por Ethan Nadelmann
Ethan Nadelmann es Director Ejecutivo de la Drug Policy Alliance (DPA).
Algo increíble está pasando en América Latina ahora mismo. Después de
ser brutalizados por décadas por la fallida prohibición de las drogas,
impuesta por el gobierno estadounidense, líderes latinoamericanos están
diciendo “basta ya”. Están exigiendo alternativas políticas que puedan
reducir la delincuencia, la violencia y la corrupción en sus países, e insistiendo que la despenalización y la regulación de las drogas sean puestas sobre la mesa.
El nuevo presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina,
está aportando un liderazgo muy importante. Como político conservador y
ex general de ejército, tiene una credibilidad con la que otros no
cuentan. Cuando comenzó a hablar públicamente sobre la necesidad de
pensar en nuevas políticas de drogas, incluyendo la legalización,
muchos pensaron que era solo una táctica para conseguir más apoyo
económico y militar de EE.UU. Pero ha mostrado un compromiso tal que ha
convencido a sus homólogos en la región que su llamado es
verdadero.Dentro de Guatemala, su propuesta ha sido elogiada por
diversas voces, como líderes empresariales, el Arzobispo Oscar Julio
Vian, y el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG), Francisco Dall'Anese.
El presidente Pérez Molina envió a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, a
un recorrido por los países vecinos en busca del apoyo de los demás
presidentes centroamericanos para iniciar una discusión sobre políticas
de drogas alternativas para la región. La mayoría manifestó estar de
acuerdo con unirse al diálogo (también ayudó que la Secretaria de
Seguridad Nacional de EE.UU. estuviera de gira también por la región
intentando persuadir a los líderes con infundados alegatos de que la guerra contra las drogas está funcionando). Ahora los presidentes han acordado reunirse en Guatemala el 24 de marzo para debatir ampliamente el tema.
Mientras tanto, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos,
quien había intentado iniciar el debate, y que vio su interés frustrado
por la falta de apoyo de los líderes de la región, parece estar
reanimado por la iniciativa del presidente guatemalteco. Se reunió
recientemente con los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso
(Brasil), Ricardo Lagos (Chile) y Felipe González (España) para discutir
la mejor manera de plantear el tema durante la Cumbre de las Américas,
que tendrá lugar en Cartagena durante el mes de abril.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, también parece estar más
dispuesto a involucrarse en el creciente debate. Tras haber batallado
durante toda su presidencia contra las organizaciones criminales, cuya
fuente principal de ingresos es el narcotráfico a
EE.UU., tiene mayor autoridad moral que nadie para proponer que se tome
un nuevo camino. Y nadie conoce mejor la dificultad de alcanzar la
victoria en una guerra contra lo que es esencialmente un dinámico
mercado global —especialmente cuando se tiene de vecino al consumidor
más grande del mundo.Calderón inició el debate cuando comentó que EE.UU.
debía considerar “alternativas de mercado” si no puede reducir su
demanda por drogas. Poco después se unió con todo los gobiernos de
América Central y los presidentes de Colombia, República Dominicana y
Chile para emitir la Declaración de Tuxtla, que establece que si no se
puede disminuir la demanda por las drogas ilegales, “las autoridades de
los países consumidores deben entonces explorar todas las alternativas
posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los
criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado, orientadas a
ese propósito”.
Los llamados para una reforma a las políticas de drogas están
proliferando rápidamente en México. El predecesor de Calderón, Vicente
Fox, no tiene problema en decir que la legalización es la mejor forma de
afrontarlo. El predecesor de Fox, Ernesto Zedillo, se unió al ex
presidente brasileño Cardoso y al ex presidente colombiano César Gaviria
en organizar, en primer lugar, una Comisión sobre políticas de las
drogas en América Latina y posteriormente una a nivel mundial, ambas
abogando por grandes reformas en las políticas de drogas, incluyendo una
regulación efectiva de la marihuana, y también por "romper el tabú" de considerar todas las opciones para políticas de drogas, incluida la regulación legal.
Ahora los líderes empresariales de Monterrey y Ciudad de México,
conscientes del creciente poder de las organizaciones criminales, están
uniéndose al debate, con recursos y apoyo a la legalización de alguna u
otra forma. Y, desde la izquierda, Javier Sicilia, el influyente poeta
convertido en líder del movimiento por la justicia social, está diciendo
prácticamente lo mismo.
No es entonces sorpresa que la Secretaria de Relaciones Exteriores de
México, Patricia Espinosa, anunciara en una reunión de la asamblea
parlamentaria europea-latinoamericana el pasado febrero que su gobierno
ahora apoya un debate sobre la legalización.
El presidente hondureño Porfirio Lobos anunció este viernes que los
presidentes Calderón y Santos habían sido invitados a una reunión este
24 de marzo en Guatemala, a la cual pretenden asistir.
Todo esto representa un gran dilema para el gobierno estadounidense.
Cuando el vicepresidente Biden visitó la región la semana pasada, aclaró
que el presidente Obama se opone firmemente la legalización —pero
también reconoció, como hizo Obama en 2011, que es un tema legítimo para
ser debatido. Esta declaración fue modesta pero importante, al menos
porque envía un mensaje claro a otros funcionarios estadounidenses, de
que el rechazo total a cualquier discusión sobre el tema, como se ha
hecho hasta ahora, ya no es necesario. Eso fue evidenciado recientemente
cuado el Secretario Asistente de Relaciones Públicas del Departamento
de Estado Mike Hammer afirmó que "Estamos, por supuesto, dispuestos a
discutir el tema para expresar nuestra opinión en el tanto no la vemos
como la mejor manera de solucionar el problema". "Es —continuó— un tema
serio y no nos negamos a discutirlo. Nuestra posición, sin embargo, es
muy clara". Los medio latinoamericanos rápidamente notaron el cambio de
tono de Washington.
Todo esto representa un giro dramático en el debate regional, y potencialmente global, sobre las políticas de drogas.
En América Latina, los actuales presidentes están tomando la batuta de
los ex presidentes en el llamado a debatir una nueva política de drogas
con todas las opciones sobre la mesa. Respetados intelectuales como
Carlos Fuentes y Enrique Krauze en México, Sergio Ramírez en Nicaragua y
Mario Vargas Llosa en Perú están manifestándose a favor. De igual forma
lo están haciendo distinguidos ex funcionarios de gobierno, líderes de
negocios, medios y de las artes.
El desafío político inmediato para los latinoamericanos es mantener su
impulso frente a los esfuerzos vigorosos de EE.UU. —tras bastidores—de
silenciar el debate, aunque haya dicho públicamente que está a favor de
ello. El desafío más importante es darle sustento a sus propuestas de
políticas alternativas. Los presidentes latinoamericanos saben que
ningún país puede legalizar las drogas unilateralmente, que cualquier
cambio significativo debe que ser multilateral, y que las grandes
reformas necesarias al régimen prohibicionista tomarán varios años o
incluso décadas. Tanto los gobiernos como las organizaciones no
gubernamentales en la región están comenzando apenas a considerar
seriamente políticas alternativas, reclutando académicos y otros
expertos.
Afortunadamente el consenso sobre las drogas dentro de EE.UU. también se
está debilitando. George Shultz, el ex Secretario de Estado (y del
Tesoro) y Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal, están entre
los miembros de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, cuyas
recomendaciones en junio pasado abrieron un debate a escala mundial. El
ex presidente Jimmy Carter apoyó las recomendaciones de la Comisión y el
ex presidente Bill Clinton ha externado en repetidas ocasiones que
lamenta los excesos en la guerra contra las drogas que libró cuando
estaba en la Casa Blanca. Líderes afro-estadounidenses que han apoyado
la guerra contra las drogas están llegando a la conclusión de que la
lucha contra los estupefacientes no reduce la adicción a las drogas en
sus comunidades pero sí contribuye a encarcelar un extraordinario número
de jóvenes.
El apoyo público para legalizar la marihuana entre los estadounidenses
crece rápidamente —del 36% a favor en 2006 al 50% en 2011, según una
encuesta de Gallup. Recientemente, el líder conservador evangélico Pat
Robertson sorprendió a una gran cantidad de personas que afirmando que
la marihuana debería legalizarse y ser regulada como el alcohol y
manifestó su apoyo las iniciativas en los estados de Colorado y
Washington tendientes a la legalización de la marihuana las elecciones
de noviembre.
El mayor obstáculo por el momento es la resistencia de la administración
Obama y el Congreso a cualquier discusión real sobre el tema de
políticas alternativas. La censura y la auto censura sobre el tema
dentro del gobierno federal es endémica, impulsada por el temor de que
cualquier memorando interno, o incluso discusiones verbales, que
contengan recomendaciones políticamente inconvenientes, no solo son poco
bienvenidas sino peligrosas para las carreras de muchos funcionarios.
Un resultado de esto será que los representantes del gobierno de EE.UU.
verán cada vez más reducida su participación en la discusión del tema,
en Cartagena y en más foros, armados únicamente con la defensa de las
fallidas políticas de EE.UU. y privados de cualquier análisis de fondo
de las opciones que plantearán los demás gobiernos.
La peor prohibición, dicho sea de paso, es la prohibición a pensar —y de
eso, lamentablemente, es de lo que es culpable el gobierno de EE.UU.
hoy en día.
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