente, un año antes se había procedido de la misma forma con el
gobernador de Tarija, Mario Cossio, que hoy vive como refugiado político en el Paraguay.
Cual es la lógica de esta contradicción entre dar, por un lado,
imágenes y gestos de concertación y por otro, golpes a las autoridades
electas. Contradicciones al interior del gobierno, reacciones
autoritarias frente a las derrotas electorales y la perdida de
popularidad o parte de un plan para consolidar un régimen de partido
único mediante la inhabilitación legal y el linchamiento moral de los
principales referentes de la oposición democrática.
Quizás haya una combinación de los tres motivos. El resultado es el
mismo, una democracia cada vez más limitada, el pluralismo en extinción y
los derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso, la presunción de la inocencia y el derecho a la defensa
ante tribunales imparciales e independientes, en franca desaparición.
Mediante la persecución selectiva a quienes puedan representar un
liderazgo social alternativo, ya sea desde los medios de comunicación,
las organizaciones indígenas, la misma Iglesia o las organizaciones
políticas, se procura amedrentar y adormecer al conjunto de la
población.
Paradójicamente, es la misma gente la que le dice al gobierno del MAS
que no va a perpetuarse en el poder por este camino. La multitudinaria
recepción de la ciudad de La Paz a los machistas indígenas del TIPNIS y
las derrotas electorales sufridas por el partido del presidente Evo
Morales en los últimos dos meses, son pruebas irrefutables de que el
pueblo boliviano no aceptará el autoritarismo y lo rechazara por las
vías pacificas y democráticas que, en el mundo moderno, han triunfado
sobre gobiernos que abusan del poder y violan los derechos humanos.
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