-Todo puede pasar en un proceso electoral polarizado.
Y por eso se puede asegurar que todos están en riesgo.
Ricardo Alemán 
Si recordamos el asesinato de Luis Donaldo Colosio —que bien a bien nadie aclaró a plenitud—, y si rescatamos de la memoria el crimen del candidato al gobierno de Tamaulipas, el priista Rodolfo Torre Cantú —también en el olvido—, la pregunta anterior no parece ociosa.
Pero si recurrimos a las elecciones celebradas en Michoacán el pasado 13 de noviembre, y al clima de violencia desatado por las bandas criminales antes, durante y después de ese proceso electoral local —incluido el crimen artero del alcalde de La Piedad, Ricardo Guzmán, cuando realizaba campaña electoral—, entonces la pregunta adquiere matices de verdadera preocupación.
Y en efecto, si preguntamos sobre la existencia de condiciones para que las bandas criminales intenten matar a un candidato presidencial, lo cierto es que la respuesta resulta escalofriante. Por donde se quiera ver, la respuesta es afirmativa. Sí, existen todas las condiciones para que tal o cual grupo criminal intente lanzar un atentado contra un candidato presidencial.
Y por supuesto que no se trata de adoptar una postura extrema, alarmista o irresponsable. No, simple y llanamente basta con pulsar la forma en que la violencia y el crimen se han entreverado con procesos electorales como el de Michoacán —entre muchos otros—, para concluir que existe un riesgo real y latente de que el crimen organizado se meta en los procesos electorales federales de 2012 y, en el extremo, decida atentar contra un candidato presidencial.
Y precisamente de todo eso se empeñó en hablar —en las semanas recientes— el presidente Calderón, quien apenas el pasado viernes pidió a los partidos y líderes sociales y políticos “unidad, en lugar de confrontación, ante las amenazas del crimen, que se ciernen contra activistas sociales, periodistas, candidatos, partidos y procesos electorales”.
Gritos y amenazas.
Sin embargo, está claro que un llamado de alerta como el que durante semanas ha enarbolado Felipe Calderón puede ser entendido como una maniobra político-electoral. De hecho, no resultaría descartable que el Presidente busque un beneficio político-electoral con esa estrategia.
Pero más allá de los beneficios que pueda buscar el Presidente —y que todos lo buscan en tiempos político-electorales—, lo cierto es que sí existen las condiciones para pensar en la posibilidad de atentar contra un candidato presidencial. ¿Y cuáles son esas condiciones? Vamos por partes.
Primero, vale la pena preguntar lo que hay detrás del intento de las bandas criminales —sean del crimen organizado, sean del narcotráfico—, al apoderarse de determinadas alcaldías y jefaturas de policía municipales, y por el control de tal o cual entidad del país, sea por la fuerza, la amenaza o, en el extremo, el pago de campañas y el triunfo electoral. Está claro que los criminales pretenden el control político y policiaco de los municipios y de los estados que son clave para su actividad criminal.
Ahora bien, cuando esas bandas no logran cooptar al alcalde y a sus policías por los medios convencionales —la amenaza y el dinero; la plata o el plomo—, y cuando los candidatos a alcaldes y/o diputados no aceptaron ser financiados en sus campañas por las bandas del crimen, entonces aparecen los métodos extremos: el asesinato, la desaparición, la amenaza a la familia, la quema de la casa, el crimen de un familiar o, de manera directa, el asesinato del implicado.
Ciegos y sordos.
Todo eso ocurrió en Michoacán, antes, durante y después de las pasadas elecciones del 13 de noviembre. Aquí denunciamos —por si lo olvidaron— que el crimen sacó de la contienda a poco más de 50 candidatos de los distintos partidos y a diversos puestos de elección popular, mediante el método de la amenaza de muerte. ¿Y a qué amo creen que responden los candidatos que relevaron a los aspirantes que fueron bajados por presiones del narcotráfico y el crimen organizado? No sirven al partido que los postuló y menos a una doctrina política.
Está claro que sirven a quienes les regalaron la candidatura y el dinero para ganar: a las bandas criminales. Y el escándalo es tal que hoy en Michoacán un número no determinado de alcaldes, regidores y diputados locales, están en funciones gracias a sus padrinos políticos y financieros: los criminales, que mantienen el poder fáctico en importantes regiones de esa entidad.
¿Y qué dicen de eso los líderes del PRI, del PAN y del PRD?, ¿qué dicen alcaldes, gobernadores, candidatos presidenciales? No dicen nada porque les conviene callar, porque prefieren de aliados silenciosos a los criminales o —lo peor y más lamentable— porque sólo les importa el poder por el poder, a pesar de que sea gracias al apoyo del crimen organizado.
Pero vamos más allá. ¿Por qué los criminales organizados mataron a un virtual gobernador como Rodolfo Torre Cantú?, ¿por qué los criminales mataron a un alcalde como el de La Piedad?
Los mataron porque posiblemente se cerraron todos los caminos de la negociación entre políticos y bandas criminales, y porque probablemente los políticos se negaron a transar con tal o cual banda criminal.
¿Por qué las bandas del crimen organizado y el narcotráfico han matado a decenas de periodistas y activistas sociales? Está claro que los mataron porque significaban un peligro para los criminales y porque de esa manera silenciaban voces entrenadas para la denuncia de fechorías criminales.
Nadie está a salvo
Y frente a una criminalidad desbordada que coopta cada vez más espacios de poder y que ha llegado al extremo de asesinar, no sólo a policías y alcaldes, sino a un virtual gobernador, a periodistas y líderes sociales entrenados en la denuncia; que corrompe jueces, calla medios, que ha infiltrado sociedades completas a grupos empresariales; que corrompen al clero católico, financia candidaturas a puestos de elección popular y hasta han metido a San Lázaro a un narcodiputado, los criminales organizados y los barones de la droga no están lejos de meterse a la contienda presidencial y, en el extremo, atentar contra el candidato presidencial incómodo a sus intereses.
¿Y cuál sería ese candidato? Aquel que se atreva a decir que su prioridad será combatir al crimen. ¿Por qué?
Porque podrán decir misa los detractores de Felipe Calderón; podrán recurrir al barato expediente de “los muertos de Calderón”, pero lo cierto es que las bandas criminales no soportarán un segundo gobierno como el de Calderón. Al tiempo
EN EL CAMINO.
El amor y la paz por decreto… ¿Quién lo dijo… quien? ¡Claro..! Hugo Chávez, el dictador bananero.
Pero si recurrimos a las elecciones celebradas en Michoacán el pasado 13 de noviembre, y al clima de violencia desatado por las bandas criminales antes, durante y después de ese proceso electoral local —incluido el crimen artero del alcalde de La Piedad, Ricardo Guzmán, cuando realizaba campaña electoral—, entonces la pregunta adquiere matices de verdadera preocupación.
Y en efecto, si preguntamos sobre la existencia de condiciones para que las bandas criminales intenten matar a un candidato presidencial, lo cierto es que la respuesta resulta escalofriante. Por donde se quiera ver, la respuesta es afirmativa. Sí, existen todas las condiciones para que tal o cual grupo criminal intente lanzar un atentado contra un candidato presidencial.
Y por supuesto que no se trata de adoptar una postura extrema, alarmista o irresponsable. No, simple y llanamente basta con pulsar la forma en que la violencia y el crimen se han entreverado con procesos electorales como el de Michoacán —entre muchos otros—, para concluir que existe un riesgo real y latente de que el crimen organizado se meta en los procesos electorales federales de 2012 y, en el extremo, decida atentar contra un candidato presidencial.
Y precisamente de todo eso se empeñó en hablar —en las semanas recientes— el presidente Calderón, quien apenas el pasado viernes pidió a los partidos y líderes sociales y políticos “unidad, en lugar de confrontación, ante las amenazas del crimen, que se ciernen contra activistas sociales, periodistas, candidatos, partidos y procesos electorales”.
Gritos y amenazas.
Sin embargo, está claro que un llamado de alerta como el que durante semanas ha enarbolado Felipe Calderón puede ser entendido como una maniobra político-electoral. De hecho, no resultaría descartable que el Presidente busque un beneficio político-electoral con esa estrategia.
Pero más allá de los beneficios que pueda buscar el Presidente —y que todos lo buscan en tiempos político-electorales—, lo cierto es que sí existen las condiciones para pensar en la posibilidad de atentar contra un candidato presidencial. ¿Y cuáles son esas condiciones? Vamos por partes.
Primero, vale la pena preguntar lo que hay detrás del intento de las bandas criminales —sean del crimen organizado, sean del narcotráfico—, al apoderarse de determinadas alcaldías y jefaturas de policía municipales, y por el control de tal o cual entidad del país, sea por la fuerza, la amenaza o, en el extremo, el pago de campañas y el triunfo electoral. Está claro que los criminales pretenden el control político y policiaco de los municipios y de los estados que son clave para su actividad criminal.
Ahora bien, cuando esas bandas no logran cooptar al alcalde y a sus policías por los medios convencionales —la amenaza y el dinero; la plata o el plomo—, y cuando los candidatos a alcaldes y/o diputados no aceptaron ser financiados en sus campañas por las bandas del crimen, entonces aparecen los métodos extremos: el asesinato, la desaparición, la amenaza a la familia, la quema de la casa, el crimen de un familiar o, de manera directa, el asesinato del implicado.
Ciegos y sordos.
Todo eso ocurrió en Michoacán, antes, durante y después de las pasadas elecciones del 13 de noviembre. Aquí denunciamos —por si lo olvidaron— que el crimen sacó de la contienda a poco más de 50 candidatos de los distintos partidos y a diversos puestos de elección popular, mediante el método de la amenaza de muerte. ¿Y a qué amo creen que responden los candidatos que relevaron a los aspirantes que fueron bajados por presiones del narcotráfico y el crimen organizado? No sirven al partido que los postuló y menos a una doctrina política.
Está claro que sirven a quienes les regalaron la candidatura y el dinero para ganar: a las bandas criminales. Y el escándalo es tal que hoy en Michoacán un número no determinado de alcaldes, regidores y diputados locales, están en funciones gracias a sus padrinos políticos y financieros: los criminales, que mantienen el poder fáctico en importantes regiones de esa entidad.
¿Y qué dicen de eso los líderes del PRI, del PAN y del PRD?, ¿qué dicen alcaldes, gobernadores, candidatos presidenciales? No dicen nada porque les conviene callar, porque prefieren de aliados silenciosos a los criminales o —lo peor y más lamentable— porque sólo les importa el poder por el poder, a pesar de que sea gracias al apoyo del crimen organizado.
Pero vamos más allá. ¿Por qué los criminales organizados mataron a un virtual gobernador como Rodolfo Torre Cantú?, ¿por qué los criminales mataron a un alcalde como el de La Piedad?
Los mataron porque posiblemente se cerraron todos los caminos de la negociación entre políticos y bandas criminales, y porque probablemente los políticos se negaron a transar con tal o cual banda criminal.
¿Por qué las bandas del crimen organizado y el narcotráfico han matado a decenas de periodistas y activistas sociales? Está claro que los mataron porque significaban un peligro para los criminales y porque de esa manera silenciaban voces entrenadas para la denuncia de fechorías criminales.
Nadie está a salvo
Y frente a una criminalidad desbordada que coopta cada vez más espacios de poder y que ha llegado al extremo de asesinar, no sólo a policías y alcaldes, sino a un virtual gobernador, a periodistas y líderes sociales entrenados en la denuncia; que corrompe jueces, calla medios, que ha infiltrado sociedades completas a grupos empresariales; que corrompen al clero católico, financia candidaturas a puestos de elección popular y hasta han metido a San Lázaro a un narcodiputado, los criminales organizados y los barones de la droga no están lejos de meterse a la contienda presidencial y, en el extremo, atentar contra el candidato presidencial incómodo a sus intereses.
¿Y cuál sería ese candidato? Aquel que se atreva a decir que su prioridad será combatir al crimen. ¿Por qué?
Porque podrán decir misa los detractores de Felipe Calderón; podrán recurrir al barato expediente de “los muertos de Calderón”, pero lo cierto es que las bandas criminales no soportarán un segundo gobierno como el de Calderón. Al tiempo
EN EL CAMINO.
El amor y la paz por decreto… ¿Quién lo dijo… quien? ¡Claro..! Hugo Chávez, el dictador bananero.
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