por Doug Bandow y Juan Carlos Hidalgo
Doug Bandow es Académico Titular del Cato Institute.
Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Institute.
La relación cercana de Venezuela con Irán y sus planes de construir
instalaciones nucleares con la ayuda de Rusia están generando
preocupación en Washington acerca de la posibilidad de otra crisis
nuclear en el hemisferio. El nuevo Congreso con mayoría republicana
probablemente aumente la presión sobre la administración Obama para que
confronte a Caracas. Washington no tiene por qué temer. La posibilidad
de que Chávez consiga una bomba nuclear es muy remota y muchas cosas
pasarán en Venezuela antes de que eso pueda convertirse en realidad.
EE.UU. debería trabajar con otras naciones interesadas en desalentar las
aspiraciones nucleares de Caracas.
Venezuela sufre de una severa escasez de energía —debido principalmente a
la incompetencia del gobierno— y hay razones para dudar la aseveración
de Chávez de que su programa nuclear tendrá objetivos netamente
pacíficos. Para empezar, las compras de armas de Chávez superan con
creces las necesidades defensivas de su país. A lo largo de la última
década, Caracas ha comprado aviones caza, helicópteros de ataque,
misiles anti-aéreos y 100.000 rifles de asalto. Esto a pesar de que
Venezuela no ha participado en ningún conflicto bélico desde 1823 y no
enfrenta ninguna amenaza externa.
Aún si Venezuela pretende tener armas nucleares, difícilmente Caracas
conseguirá convertir ese deseo en realidad. Dicho proceso requiere de
tiempo, dinero, tecnología y ciencia. Desarrollar armas nucleares es
incluso más difícil cuando hay oposición internacional. Además, producir
armas de un tamaño suficiente para que puedan ser utilizadas constituye
otro reto considerable.
A pesar de las pretensiones de liderazgo global de Chávez, su régimen
corrupto e inepto podría ser el mayor obstáculo para que Venezuela logre
una bomba nuclear. Lo peor es su pésima administración de la economía a
pesar de que su gobierno ha recibido miles de millones de dólares por
concepto de venta de petróleo.
La infraestructura del país está colapsando. En abril pasado se hundió
una plataforma petrolera alquilada por PDVSA, la empresa petrolera del
Estado venezolano. El asunto involucraba un cuestionable contrato de
renta con ex ejecutivos de PDVSA y el accidente nunca fue investigado de
manera adecuada. A principios del 2010, apagones causados por una serie
de explosiones en plantas eléctricas y un mal mantenimiento de la
represa hidroeléctrica de Guri obligaron al gobierno a imponer
racionamientos de electricidad.
La infraestructura de transporte de Venezuela está literalmente
cayéndose a pedazos. El ente estatal que administra la distribución de
comida dejó que 120.000 toneladas de alimentos importados se pudrieran
al tiempo que sus propios supermercados sufrían de desabastecimiento de
productos básicos. Las políticas anti-empresariales de Chávez
desalientan la inversión privada.
Aunque Caracas es un productor importante de petróleo, no puede
financiar fácilmente un programa nuclear. Ya que los días de precios
récord del petróleo se acabaron, al menos dentro del futuro previsible,
el gobierno se enfrenta a serias dificultades financieras. Por ejemplo,
el régimen de Chávez le debe a empresas colombianas alrededor de $500
millones por exportaciones realizadas. PDVSA ha retrasado pagos a sus
contratistas. Luego de que los aliados de Chávez perdieran las
elecciones legislativas en octubre pasado, su gobierno se ha embarcado
en una seguidilla de expropiaciones pero solo un 9% de las industrias
confiscadas han sido indemnizadas.
Además, no es seguro que Chávez se mantenga en el poder ante una
economía en contracción, una tasa de criminalidad impresionante, una
corrupción rampante y una oposición cada vez más unida. Incluso si
consigue ser reelecto en el 2012, a Chávez probablemente se le
dificultará lograr sus ambiciones internacionales.
Obviamente, sería insensato descartar por completo la posibilidad de
que Venezuela se convierta en una potencia nuclear, pero es igual de
incorrecto hablar de “una crisis de los misiles al estilo cubano en el
horizonte”, como lo afirmara Peter Brookes de la Heritage Foundation.
Venezuela no está ni remotamente cerca de convertirse en una amenaza
para EE.UU. Por lo tanto, la administración Obama debería optar por una
estrategia de largo plazo para evitar cualquier “bomba de Chávez”.
El gobierno estadounidense debería mantener un perfil bajo respecto a
los asuntos venezolanos. El principal tema en las próximas elecciones
debería ser el récord desastroso de Chávez. Entre menos atención reciban
los funcionarios y la política exterior estadounidense, menos podrá
Chávez culpar a Washington y se le hará más difícil argumentar que
EE.UU. constituye una amenaza. Al mismo tiempo, individuos y grupos
estadounidenses deberían respaldar a los partidarios de la libertad en
Venezuela. La oposición más sólida a Chávez viene de activistas
comprometidos con una sociedad libre.
EE.UU. también debería involucrar a Moscú. La administración Obama
debería estar lista a realizar concesiones en cuestiones relacionadas a
la expansión de la OTAN y a la defensa con misiles como parte de un
entendimiento político de mayor envergadura. Esto limitaría o acabaría
la relación militar y los planes nucleares de Rusia con Caracas.
Washington debería alentar a los vecinos de Venezuela y a los miembros
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que presionen a
Caracas, como firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, para que
cumpla con las medidas preventivas de la Agencia Internacional de
Energía Atómica. Es particularmente importante el papel que puedan jugar
Brasil y Argentina, países que han tenido ambiciones nucleares en el
pasado.
Nadie, con la excepción de posiblemente Hugo Chávez, quiere que
Venezuela obtenga armas nucleares. Como la amenaza todavía es algo muy
distante, la paciencia se convierte en una virtud. EE.UU. debería
organizar una coalición diplomática para contener cualquier ambición
nuclear de Caracas.
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