A un año de las próximas elecciones presidenciales en Estados
Unidos, el Fiscal General Eric Holder prometió revisar las nuevas leyes
electorales estatales para garantizar el derecho a voto de todos los
ciudadanos. En la primera democracia del mundo, el derecho a voto de las
minorías sigue estando amenazado y se ha ganado la atención permanente
del Departamento de Justicia y su Comisión de Derechos Civiles.
El ex presidente Johnson, encargado de firmar la Ley de Derecho a Voto en 1965 (en la imagen), declaró que “el derecho a votar es un derecho básico, sin el cual el resto de derechos dejan de tener significado”. Holder añadió ayer en su discurso en Texas que este derecho “es la sabia de nuestra democracia”, admitiendo que es además un “imperativo moral”.
Pero aquella regulación que en los 60 ampliaba las competencias de la Comisión de Derechos Civiles para oponerse a leyes electorales o prácticas durante los comicios que eliminen el derecho a voto de los ciudadanos o violen la regulación existente, reconocida en la famosa Sección 5 de la ley electoral también podría estar amenazada: varios legisladores republicanos han solicitado al Tribunal Supremo que la declare inconstitucional. Holder prometió que su departamento seguirá empleando la Sección 5 porque le otorga autoridad para vetar este tipo de leyes hasta completar su revisión, y lamentó que algunos políticos norteamericanos consideren que la sección ya no es necesaria. “Sigue siendo una herramienta crítica para combatir la discriminación y proteger el derecho a voto”.
El ex presidente Johnson, encargado de firmar la Ley de Derecho a Voto en 1965 (en la imagen), declaró que “el derecho a votar es un derecho básico, sin el cual el resto de derechos dejan de tener significado”. Holder añadió ayer en su discurso en Texas que este derecho “es la sabia de nuestra democracia”, admitiendo que es además un “imperativo moral”.
Pero aquella regulación que en los 60 ampliaba las competencias de la Comisión de Derechos Civiles para oponerse a leyes electorales o prácticas durante los comicios que eliminen el derecho a voto de los ciudadanos o violen la regulación existente, reconocida en la famosa Sección 5 de la ley electoral también podría estar amenazada: varios legisladores republicanos han solicitado al Tribunal Supremo que la declare inconstitucional. Holder prometió que su departamento seguirá empleando la Sección 5 porque le otorga autoridad para vetar este tipo de leyes hasta completar su revisión, y lamentó que algunos políticos norteamericanos consideren que la sección ya no es necesaria. “Sigue siendo una herramienta crítica para combatir la discriminación y proteger el derecho a voto”.
“La realidad es que, en todo el país, los métodos de discriminación siguen siendo demasiado habituales”,
dijo holder en su discurso. “Y no tenemos que ir demasiado lejos para
recabar pruebas”. En 2004, por ejemplo, a ciudadanos de minorías étnicas
de Milwaukee les entregaron panfletos que aseguraban que si alguien de
su familia había sido declarado culpable de un crimen, no podían votar
en unas elecciones presidenciales. En las legislativas de dos años
después, 14.000 hispanos de California recibieron cartas escritas en
español en las que les advertían que para un inmigrante “votar en unas
elecciones constituye un delito con pena de cárcel”.
Desde el pasado mes de enero, cuando el Partido Republicano estrenaba su mayoría histórica en la Cámara de Representantes, más de una docena de estados han aprobado nuevas leyes electorales. Todas ellas están siendo inspeccionadas por el Departamento de Justicia, según anunció Holder. Entre ellas, Texas y Carolina del Sur han establecido que no se podrá votar sin presentar un documento de identificación con fotografía -en la actualidad los ciudadanos pueden identificarse con facturas y documentos sin imágenes. La ley podría tener como objetivo disuadir de acercarse a las urnas a las minorías, sobre todo inmigrantes de origen hispano. En Florida, el proceso electoral incluye encargar el registro de votantes a entidades independientes y nuevos cambios en el sistema de voto por correo.
El Tribunal Supremo anunció la semana pasada que estudiará el caso sobre el nuevo diseño de los distritos electorales en Texas, donde una mayoría republicana ha rechazado aumentar el número de legisladores, a pesar de que un aumento de cuatro millones de ciudadanos -registrados por el último Censo, en 2010- le obliga a añadir cuatro puestos. Este incremento beneficiaría a la minoría hispana, responsable del crecimiento de la población en ese estado y cuyos derechos en las próximas elecciones están ahora pendientes de la decisión de la corte superior de justicia.
“Aún así, el mayor obstáculo para el derecho a voto en este país es nuestro anticuado sistema de registro”, reconoció Holder. Según los últimos datos de la Oficina del Censo, de los 75 millones de votantes que no pudieron participar en las últimas elecciones, 60 millones no se habían registrado. Estas cifras son especialmente significativas cuando hablamos de minorías étnicas, especialmente los hispanos, reticentes a participar en encuestas como el censo nacional por miedo a revelar su estatus migratorio o el de sus familiares.
Los defensores de medidas como exigir la presentación de un documento de identidad con fotografía para votar alegan que sólo así conseguirán prevenir fraudes electorales, impidiendo que una misma persona vote varias veces. Sin embargo, a lo largo de la historia, las autoridades del Departamento de Justicia, así como el Tribunal Supremo, han encontrado que el interés de impedir un fraude no debe prevalecer sobre el derecho a voto de los ciudadanos. Aquella decisión llegó en 2008 en relación con la ley electoral del estado de Indiana y solo cuatro años después, los jueces supremos de Estados Unidos deberán pronunciarse, una vez más, sobre el derecho a voto.
Desde el pasado mes de enero, cuando el Partido Republicano estrenaba su mayoría histórica en la Cámara de Representantes, más de una docena de estados han aprobado nuevas leyes electorales. Todas ellas están siendo inspeccionadas por el Departamento de Justicia, según anunció Holder. Entre ellas, Texas y Carolina del Sur han establecido que no se podrá votar sin presentar un documento de identificación con fotografía -en la actualidad los ciudadanos pueden identificarse con facturas y documentos sin imágenes. La ley podría tener como objetivo disuadir de acercarse a las urnas a las minorías, sobre todo inmigrantes de origen hispano. En Florida, el proceso electoral incluye encargar el registro de votantes a entidades independientes y nuevos cambios en el sistema de voto por correo.
El Tribunal Supremo anunció la semana pasada que estudiará el caso sobre el nuevo diseño de los distritos electorales en Texas, donde una mayoría republicana ha rechazado aumentar el número de legisladores, a pesar de que un aumento de cuatro millones de ciudadanos -registrados por el último Censo, en 2010- le obliga a añadir cuatro puestos. Este incremento beneficiaría a la minoría hispana, responsable del crecimiento de la población en ese estado y cuyos derechos en las próximas elecciones están ahora pendientes de la decisión de la corte superior de justicia.
“Aún así, el mayor obstáculo para el derecho a voto en este país es nuestro anticuado sistema de registro”, reconoció Holder. Según los últimos datos de la Oficina del Censo, de los 75 millones de votantes que no pudieron participar en las últimas elecciones, 60 millones no se habían registrado. Estas cifras son especialmente significativas cuando hablamos de minorías étnicas, especialmente los hispanos, reticentes a participar en encuestas como el censo nacional por miedo a revelar su estatus migratorio o el de sus familiares.
Los defensores de medidas como exigir la presentación de un documento de identidad con fotografía para votar alegan que sólo así conseguirán prevenir fraudes electorales, impidiendo que una misma persona vote varias veces. Sin embargo, a lo largo de la historia, las autoridades del Departamento de Justicia, así como el Tribunal Supremo, han encontrado que el interés de impedir un fraude no debe prevalecer sobre el derecho a voto de los ciudadanos. Aquella decisión llegó en 2008 en relación con la ley electoral del estado de Indiana y solo cuatro años después, los jueces supremos de Estados Unidos deberán pronunciarse, una vez más, sobre el derecho a voto.
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