Dios, las mujeres y el Estado niñera

Dios, las mujeres y el Estado niñera

Por Mary L. G. Theroux
El Instituto Independiente

Si algo resulta del plan del Presidente Obama para obligar a los empleadores, incluidas las organizaciones basadas en la fe, a proveer a los empleados una cobertura gratuita para la prevención y terminación del embarazo, esperemos que sea la constatación de que el gobierno no es una fuerza benévola y piadosa, sino una amenaza potencial tanto para la libertad religiosa como personal.

Es altamente improbable que la Ley de Asistencia Asequible y Protección al Paciente—mejor conocida hoy día como Obamacare—hubiese sido aprobada sin el apoyo de líderes de la iglesia de todo el espectro político y religioso.

Predicando la “justicia social”, pastores y sacerdotes, rabinos y ministros, apoyaron activamente las disposiciones sobre la atención médica universal.

En el auge del debate, el presidente incluso participó de conferencias telefónicas con los líderes religiosos, organizadas por el Centro para asociaciones basadas en credos y barrios (CFBNP en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos, instando a los clérigos a predicar desde sus púlpitos a favor de la sanción de la Obamacare, y ofreciéndoles propaganda de apoyo para distribuir entre sus feligreses.

Imaginen la sorpresa de algunos de estos mismos líderes religiosos cuando la benévola legislación que se les pidió que apoyasen como una “iniciativa basada en la fe” se volvió contra su fe.

El supuesto compromiso de “ajuste” de la propuesta del presidente—ordenando que las compañías de seguros afronten los gastos de proveer una prevención y terminación del embarazo gratuita, en lugar de los empleadores—no es menos objetable, dado que las grandes instituciones religiosas, como la mayoría de las grandes empresas, se auto-aseguran. Esto hace que la iglesia, en efecto, sea tanto empleadora como compañía de seguros.

Tal vez los líderes de la iglesia ahora se despierten a la locura de haber superpuesto a “Dios y la patria” en sus ministerios, de enviar a los soldados a luchar por causas “piadosas”, a los desayunos de oración mostrando a políticos y líderes religiosos cabildeando a favor de la legislación y a la adopción de posiciones políticas que pueden ser un anatema para la iglesia.

Como ha demostrado el sociólogo Rodney Stark, co-director del Institute for Studies of Religion de la Baylor University (una institución bautista privada), la historia exhibe varias cicatrices originadas en la continua tensión entre la “iglesia de la piedad” y la “iglesia del poder”.

Desde los sacrificios humanos de los templos mayas, pensados para intimidar a los enemigos del imperio y paralizarlos de miedo, al “patriótico” apoyo a Hitler de la iglesia alemana monopolio del Estado, cuando la iglesia se alía con el gobernante, la iglesia lleva las de perder.

Los líderes religiosos estadounidenses deberían aprender una lección de la historia y de su experiencia actual y renunciar a esta alianza impía.

Y dejemos que tanto las mujeres como la iglesia se enfrenten al poder y lideren el renacimiento de una sociedad civil consistente con la ley natural, en la que los derechos sean concedidos no por Washington, sino por Dios.

La Casa Blanca de Obama ha cruzado claramente la línea. Cuando Washington posee la autoridad para ordenar la planificación familiar, ¿los planes familiares de quién sancionarán los burócratas, y los de quién negarán?

Las mujeres estadounidenses deberíamos estar horrorizadas por esta norma, pararnos en seco y gritar: “¡No!” No, nosotras no queremos a nuestros empleadores o burócratas federales en el consultorio de nuestros médicos: no somos chiquillas dependientes que deben ser guiadas por nuestros “mayores y mejores” en cómo cuidamos de nuestros cuerpos.

Podemos ser plenamente conscientes al tomar las decisiones sobre el cuidado de nuestra propia salud y la reproducción. Y para aquellas de nuestras hermanas que precisan ayuda para enfrentar los desafíos de la vida y lidiar con sus riesgos y consecuencias, podemos proporcionar la asistencia apropiada que no requiere del apoderamiento de las decisiones en materia de salud de cada mujer por parte de Washington.