por Robert Levy
En el contexto de la tragedia de Tucson, Arizona, nuevas propuestas de control de armas se están gestando. Algunos de nuestros legisladores serán tentados a aplicar el aforismo de Rahm Emanuel: “Nunca permitan que se desperdicie una buena crisis”.
Por ejemplo, la congresista Carolyn McCarthy, demócrata por Nueva York, quiere prohibir cargadores con más de 10 cartuchos —incluso aquellos que ya están en circulación. Aun no ha explicado cómo una prohibición sobre los cargadores vendidos anteriormente disuadiría a cualquier ciudadano excepto a aquellos que respetan la ley.
No obstante, la Corte Suprema ha sugerido que las regulaciones sensatas sobre el control de armas podrían ser constitucionalmente admisibles. Lo sensato, sin embargo, no es lo que tenemos en Washington, Chicago, Nueva York y otras ciudades, donde probablemente puedes recibir en tu casa una pizza antes que la respuesta de una llamada al 911. La policía no puede estar en todas partes.
No obstante, las propuestas específicas pueden ser constructivas si reúnen tres características importantes. Primero, el Estado tiene la obligación de demostrar que ninguna regulación podrá indebidamente obstaculizar el uso de armas de fuego en defensa propia. Segundo, medidas aparentemente moderadas no deben socavar los derechos fundamentales de la Segunda Enmienda. Tercero, una regulación debe ser efectiva para la promoción de la seguridad pública, cuando esta se pondera con evidencia confiable de que restricciones anteriores no han reducido la incidencia de crímenes relacionados con armas de fuego.
Recuerden que Washington prohibió las pistolas durante 33 años; durante algunos de esos años la ciudad fue conocida como la capital de asesinatos de la nación. Los asesinos que no fueron disuadidos por leyes en contra del asesinato tampoco fueron disuadidos por leyes en contra de la posesión de armas. Además, las regulaciones anti-armas no abordaron las profundas raíces del crimen violento —ilegitimidad, drogas, abuso del alcohol y escuelas disfuncionales— y mucho menos la inestabilidad mental.
En 2004, la Academia Nacional de Ciencias examinó 253 estudios académicos, 99 libros y 43 publicaciones estatales evaluando 80 medidas de control de armas. Los investigadores no pudieron identificar una sola regulación que haya reducido el crimen violento, los suicidios o los accidentes. Un año antes, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informó acerca de las prohibiciones de municiones, las restricciones sobre la compra, los periodos de espera, los registros, los permisos, la prevención al acceso por parte de niños y las leyes de cero tolerancia. La conclusión de CDC: No hubo evidencia conclusiva de que las leyes reducen la violencia relacionada con las armas.
Ahí quedó la creencia cuasi-religiosa de que más controles significan menos asesinatos. Hay alrededor de 500.000 crímenes al año relacionados con las armas en EE.UU. Además, los estadounidenses poseen alrededor de 250 millones de armas. Asumiendo que un arma distinta es utilizada en cada uno de los 500.000 crímenes, solamente 0,2% de las armas están involucradas en crímenes cada año. Una prohibición de armas sería exageradamente inclusiva en un 99,8%.
También deberíamos resistir controles de armas aparentemente moderados tales como aumentar el límite de edad de 18 a 21 años, requerir chequeos de antecedentes en los shows de armas y reestablecer la prohibición de armas de asalto.
A los que tienen 18 años se les permite votar, ir a la guerra, casarse y divorciarse y tener un aborto. Tal vez ese límite de edad es muy bajo; pero un individuo suficientemente maduro para involucrarse en esas actividades es lo suficientemente responsable para poseer un arma para su autodefensa.
Los shows de armas no jugaron papel alguno en la masacre de Jared Loughner. Él parece haber adquirido su arma en una tienda de venta al pormenor a través de un proveedor autorizado. De hecho, solamente 2% de las armas usadas por delincuentes son adquiridas en shows de armas. Aquello incluye las ventas a personas que luego le dan el arma a otro que tiene prohibición legal de comprar —las cuales ya son ilegales, y compras a través de comerciantes— los cuales están sujetos a chequeos de antecedentes. Casi todos los compradores rechazados resultan ser falsos positivos. Otros, empeñados en cometer crímenes, simplemente las compran en otro lugar, en el mercado negro si es necesario.
El vencimiento de la prohibición de armas de asalto en 2004 —contrario a lo que sostiene la mayoría de la gente— no legalizó las armas automáticas. Aquellas armas estaban, para efectos prácticos, prohibidas desde 1934. La prohibición cubría las armas semi-automáticas, las cuales son utilizadas por decenas de millones de estadounidenses para cazar, auto-defensa, práctica de tiro e incluso competencias olímpicas. Considere lo que dijo The New York Times pocos meses después de que la prohibición expiró: “A pesar de las trágicas predicciones de que las calles estarían inundadas de armas tipo militar, la expiración de la prohibición de armas de asalto no ha desencadenado un alza sostenida en la venta (o) causado cualquier aumento detectable en los crímenes de armas”.
La Constitución de EE.UU. no impone ningún obstáculo a que se les pida un chequeo más profundo de discapacidad mental a los solicitantes de armas. Ni tampoco la Constitución prohíbe chequeos de antecedentes razonables o incluso restricciones más severas sobre cargadores de municiones de mucha capacidad. Estas propuestas, que podrían reflejar las opiniones derivadas del sentido común de muchos estadounidenses, deben ser moderadas con esta realidad: La experiencia indica que las restricciones al porte de armas tienen efectos mínimos sobre el acceso a las armas por parte de los criminales y las personas desquiciadas.
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