Depende de la calidad de sus instituciones, el respeto de los derechos de propiedad y el ambiente de negocios.
Ángel Verdugo
Una de las cantaletas —muy
desgastada, por cierto— que sueltan a la menor provocación no pocos de
nuestros gobernantes en América Latina, es la que relaciona una
carretera con la competitividad de sus economías.
Lo que evidencian nuestros gobernantes con esta visión es que no buscan que el país alcance mayores niveles de competitividad, sino sólo impresionar a quien los oye; no pocos de ellos piensan que éste, al oír “competitividad” pensará: ¡Qué fregón es nuestro Presidente! Eso es todo; rara vez hay algo más que esto.
El concepto mismo de la competitividad —más difícil definirlo que medirlo—, nos es ajeno en la región; no forma parte del conjunto de valores que como sociedades tenemos en alta estima y el gobernante, por más que afirme estar interesado en promover que tales o cuales actividades sean más competitivas, ni siquiera entiende el concepto y menos los cambios que implica.
Por otra parte, dada aquella dificultad, varios “think tanks” han desarrollado metodologías que buscan medirla para, con base en la calificación obtenida, promover los cambios obligados que mejorarían la evaluación original.
La metodología desarrollada por la famosa escuela suiza, el IMD —International Institute for Management Development—, toma cuatro factores y 20 subfactores mientras que la del World Economic Forum —el negocito del Señor Klaus Schwab—, considera “12 pilares de la competitividad” agrupados a su vez, en tres grandes apartados.
Al final, ambas metodologías obtienen una calificación para cada país la cual permite ubicar a éste en su “nivel de competitividad” frente a otros calificados de la misma manera; es decir, con la misma metodología.
Tanto en la metodología de los “factores” como en la de los “pilares”, aparece “la infraestructura” como elemento a ser tomado en cuenta pero, en modo alguno es el fundamental; lo que en realidad es determinante para que éste o aquel país sea más competitivo que otro y que ambas metodologías toman muy en cuenta, son sus instituciones y las leyes que se han dado así como el respeto de las mismas.
Dicho de otra manera, la competitividad de un país depende, más de la calidad de sus instituciones y el respeto de los derechos de propiedad y el ambiente de negocios que estos elementos estimulan, que de la terminación de una o dos carreteras. Es más, una carretera no nos da mejores instituciones, pero tener éstas sí ayuda a obtener la inversión requerida para construir aquéllas.
¿Por qué entonces ligar una carretera con la competitividad del país? Por la ignorancia del gobernante y su inclinación a la demagogia; por ser más fácil construir una carretera que derogar leyes que perpetúan privilegios y limitaciones estructurales; por ser más fácil emocionar a la galería que convencerla de la necesidad de actualizar leyes que impiden el crecimiento, dificultan elevar la productividad e imposibilitan alcanzar niveles de competitividad que permitirían, a ésta o aquella actividad, ganar nuevos mercados y defender los actuales.
Por eso, cada vez que un funcionario —así sea el mismo Presidente de la República— afirme que esta carretera eleva la competitividad de nuestro país, ríase.
Con carreteras del siglo XXI y leyes del XIX, lo único que lograremos elevar será el gasto público, no la competitividad; ésta, como señalé, la determinan las buenas leyes y su respeto, no las obritas que festinan los demagogos.
Lo que evidencian nuestros gobernantes con esta visión es que no buscan que el país alcance mayores niveles de competitividad, sino sólo impresionar a quien los oye; no pocos de ellos piensan que éste, al oír “competitividad” pensará: ¡Qué fregón es nuestro Presidente! Eso es todo; rara vez hay algo más que esto.
El concepto mismo de la competitividad —más difícil definirlo que medirlo—, nos es ajeno en la región; no forma parte del conjunto de valores que como sociedades tenemos en alta estima y el gobernante, por más que afirme estar interesado en promover que tales o cuales actividades sean más competitivas, ni siquiera entiende el concepto y menos los cambios que implica.
Por otra parte, dada aquella dificultad, varios “think tanks” han desarrollado metodologías que buscan medirla para, con base en la calificación obtenida, promover los cambios obligados que mejorarían la evaluación original.
La metodología desarrollada por la famosa escuela suiza, el IMD —International Institute for Management Development—, toma cuatro factores y 20 subfactores mientras que la del World Economic Forum —el negocito del Señor Klaus Schwab—, considera “12 pilares de la competitividad” agrupados a su vez, en tres grandes apartados.
Al final, ambas metodologías obtienen una calificación para cada país la cual permite ubicar a éste en su “nivel de competitividad” frente a otros calificados de la misma manera; es decir, con la misma metodología.
Tanto en la metodología de los “factores” como en la de los “pilares”, aparece “la infraestructura” como elemento a ser tomado en cuenta pero, en modo alguno es el fundamental; lo que en realidad es determinante para que éste o aquel país sea más competitivo que otro y que ambas metodologías toman muy en cuenta, son sus instituciones y las leyes que se han dado así como el respeto de las mismas.
Dicho de otra manera, la competitividad de un país depende, más de la calidad de sus instituciones y el respeto de los derechos de propiedad y el ambiente de negocios que estos elementos estimulan, que de la terminación de una o dos carreteras. Es más, una carretera no nos da mejores instituciones, pero tener éstas sí ayuda a obtener la inversión requerida para construir aquéllas.
¿Por qué entonces ligar una carretera con la competitividad del país? Por la ignorancia del gobernante y su inclinación a la demagogia; por ser más fácil construir una carretera que derogar leyes que perpetúan privilegios y limitaciones estructurales; por ser más fácil emocionar a la galería que convencerla de la necesidad de actualizar leyes que impiden el crecimiento, dificultan elevar la productividad e imposibilitan alcanzar niveles de competitividad que permitirían, a ésta o aquella actividad, ganar nuevos mercados y defender los actuales.
Por eso, cada vez que un funcionario —así sea el mismo Presidente de la República— afirme que esta carretera eleva la competitividad de nuestro país, ríase.
Con carreteras del siglo XXI y leyes del XIX, lo único que lograremos elevar será el gasto público, no la competitividad; ésta, como señalé, la determinan las buenas leyes y su respeto, no las obritas que festinan los demagogos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario