Urgen liderazgos ciudadanos que, lejos de los “intereses” de los partidos, sigan trabajando por una mayor apertura de espacios.
Martín Espinosa
Ha comenzado la lucha electoral entre quienes se disputan una candidatura rumbo a la Presidencia del país el año próximo, justo cuando declina el año. Durante los próximos dos meses se transmitirán a través de los medios electrónicos más de cinco millones de spots propagandísticos de precandidatos y sus respectivos partidos políticos que contenderán en las elecciones federales de 2012.
Lo más seguro es que caigan en “tierra infértil” debido al escepticismo que han provocado casi 12 años de falta de rumbo para el país, que hoy enfrenta innumerables retos, ya no nada más políticos sino sociales, económicos, pero sobre todo de refundación de sus instituciones, socavadas por el ejercicio por parte de una élite política que ya se desgastó y no ofrece cuadros nuevos para sacar a la nación del bache en que se encuentra.
El comentario generalizado que escucho en las calles, los restaurantes, los cafés y en cualquier rincón de México, es que “no hay para dónde hacerse”. Más de lo mismo, dicen algunos. Los intelectuales, tan activos recientemente por aquello de la confusión de autores y títulos de libros famosos por parte de quienes quieren gobernar al país, han llegado a decir que ninguno de los precandidatos garantiza “la mano sobre el timón” que se requiere para transformar la realidad lacerante que nos agobia.
Es más, quienes fungirán como árbitros de la contienda federal —ya completos, por cierto— advierten “focos rojos” en diversas partes del territorio nacional donde el narco y su violencia han ocupado los espacios que durante muchos años dejó abandonados el anterior régimen político. La pregunta es: ¿cómo podrá el IFE garantizar que el crimen organizado no vuelva a “meter las manos” como lo hizo en Michoacán, recientemente?
Nada asegura que a pesar del presupuesto multimillonario que recibirán nuestros consejeros electorales puedan frenar la intromisión de los intereses del crimen organizado que, como ya vimos, han “copado” las instituciones con la complicidad de algunos gobernantes que no han tenido empacho en pactar con los criminales para conservar el poder o recuperarlo en caso de haberlo perdido.
Resulta un insulto y una afrenta ética y moral contra los más pobres, que casi suman la mitad de la población del país, el dineral que se gastan partidos, candidatos y organizadores de las elecciones, que no han tenido empacho en “autorrecetarse” miles de millones de pesos, más bonos y prestaciones, por el trabajo que realizan.
Por más acuerdos que se firmen entre instituciones para garantizar “seguridad, paz social y normalidad” durante los comicios del año próximo, nada garantiza que en muchas regiones las “cúpulas de poder” ya estén infiltradas de tiempo atrás por quienes, con tal de no perder sus cotos y privilegios, riegan violencia como ingrediente de temor entre la población, que prefiere abandonar sus regiones bajo el temor de seguir viviendo en la zozobra y la falta de oportunidades.
Por ello urgen liderazgos ciudadanos que, lejos de los “intereses” de los partidos, sigan trabajando por una mayor apertura de espacios que prometan regresar a la gente a las urnas y desactiven movimientos como el llamado “voto blanco”, que evidencia el desencanto social ante la falta de políticos generosos e interesados en los problemas de la gente. Pero eso tendrá que esperar. Por lo pronto, la reforma política en el Congreso lo dejó para después.
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