Fachada de la sede del Banco Central Europeo en Fráncfort / Michael Probst (AP)
En lo que parece ser una nueva y peligrosa fase de la crisis, las tensiones generadas por la crisis del euro están comenzando a desestabilizar las democracias europeas. Casi dos años de dudas y divisiones, de falta de coraje y de visión política para adoptar una solución europea están cebando la desafección ciudadana, tanto hacia las democracias nacionales como hacia el propio proyecto europeo. Como hemos visto en Grecia y en Italia, la agudización de la crisis coloca a los líderes políticos entre la espada y la pared. Por un lado, temen que si adoptan nuevas y más severas medidas de austeridad sin una contrapartida en forma de planes de estímulo que garanticen un horizonte de crecimiento económico, los ciudadanos se acabarán volviendo contra ellos y, desde las urnas, las calles o los Parlamentos, llevándoselos por delante. Pero, al mismo tiempo, saben perfectamente que si se resisten a adoptar esas mismas medidas de austeridad, los mercados les penalizarán elevando su prima de riesgo y forzando una intervención exterior, lo que desencadenará su caída, o llevará a que sus socios europeos retiren el apoyo financiero que les venían prestando, lo que también provocará su caída.
En estas circunstancias, el agotamiento de la política tradicional de partidos y la sustitución de los líderes políticos por tecnócratas añaden un elemento sumamente preocupante desde el punto de vista democrático. Tanto el nuevo primer ministro griego, Lukas Papademos, como los nombres que se barajan para futuro primer ministro de Italia, Giuliano Amato o Mario Monti, economistas con destacadas carreras en bancos centrales o instituciones europeas, representan la quintaesencia del tecnócrata. El rechazo de los políticos a someter el control de sus decisiones, pasadas o futuras, a la ciudadanía, vía elecciones anticipadas o referendos, apunta a que estos están bajando los brazos frente a los mercados, que no confían en su capacidad de resolver la crisis y, sobre todo, que sospechan que su legitimidad está agotada. Así, en lugar de asumir su responsabilidad, se apartan a un lado y llaman a técnicos que (supuestamente) carecen de ideología y que (también supuestamente) conocen las soluciones que sacarán a los países de la crisis.
El paso encierra un peligro evidente, pues supone confiar la responsabilidad de gobernar un país que se enfrenta a una grave crisis económica, con graves e inevitables repercusiones sociales, a alguien que no deriva su legitimidad de las urnas, sino de la confianza que en él depositan los mercados y las instituciones internacionales. El problema es que, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional, los tecnócratas solo se legitiman si son capaces de obtener resultados positivos de forma relativamente rápida. Dicho de otra manera: la ciudadanía puede estar dispuesta a aceptar temporalmente y como mal menor una forma benigna de despotismo ilustrado (“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”), pero si los tecnócratas suman su fracaso al de los políticos de partido, las sociedades tendrán la tentación de recurrir al populismo (de izquierdas o de derechas), expresado en hombres-fuertes que no se paren en procedimientos ni detalles democráticos.
El deterioro de la democracia y la amenaza del populismo no solo penden sobre algunas democracias deudoras del sur de Europa. Mientras que en los países deudores una gran parte de la ciudadanía se rebela contra la imposición desde el exterior de medidas de austeridad, simétricamente, en los países acreedores (Alemania, Austria, Eslovaquia, Finlandia y Países Bajos), otra gran parte de la ciudadanía se rebela contra el empeño de sus líderes en seguir financiando los planes de salvamento de los países que sufren de iliquidez o insolvencia o, muy especialmente, contra cualquier solución que implique una nueva transferencia de poder y recursos hacia la Unión Europea.
En muchos de estos países ya hay partidos muy influyentes cuya agenda antieuropea tiene cada vez más apoyo popular, así que no hay que extrañarse de que muchos políticos de esos países se debatan entre ignorar esas demandas ciudadanas, lo que les puede costar el cargo, o seguir alimentado los planes de rescate a los países del Sur, lo que también les puede costar el cargo. Las lágrimas de la primera ministra eslovaca, Iveca Radicova, en el último Consejo Europeo, abroncada por Sarkozy por resistirse a firmar el plan de rescate para Grecia, consciente de que su aprobación suponía el fin de su carrera política y la salida de su partido del Gobierno, son muy reveladores de hasta qué punto la crisis europea se ha convertido en un factor desestabilizador de la política nacional. E incluso en Reino Unido, que no es miembro del euro, se teme que las presiones hacia una mayor unión política y económica que está desencadenando la crisis del euro se resuelvan en sentido contrario, es decir, haciendo imposible evitar un referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, un referéndum que, con toda legitimidad democrática, muchos ciudadanos reclaman en nombre de su derecho a decidir sobre sí mismos y el futuro de su país, y que consideran que se les está hurtando en nombre de unas élites que saben lo que les conviene mejor que ellos.
Por tanto, la crisis está cebando el populismo y la desafección en dos direcciones: los ciudadanos de los países acreedores temen verse arrastrados a una “unión de transferencias” con los ciudadanos de los países deudores, mientras que los ciudadanos de los países deudores recelan cada vez más de unos acreedores a los que simplemente ven como policías de la austeridad sin un proyecto político alternativo que compense la erosión de su democracia. Se trata de un círculo vicioso que se retroalimenta y que tiene importantes y evidentes consecuencias sobre el futuro de la democracia y, en paralelo, del proyecto europeo.
El sentido último de la democracia es que el pueblo se gobierne a sí mismo. Por eso, aunque un gran número de ciudadanos no entiendan al detalle las causas, consecuencias y posibles soluciones de las crisis del euro, sí que tienen clara una cosa: si democracia significa capacidad de decidir, la capacidad de decisión de nuestras democracias es hoy sumamente limitada. El debate habido en España el lunes pasado entre los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno ofrece una prueba muy evidente del dilema en el que viven atrapados los políticos nacionales en toda Europa: en la práctica, saben perfectamente que las soluciones a la crisis están fuera de nuestras fronteras. Si se crea empleo en España o se restaura el crédito a las empresas depende, entre otras cosas, del tipo de medidas que adopte el Banco Central Europeo, de los acuerdos a los que lleguemos con Alemania y otros para estimular la demanda, de si orientamos el presupuesto europeo hacia las grandes inversiones, o de si creamos impuestos sobre las transacciones financieras y las emisiones de carbono. Pero, lógicamente, para ganar el voto de sus ciudadanos, tienen que hacer creer que la solución de la crisis está en sus manos y que incluso tienen margen de maniobra para elegir qué cantidad de austeridad aplican y en qué plazos: de ahí que emplearan tan poco tiempo hablando de cómo construir una Europa que dé soluciones efectivas y duraderas a la crisis.
Al tiempo que la democracia (como capacidad de autogobernarse) se evapora del nivel nacional, no aparece por ningún lado y, especialmente, no reaparece donde debiera hacerlo: en el ámbito europeo. Más bien al contrario, en lugar de reforzar la democracia en el ámbito europeo, la crisis está sirviendo para reforzar la tecnocracia en ambos niveles: en el nacional, poniendo al mando a tecnócratas con amplia experiencia europea, y en el europeo, reforzando la capacidad de los tecnócratas, desde el Banco Central o la Comisión Europea, para supervisar a los Gobiernos de la Unión.
Como ponen de manifiesto las recientes propuestas del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, de reconfigurar las competencias del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el finlandés Olli Rehn, para blindarlo frente a las presiones de otros comisarios (al parecer excesivamente sensibles a los Gobiernos de sus países de origen) y darle nuevos poderes de intervenir en la gestión económica y presupuestaria de los Estados miembros, la crisis del euro está suponiendo la expropiación implícita y por la puerta de atrás de esa capacidad de decisión en la que consiste la democracia, todo ello sin debate ni análisis sobre las consecuencias. Que el siempre excesivamente prudente Barroso y su comisario Rehn se permitieran pedir en público un Gobierno de concentración nacional en Grecia sin reparar en que hasta los muy desprestigiados ciudadanos griegos tienen todavía derecho a un mínimo de dignidad democrática, refleja muy bien hasta dónde han llegado las cosas: a los ojos de muchos, esta Europa de la austeridad donde un portugués y un finlandés no respaldados por las urnas pueden sugerir quién debe gobernar un país se parece sospechosamente al Fondo Monetario Internacional que campeaba por América Latina en los años ochenta imponiendo planes de ajuste sin rendir cuentas ante nadie.
Resulta pues evidente que la crisis del euro y la crisis de las democracias están íntimamente relacionadas, y no podrán ser resueltas la una sin la otra. Aunque la crisis actual se desencadena por el choque financiero que supuso la caída de Lehman Brothers en 2008, la crisis del euro se origina en un doble error de diseño. Fueron muchos los que dijeron entonces que, además de los desequilibrios en el sector público, había que supervisar los desequilibrios en el sector financiero, y controlar la pérdida de competitividad y el deterioro de las balanzas comerciales de los Estados. Pero en tiempos de bonanza, esos errores de diseño, económico y político, fueron ignorados, porque no hay nada más legítimo que lo que funciona bien. El caso es que, desde el punto de vista económico, el euro se lanzó sin estar respaldado por un Tesoro europeo y una política fiscal común. Y en paralelo, la unión económica y monetaria nació sin un sistema político que gozara de la suficiente legitimidad para respaldarla.
La preocupación por la democracia en el ámbito europeo, que emergió tras la rebelión ciudadana contra el proyecto europeo puesta de manifiesto en el rechazo a la Constitución Europea en Francia y los Países Bajos en 2005, y por el auge del euroescepticismo, puesto de manifiesto en las elecciones europeas de 2009, fue dejada en un segundo plano y apartada como algo incómodo. El problema es que, al igual que la bonanza en la que han vivido muchos países europeos, incluido España, durante la última década, tiene que ver con esos errores de diseño del euro, que inundó de dinero barato muchas economías y alimentó los desequilibrios; la recesión en la que nos adentramos ahora también tiene que ver con el diseño de la unión monetaria, con un Banco Central Europeo centrado en la inflación, y no en el crecimiento y el empleo, y sin más capacidad que la de parchear la crisis, pero no de solucionarla definitivamente.
En una Unión Europea boyante, la preocupación democrática era más bien de carácter estético. Pero cuando los errores de diseño en la unión económica y monetaria comienzan a afectar decisivamente la vida diaria y horizontes de futuro de decenas de millones de personas, socavar su capacidad de autogobierno y deteriorar la calidad de la democracia, esa preocupación por cómo se gobierna Europa tiene que volver al centro del debate político.
Nos encontramos ante una situación inédita en la historia de la democracia. Históricamente, la democracia solo ha existido en dos niveles: la polis griega y el Estado-nación. Como sabemos, no hubo transición de una a otra ni coexistencia entre ambas formas: una desapareció y la otra emergió siglos después. A lo que estamos asistiendo ahora es a la difícil coexistencia de la democracia en el ámbito nacional con la emergencia, en el ámbito europeo, de un nuevo centro de poder, una nueva pauta de toma de decisiones que afecta al núcleo central de la democracia. El problema es que al igual que los mecanismos que hicieron funcionar la democracia en la ciudad-Estado no sirvieron para gobernar los Estados-nación, las actuales democracias representativas se están mostrando incapaces de gestionar eficaz y democráticamente ese sistema que está emergiendo en el ámbito europeo.
El gran logro de Europa, su verdadero patrimonio, es haber logrado construir sociedades abiertas regidas por Gobiernos al servicio de los ciudadanos y sometidos a reglas democráticas. Por definición, toda regla es imperfecta, ya que está diseñada por humanos falibles que actúan con un conocimiento limitado e imperfecto de una realidad cambiante, así que esas reglas se han construido trabajosamente, mediante ensayo y error. Ahora, el mantenimiento del carácter esencialmente democrático de nuestras sociedades depende de qué reglas del juego nos dotemos en el nivel europeo para resolver esta crisis.
Esas reglas pueden profundizar la democracia europea o profundizar el deterioro de la democracia en el ámbito nacional. Por eso, en último extremo, esta crisis es política, y sus soluciones son políticas no técnicas, y no deben ser gestionadas por tecnócratas, ni en los Estados, ni en Europa, sino por los ciudadanos y sus representantes legítimos.
En estas circunstancias, el agotamiento de la política tradicional de partidos y la sustitución de los líderes políticos por tecnócratas añaden un elemento sumamente preocupante desde el punto de vista democrático. Tanto el nuevo primer ministro griego, Lukas Papademos, como los nombres que se barajan para futuro primer ministro de Italia, Giuliano Amato o Mario Monti, economistas con destacadas carreras en bancos centrales o instituciones europeas, representan la quintaesencia del tecnócrata. El rechazo de los políticos a someter el control de sus decisiones, pasadas o futuras, a la ciudadanía, vía elecciones anticipadas o referendos, apunta a que estos están bajando los brazos frente a los mercados, que no confían en su capacidad de resolver la crisis y, sobre todo, que sospechan que su legitimidad está agotada. Así, en lugar de asumir su responsabilidad, se apartan a un lado y llaman a técnicos que (supuestamente) carecen de ideología y que (también supuestamente) conocen las soluciones que sacarán a los países de la crisis.
El paso encierra un peligro evidente, pues supone confiar la responsabilidad de gobernar un país que se enfrenta a una grave crisis económica, con graves e inevitables repercusiones sociales, a alguien que no deriva su legitimidad de las urnas, sino de la confianza que en él depositan los mercados y las instituciones internacionales. El problema es que, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional, los tecnócratas solo se legitiman si son capaces de obtener resultados positivos de forma relativamente rápida. Dicho de otra manera: la ciudadanía puede estar dispuesta a aceptar temporalmente y como mal menor una forma benigna de despotismo ilustrado (“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”), pero si los tecnócratas suman su fracaso al de los políticos de partido, las sociedades tendrán la tentación de recurrir al populismo (de izquierdas o de derechas), expresado en hombres-fuertes que no se paren en procedimientos ni detalles democráticos.
El deterioro de la democracia y la amenaza del populismo no solo penden sobre algunas democracias deudoras del sur de Europa. Mientras que en los países deudores una gran parte de la ciudadanía se rebela contra la imposición desde el exterior de medidas de austeridad, simétricamente, en los países acreedores (Alemania, Austria, Eslovaquia, Finlandia y Países Bajos), otra gran parte de la ciudadanía se rebela contra el empeño de sus líderes en seguir financiando los planes de salvamento de los países que sufren de iliquidez o insolvencia o, muy especialmente, contra cualquier solución que implique una nueva transferencia de poder y recursos hacia la Unión Europea.
En muchos de estos países ya hay partidos muy influyentes cuya agenda antieuropea tiene cada vez más apoyo popular, así que no hay que extrañarse de que muchos políticos de esos países se debatan entre ignorar esas demandas ciudadanas, lo que les puede costar el cargo, o seguir alimentado los planes de rescate a los países del Sur, lo que también les puede costar el cargo. Las lágrimas de la primera ministra eslovaca, Iveca Radicova, en el último Consejo Europeo, abroncada por Sarkozy por resistirse a firmar el plan de rescate para Grecia, consciente de que su aprobación suponía el fin de su carrera política y la salida de su partido del Gobierno, son muy reveladores de hasta qué punto la crisis europea se ha convertido en un factor desestabilizador de la política nacional. E incluso en Reino Unido, que no es miembro del euro, se teme que las presiones hacia una mayor unión política y económica que está desencadenando la crisis del euro se resuelvan en sentido contrario, es decir, haciendo imposible evitar un referéndum sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, un referéndum que, con toda legitimidad democrática, muchos ciudadanos reclaman en nombre de su derecho a decidir sobre sí mismos y el futuro de su país, y que consideran que se les está hurtando en nombre de unas élites que saben lo que les conviene mejor que ellos.
Por tanto, la crisis está cebando el populismo y la desafección en dos direcciones: los ciudadanos de los países acreedores temen verse arrastrados a una “unión de transferencias” con los ciudadanos de los países deudores, mientras que los ciudadanos de los países deudores recelan cada vez más de unos acreedores a los que simplemente ven como policías de la austeridad sin un proyecto político alternativo que compense la erosión de su democracia. Se trata de un círculo vicioso que se retroalimenta y que tiene importantes y evidentes consecuencias sobre el futuro de la democracia y, en paralelo, del proyecto europeo.
El sentido último de la democracia es que el pueblo se gobierne a sí mismo. Por eso, aunque un gran número de ciudadanos no entiendan al detalle las causas, consecuencias y posibles soluciones de las crisis del euro, sí que tienen clara una cosa: si democracia significa capacidad de decidir, la capacidad de decisión de nuestras democracias es hoy sumamente limitada. El debate habido en España el lunes pasado entre los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno ofrece una prueba muy evidente del dilema en el que viven atrapados los políticos nacionales en toda Europa: en la práctica, saben perfectamente que las soluciones a la crisis están fuera de nuestras fronteras. Si se crea empleo en España o se restaura el crédito a las empresas depende, entre otras cosas, del tipo de medidas que adopte el Banco Central Europeo, de los acuerdos a los que lleguemos con Alemania y otros para estimular la demanda, de si orientamos el presupuesto europeo hacia las grandes inversiones, o de si creamos impuestos sobre las transacciones financieras y las emisiones de carbono. Pero, lógicamente, para ganar el voto de sus ciudadanos, tienen que hacer creer que la solución de la crisis está en sus manos y que incluso tienen margen de maniobra para elegir qué cantidad de austeridad aplican y en qué plazos: de ahí que emplearan tan poco tiempo hablando de cómo construir una Europa que dé soluciones efectivas y duraderas a la crisis.
Al tiempo que la democracia (como capacidad de autogobernarse) se evapora del nivel nacional, no aparece por ningún lado y, especialmente, no reaparece donde debiera hacerlo: en el ámbito europeo. Más bien al contrario, en lugar de reforzar la democracia en el ámbito europeo, la crisis está sirviendo para reforzar la tecnocracia en ambos niveles: en el nacional, poniendo al mando a tecnócratas con amplia experiencia europea, y en el europeo, reforzando la capacidad de los tecnócratas, desde el Banco Central o la Comisión Europea, para supervisar a los Gobiernos de la Unión.
Como ponen de manifiesto las recientes propuestas del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, de reconfigurar las competencias del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el finlandés Olli Rehn, para blindarlo frente a las presiones de otros comisarios (al parecer excesivamente sensibles a los Gobiernos de sus países de origen) y darle nuevos poderes de intervenir en la gestión económica y presupuestaria de los Estados miembros, la crisis del euro está suponiendo la expropiación implícita y por la puerta de atrás de esa capacidad de decisión en la que consiste la democracia, todo ello sin debate ni análisis sobre las consecuencias. Que el siempre excesivamente prudente Barroso y su comisario Rehn se permitieran pedir en público un Gobierno de concentración nacional en Grecia sin reparar en que hasta los muy desprestigiados ciudadanos griegos tienen todavía derecho a un mínimo de dignidad democrática, refleja muy bien hasta dónde han llegado las cosas: a los ojos de muchos, esta Europa de la austeridad donde un portugués y un finlandés no respaldados por las urnas pueden sugerir quién debe gobernar un país se parece sospechosamente al Fondo Monetario Internacional que campeaba por América Latina en los años ochenta imponiendo planes de ajuste sin rendir cuentas ante nadie.
Resulta pues evidente que la crisis del euro y la crisis de las democracias están íntimamente relacionadas, y no podrán ser resueltas la una sin la otra. Aunque la crisis actual se desencadena por el choque financiero que supuso la caída de Lehman Brothers en 2008, la crisis del euro se origina en un doble error de diseño. Fueron muchos los que dijeron entonces que, además de los desequilibrios en el sector público, había que supervisar los desequilibrios en el sector financiero, y controlar la pérdida de competitividad y el deterioro de las balanzas comerciales de los Estados. Pero en tiempos de bonanza, esos errores de diseño, económico y político, fueron ignorados, porque no hay nada más legítimo que lo que funciona bien. El caso es que, desde el punto de vista económico, el euro se lanzó sin estar respaldado por un Tesoro europeo y una política fiscal común. Y en paralelo, la unión económica y monetaria nació sin un sistema político que gozara de la suficiente legitimidad para respaldarla.
La preocupación por la democracia en el ámbito europeo, que emergió tras la rebelión ciudadana contra el proyecto europeo puesta de manifiesto en el rechazo a la Constitución Europea en Francia y los Países Bajos en 2005, y por el auge del euroescepticismo, puesto de manifiesto en las elecciones europeas de 2009, fue dejada en un segundo plano y apartada como algo incómodo. El problema es que, al igual que la bonanza en la que han vivido muchos países europeos, incluido España, durante la última década, tiene que ver con esos errores de diseño del euro, que inundó de dinero barato muchas economías y alimentó los desequilibrios; la recesión en la que nos adentramos ahora también tiene que ver con el diseño de la unión monetaria, con un Banco Central Europeo centrado en la inflación, y no en el crecimiento y el empleo, y sin más capacidad que la de parchear la crisis, pero no de solucionarla definitivamente.
En una Unión Europea boyante, la preocupación democrática era más bien de carácter estético. Pero cuando los errores de diseño en la unión económica y monetaria comienzan a afectar decisivamente la vida diaria y horizontes de futuro de decenas de millones de personas, socavar su capacidad de autogobierno y deteriorar la calidad de la democracia, esa preocupación por cómo se gobierna Europa tiene que volver al centro del debate político.
Nos encontramos ante una situación inédita en la historia de la democracia. Históricamente, la democracia solo ha existido en dos niveles: la polis griega y el Estado-nación. Como sabemos, no hubo transición de una a otra ni coexistencia entre ambas formas: una desapareció y la otra emergió siglos después. A lo que estamos asistiendo ahora es a la difícil coexistencia de la democracia en el ámbito nacional con la emergencia, en el ámbito europeo, de un nuevo centro de poder, una nueva pauta de toma de decisiones que afecta al núcleo central de la democracia. El problema es que al igual que los mecanismos que hicieron funcionar la democracia en la ciudad-Estado no sirvieron para gobernar los Estados-nación, las actuales democracias representativas se están mostrando incapaces de gestionar eficaz y democráticamente ese sistema que está emergiendo en el ámbito europeo.
El gran logro de Europa, su verdadero patrimonio, es haber logrado construir sociedades abiertas regidas por Gobiernos al servicio de los ciudadanos y sometidos a reglas democráticas. Por definición, toda regla es imperfecta, ya que está diseñada por humanos falibles que actúan con un conocimiento limitado e imperfecto de una realidad cambiante, así que esas reglas se han construido trabajosamente, mediante ensayo y error. Ahora, el mantenimiento del carácter esencialmente democrático de nuestras sociedades depende de qué reglas del juego nos dotemos en el nivel europeo para resolver esta crisis.
Esas reglas pueden profundizar la democracia europea o profundizar el deterioro de la democracia en el ámbito nacional. Por eso, en último extremo, esta crisis es política, y sus soluciones son políticas no técnicas, y no deben ser gestionadas por tecnócratas, ni en los Estados, ni en Europa, sino por los ciudadanos y sus representantes legítimos.
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