El plan de 40 años de Chávez para acabar con los vicios del pasado

Por MARY ANASTASIA O'GRADY

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dice que su Revolución Bolivariana necesita más tiempo para producir sus utópicos frutos. "Apenas tenemos aquí 10 años", dijo la semana pasada a una multitud de seguidores en Caracas. "Nos llevará 10 más y 10 más y 10 más construir las nuevas virtudes sociales", aseguró.
En el intertanto, el mandatario prometió que "luego de ganar las elecciones viene otra etapa, en el 2013-2019 profundizaremos la revolución socialista. Socialismo, socialismo y más socialismo, tenemos que profundizar la lucha y la derrota contra los vicios del pasado que todavía persisten entre nosotros, violencia, inseguridad, corrupción, egoísmo, individualismo".


Teniendo en cuenta el hecho de que la condición humana no ha cambiado mucho desde que nos expulsaron del Edén, un plan de 40 años para terminar con el vicio parece bastante ambicioso. Claro que a Chávez nunca se le puede acusar de falta de confianza en sí mismo. Por otro lado, algo que brilló por su ausencia en su lista de vicios del pasado fue otra perenne transgresión que todavía no ha sido derrotada en Venezuela: la pecaminosa práctica del banco central de imprimir dinero para financiar el gasto fiscal.
Durante décadas, la inflación de dos dígitos ha sido la norma venezolana. Desde 1987, una tasa por debajo de 20% ha sido la excepción. El Fondo Monetario Internacional proyecta para este año un aumento de 25% del nivel de los precios.
Chávez, por supuesto, no culpa al banco central por la inflación. En su escuela de economía, el alza en los precios es causada por los productores, proveedores y comerciantes, que controlan la disponibilidad de bienes y cobran cada vez más por sus productos para obtener ganancias más robustas. La solución a esta injusticia contra el consumidor, según el chavismo, son los controles de precios. Cuando no funcionan, la respuesta es más de lo mismo.
El gobierno de Chávez lanzó su primera gran ola de controles de precios en 2003. Ese año la inflación superó el 31%. Desde entonces, se han congelado los precios de una amplia gama de comestibles —carne, harina de maíz, arroz, pan, azúcar, café, leche en polvo, aceite de cocina— y de una gran cantidad de otros productos y servicios, incluyendo cemento y materiales para la construcción, pasajes aéreos internos, la educación privada y las clínicas médicas. El principal efecto es que muchos artículos que solían estar disponibles ahora son escasos. La inflación, en todo caso, no cede.
El impuesto de la inflación golpea con más fuerza a los pobres, quienes además constituyen la principal base de apoyo de Chávez. Así, en agosto, el presidente redobló sus esfuerzos para controlar la inflación mediante la "ley de costos y precios justos". Esta amplia y nueva legislación crea un regulador encargado de supervisar lo que los consumidores pagan, a partir del análisis de los cobros mediante una investigación y el establecimiento de precios "justos". Un ejército de 4.000 burócratas conforman "comisiones" que se despliegan por todo el país para informar y denunciar el incumplimiento. Los infractores pueden ser multados, perder sus bienes, inhabilitados para el comercio e incluso ir a prisión.
Uno de los rasgos graciosos de Chávez —siempre y cuando uno no resida en Venezuela— es su firme creencia en que puede dictar lo que el economista clásico de la escuela austríaca Ludwig Von Mises denominó "la acción humana". Miles de años de experiencia, el caso de la Unión Soviética es un ejemplo reciente, sugieren lo contrario. Pero no importa. Es el destino de Venezuela sufrir una y otra vez la arrogancia de planificación centralizada.
Chávez al menos reconoce algunas limitaciones. Sabe que no puede decidir, desde los altos mandos, todos los precios de la economía venezolana desde el primer día. Así que su último esfuerzo comenzará poco a poco. El 22 de noviembre su gobierno agregó 19 nuevos productos, principalmente en el área de higiene personal y limpieza del hogar, a la lista de productos con precios congelados. Para el 15 de diciembre, los reguladores analizarán los costos de fabricar tales productos —sin incluir publicidad y comercialización— y decidirán el precio al qué debería ser vendidos. Una vez que se fijen los precios, los burócratas pasarán a analizar otros productos.
Chávez pidió a los reguladores seguir muy de cerca a las multinacionales extranjeras, como Colgate-Palmolive, Pepsi, Coca-Cola, Nestlé, GlaxoSmithKline y Johnson & Johnson. El fabricante italiano de lácteos Parmalat, ahora controlada por el francés Lactalis Group, ya fue acusada de acaparamiento. Sin embargo, el gran productor de alimentos venezolano Polar también está en la mira de Chávez.
Dejando de un lado lo absurdo de que los burócratas del gobierno anulen las leyes de la oferta y la demanda, también existe el problema de muchos productores que necesitan dólares —que no están disponibles a la tasa de cambio oficial— para pagar por los insumos importados. Si el Estado insiste en el uso artificial del tipo de cambio manteniendo un bolívar fuerte para calcular los costos, la gran mayoría de los productores será declarado culpable de cobrar de más o bien podría ir a la quiebra.
Los consumidores ya anticipan lo que ocurrirá. En últimas semanas, la prensa local informó que los artículos con precios controlados ya se agotaron. Las fuentes dicen que los productos que son difíciles de encontrar en las tiendas, en general, pueden ser comprados a los vendedores ambulantes a los precios de mercado.
Mientras tanto, el gobierno de Chávez alimenta la inflación mediante el incremento del gasto de cara a las elecciones. Tal vez Chávez necesite más de 40 años para curar el pecado original.