Editorial -
El ranking sobre Libertad Económica
2012, elaborado por The Heritage Foundation y The Wall Street Journal,
situó a Chile entre las 10 economías más competitivas del mundo (séptimo
lugar), algo que no ocurría desde 2008. De acuerdo con el estudio,
entre las razones para este repunte se cuentan las mejoras en derechos
de propiedad, combate a la corrupción y libertad monetaria. Los
investigadores encargados de levantar los datos en Chile destacan que la
Agenda de Impulso Competitivo, que fue lanzada por el ex ministro de
Economía Juan Andrés Fontaine, fue un factor relevante para mejorar en
lo relativo a la libertad para hacer negocios.
Los resultados del ranking constituyen
una poderosa muestra de la virtuosa combinación que supone para los
países facilitar el emprendimiento privado junto con un manejo
disciplinado de las finanzas públicas. Sin embargo, este logro, que
prestigia a Chile -y que se ha traducido en beneficios concretos, como
una significativa reducción de la pobreza-, parece contrastar con la
sensación de disconformidad que se observa en algunos sectores, ante lo
cual la respuesta de ciertos grupos políticos ha sido abogar porque el
Estado vuelva a adquirir un rol protagónico, entregándole una mayor
preponderancia en actividades que hoy son servidas por el sector
privado. En la misma línea parece ir el propósito de subir los impuestos
a las empresas, sin que aún exista un objetivo claro y cuantificable de
cuánto se pretende recaudar y hacia dónde se pretende destinar estos
recursos.
Aunque el modelo asistencialista puede
ser visto como una solución efectiva para los problemas, a mediano y
largo plazo podría terminar por debilitar un sistema que ha logrado
crear riqueza basado en la iniciativa privada, mejorando la calidad de
vida de los chilenos y generando crecimiento económico.
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