por Julian Sanchez
Julian Sanchez es académico titular de investigaciones del Cato Institute.
Algunos de los sitios de Internet más populares— incluyendo a
Wikipedia y Reddit— se “apagaron” este miércoles como protesta contra la
Ley para Detener la Piratería en Internet (SOPA, por sus siglas en inglés) y la Ley para Proteger la Propiedad Intelectual (PIPA),
propuestas legislativas que pretenden regular el Internet en el nombre
de proteger los derechos de autor. Las industrias cinematográficas y
musicales han lanzado todo su peso a favor de estas iniciativas con
multimillonarias donaciones y campañas de lobby, pero si por la víspera
se saca el día, sus esfuerzos no serán suficientes dada la enorme
oposición que han despertado por parte de empresarios tecnológicos y
usuarios comunes de Internet.
El objetivo de SOPA y PIPA es bastante legítimo: combatir a los
violadores de derechos de autor y falsificadores que administran sitios
fuera del alcance de la jurisdicción de las cortes estadounidenses. El
problema es el método. Estas leyes le dan el poder al Fiscal General de
obligar a miles de proveedores de Internet a bloquear supuestos “sitios ilegales”,
forzando a los buscadores a editar sus resultados y requiriendo que las
redes de de publicidad y los procesadores de pagos corten su relación
con estos sitios.
Los partidarios de SOPA han adoptado como resolución de Año Nuevo
presionar por la aprobación inmediata de estas leyes, ignorando las
solicitudes para consultar la opinión de expertos sobre las posibles
consecuencias de la ley. Como han indicado los mismos expertos en
seguridad cibernética del gobierno estadounidense en Sandia National
Labs, la medida “probablemente no será efectiva”. Cualquiera con algo de
conocimiento técnico puede fácilmente evadir los bloqueos propuestos
mediante un sinnúmero de simples medidas.
Para los ignorantes en materia de computadoras, ya existen varias
herramientas de evasión que requieren de tan solo un solo clic. Como
hemos visto una y otra vez a lo largo de la última década, cerrar sitios
y servicios piratas al final de cuentas hace poco para dificultar la
piratería. Pero SOPA no solo sería una medida cara e inútil, también
desalentaría la innovación, interferiría con la expresión legal
protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense
y (como lo han dicho los expertos en Sandia) “afectaría de manera
negativa a la seguridad cibernética de EE.UU. y del mundo y a la
funcionalidad del Internet”.
Con SOPA, cualquier sitio extranjero que permita a los usuarios cargar
—o tan siquiera enlazar a— contenido podría ser denominado por error
como un “sitio ilegal”, ser clausurado y ser privado de ingresos hasta
que pueda comprobar su inocencia en una corte estadounidense. Este es el
tipo de riesgo que hace que los inversionistas salgan corriendo —y la
razón por la que los empresarios de tecnología están entre los que más
se han opuesto a la ley SOPA.
Más de 100 destacados expertos constitucionalistas se han unido a la
oposición. Ellos señalan que bloquear nombres de dominio enteros de
sitios Web luego de una audiencia en la que solo se escucha a una parte
inevitablemente acabará con los foros de discusión donde la expresión
legal coexiste con enlaces a contenido violatorio. También bloqueará el
acceso de los estadounidenses a sus propios archivos legales además del
material pirateado —como ya ha ocurrido con las autoridades actuales.
Dicho acto de “cohibición previa” contradice por completo las
tradiciones de protección a la expresión contempladas en la Primera
Enmienda.
Aún más preocupante, SOPA llevaría a la creación de una sofisticada arquitectura legal y tecnológica para la censura
—una sola lista negra de Internet implementada a lo largo de todo el
país. Una vez que esa estructura esté en pie, sería muy fácil y
demasiado tentador para los gobiernos futuros usar esa lista negra para
otros propósitos. Los ciudadanos tendrían que confiar que el Estado solo
bloqueará los sitios verdaderamente criminales —o unirse a los piratas
evadiendo los bloqueos.
Los ingenieros de sistemas también odian la ley SOPA: los técnicos más
prominentes que construyeron el Internet moderno han advertido que el
bloqueo de dominios —y los inevitables esfuerzos por parte de los
usuarios para evadirlo— tendría consecuencias impredecibles y
perjudiciales para la arquitectura de la red. Stewart Baker, ex
funcionario de alto rango del Departamento de Seguridad Doméstica, ha
señalado lenguaje en la ley que, según él, podría “matar” los esfuerzos
actuales por hacer que el Internet sea más seguro.
La misma cláusula “anti-evasión”, aunque resulte una broma para los
piratas, podría amenazar a los programadores que construyen las
herramientas que el propio Departamento de Estado ha promovido y
financiado para disidentes que buscan escapar de una censura más
agresiva por parte de regímenes como China e Irán —regímenes que
seguramente estarán encantados de señalar que EE.UU. también bloquea
sitios extranjeros que considera “peligrosos”.
Estos son costos muy altos que pagar por una ley que, en el mejor de
los casos, constituiría un gesto inútil y simbólico contra la piratería.
Los legisladores deberían ser precavidos y no meterse con una
tecnología que ellos mismos admiten desconocer. Deberían más bien
enfocarse en medidas tendientes a detener el flujo de dinero hacia los
criminales, sin caer en el oscuro camino de las listas negras de
Internet y los cortafuegos estatales.
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