¿Es viable el anarcocapitalismo?

Por Albert Esplugas Boter

 

Conferencia pronunciada en la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana (Tenerife, 28-30 de septiembre de 2006) y publicado en La Ilustración Liberal.

Podríamos decir que todos los liberales compartimos la célebre máxima de Jefferson: "El mejor Gobierno es el que menos gobierna". En esta línea, defendemos el mercado y la libertad del individuo frente a la intervención del Estado, apostamos por la desregulación y la privatización en ámbitos como el de la energía, la sanidad, la educación, las pensiones, la banca o la emisión de moneda y profesamos una general aversión hacia los impuestos y los delitos sin víctima. Algunos, no obstante, llevan la máxima de Jefferson hasta sus últimas consecuencia y sostienen que el mejor Gobierno es el que no gobierna en absoluto: abogan por la desregulación y privatización de todos los servicios y espacios públicos y por la abolición de todos los impuestos. Esta corriente recibe el nombre de anarcocapitalismo o anarquismo de mercado y, a diferencia del minarquismo, que patrocina un Estado mínimo, postula que el Estado es ilegítimo y abiertamente contraproducente incluso en los ámbitos en que se le tiene por imprescindible.


El Estado Mínimo: agresivo, ineficiente... ¿y utópico?
Desde un punto de vista ético, el liberalismo puede reducirse al principio de no agresión: es ilegítimo iniciar la fuerza contra terceros, atentar contra la integridad física y la propiedad de los demás. El Estado Mínimo, en tanto carga tributos (confisca la propiedad ajena) e impone barreras de entrada en el ámbito de los servicios de gendarmería (emplea la coacción para impedir que otros puedan ofrecer servicios de seguridad, defensa y justicia), inicia la fuerza necesariamente, luego está en contradicción con ese principio.
El Estado monopoliza el uso de la fuerza en un territorio dado. Un monopolio no tiene incentivos para mejorar la calidad de sus servicios ni para reducir los precios, pues no tiene competidores. Si sólo yo puedo ofrecer servicios de limpieza, no esperen que les cobre poco ni que vaya a limpiarles la casa con esmero. ¿Por qué iba hacerlo? Yo tengo el monopolio de la limpieza, por lo que ustedes no pueden acudir a nadie más.
En el caso del monopolio público de la fuerza los pagos son obligatorios (impuestos), por lo que, además de no tener incentivos para ofrecer un servicio de calidad, el Estado puede cargar el precio que quiera a los beneficiarios en forma de confiscación. Por otro lado, la imposibilidad del cálculo económico en un escenario carente de precios de mercado es tan aplicable al ámbito de la seguridad o al de la justicia como al de la sanidad o al de las telecomunicaciones. En los sectores nacionalizados por el Estado no surgen precios de mercado, y los burócratas proceden a tientas: ¿cuánto dinero hay que destinar al capítulo de seguridad y justicia? ¿El 5% del presupuesto? ¿Por qué no el 15? ¿Por qué no todo? ¿Cómo estima el Estado cuán prioritaria es la seguridad y la justicia para los individuos sin precios de mercado? ¿En qué medida los recursos destinados a dichas ramas productivas no estarían mejor empleados en otro lugar? ¿Cómo sabe qué proyectos hay que financiar y cuál es la forma más eficiente de gestionarlos?
Pero hay una cuestión más fundamental: ¿es el Estado Mínimo una propuesta realista? ¿Por qué la carga de la prueba recae en el anarcocapitalismo, y no en el minarquismo? De poco sirve argüir que las sociedades sin Estado son una anomalía histórica, pues ningún Estado mínimo ha permanecido mínimo por mucho tiempo. En este sentido, vale la pena preguntarse si un monopolio de la fuerza, una vez establecido, puede llegar a limitarse; o si, por el contrario, su estructura de incentivos lleva a políticos y grupos de interés a pujar incesantemente por prebendas, con lo que el Estado Mínimo tiende a degenerar en uno intervencionista.
La alternativa anarcocapitalista
¿Por qué es preferible la alternativa anarcocapitalista? Desde un punto de vista ético, un sistema de mercado puro, en el que no existen barreras de entrada y todos los productos y servicios son vendidos y comprados voluntariamente (incluidos los de seguridad y justicia), es un sistema que, per se, no implica el inicio de la fuerza contra inocentes. No hay impuestos, luego no se usurpa sistemáticamente la propiedad ajena, y no se impide por la fuerza que los individuos se organicen para dispensarse justicia y seguridad (formando empresas, asociaciones o lo que sea). Por otro lado, la provisión de justicia y seguridad ya no adolecería de los problemas de incentivos y cálculo económico que padece el monopolio público de la fuerza. Las agencias de protección (las empresas dedicadas a proteger a los individuos de las agresiones externas) tendrían incentivos para proveer el mejor servicio al menor precio posible y captar así más clientes. La emergencia de precios y el test de ganancias y pérdidas permitiría a estas agencias gestionar sus recursos del modo más eficiente posible.
También debemos considerar que si el Estado Mínimo es, en efecto, utópico, porque la estructura de incentivos que instituye lo empuja a expandirse, entonces la verdadera disyuntiva no se plantea entre el anarcocapitalismo y el Estado Mínimo, sino entre el anarcocapitalismo y el Estado del Bienestar.
Nos encontramos en un escenario anarcocapitalista. No hay impuestos y los servicios de gendarmería son dispensados libremente en el mercado, como cualquier otro bien. En este contexto, Miguel contrata los servicios de la agencia de protección A y Pedro, su vecino, los de la agencia de protección B. La agencia A se compromete por contrato a proteger a Miguel de las agresiones de otros individuos a cambio de una cuota anual, y la agencia B se compromete a proteger a Pedro de las agresiones de otros individuos a cambio, igualmente, de una cuota. Ahora supongamos que surge un conflicto entre ambos vecinos: Miguel acusa a Pedro de robarle sus joyas. ¿Qué sucedería? Una guerra entre las dos compañías, es la respuesta de algunos. Miguel acudirá a su agencia para que vaya a recuperar sus joyas y Pedro acudirá a la suya para que le proteja de Miguel y su agencia. De este modo, todos los conflictos entre clientes de distintas agencias se resolverán a tiros, y el anarcocapitalismo derivará en anarquía hobbesiana.
Pero ¿por qué asumir que las empresas resolverán de forma violenta todos los conflictos que surjan entre sus clientes? Las guerras son costosas, y las empresas buscan maximizar sus beneficios, no sus costes. ¿Les conviene resolver de forma violenta todos los conflictos con las demás agencias, o más bien llegar a un acuerdo y establecer mecanismos para resolver aquellos pacíficamente? Así, las agencias A y B podrían acordar que los conflictos entre sus clientes respectivos fueran resueltos por un tribunal determinado y comprometerse a acatar los veredictos. El conflicto entre Miguel y Pedro sería llevado a un tribunal privado. En caso de fallar en contra de Pedro, la agencia de Miguel lo detendría y le exigiría la devolución de las joyas y el pago de restitución sin que la agencia del primero hiciera nada para impedirlo.
Examinemos la problemática de los conflictos entre agencias desde otro ángulo. En la actualidad, cuando un peruano, protegido por el Estado peruano, acusa de un crimen a un ciudadano español, protegido por el Estado español, ¿se declara alguna guerra entre España y Perú? ¿Hay una imposibilidad práctica de resolver este conflicto de manera pacífica sin que intervenga una entidad decisoria superior, o más bien ambos estados tienen fuertes incentivos para no enzarzarse en guerras disputas de este tipo y articulan mecanismos cooperativos para evitarlas?
En cierto modo, los ciudadanos de los diferentes estados se encuentran, entre sí, en una situación de anarquía. No se requiere de ningún supraestado para evitar que surjan conflictos interestatales violentos cuando un ciudadano de un país comete un crimen contra uno de otro país. El hecho de que el Estado español sea más poderoso que el peruano no impide que ambos resuelvan la disputa pacíficamente y de mutuo acuerdo. Entonces, si los conflictos entre ciudadanos de distintos estados se resuelven regularmente de forma pacífica, sin necesidad de ningún Gobierno mundial, ¿por qué no iban las distintas agencias a resolver los conflictos entre sus clientes de forma pacífica, sin necesidad de que haya ningún Estado? Si el hecho de que haya en el mundo numerosos estados y unos sean más fuertes que otros no nos lleva a ninguna guerra continua de todos contra todos y no exige que haya un Gobierno mundial, ¿por qué tendría que ser distinto en el caso de las agencias de protección privadas?
Hay quien arguye que las agencias de protección batallarían entre sí porque protegerían a sus clientes a cualquier precio. ¿Por qué se asume esto? ¿Por qué las empresas no iban a estipular en sus contratos que la protección se extingue en caso de que su cliente sea declarado culpable por un tribunal reconocido?
En primer lugar, la agencia que protegiera a individuos tenidos por agresores perdería toda reputación en una sociedad libre y se convertiría en una suerte de agencia agresora. Los clientes no criminales tenderían a abandonarla, pues no querrían codearse con ladrones y asesinos. Y los clientes potenciales honrados también la rehuirían, por el mismo motivo. La marcha de clientes menguaría los ingresos de la empresa. En segundo lugar, en la medida en que la agencia protegiera a individuos considerados culpables por tribunales respetados se enfrentaría a las agencias de las víctimas de los agresores que auxilia. Si la agencia en cuestión no aceptara someterse al veredicto de ningún tribunal y sus clientes fueran juzgados culpables por uno socialmente respetado, los conflictos entre ésta y las demás se resolverían violentamente.
Téngase en cuenta que la agresora resolvería todos sus conflictos entre agencias de forma violenta, mientras que las demás sólo lo harían con los que incluyeran a aquélla. Como los enfrentamientos armados acarrean costes y las agencias no podrían externalizarlos (cargarlos sobre terceros, como hace el Estado vía impuestos), subirían las tarifas para sufragarlos. La que más elevaría las tarifas, obviamente, sería la que practicara una política más belicista: la que protegiera a los agresores. De nuevo, estaríamos ante un éxodo de clientes hacia las demás agencias (las que no protegen a criminales).
En definitiva, las agencias que protegieran a individuos sentenciados como criminales se expondrían al aumento de sus tarifas y a la pérdida de clientes, lo que las llevaría a la bancarrota (o a la derrota bélica). Los incentivos, pues, van en la otra dirección.
Un mundo sin garantías
Se alega que la gente tiene derecho a ser libre y que la protección frente a las agresiones debe estar garantizada. No basta con que la protección se provea en el mercado: es preciso un Estado que garantice a todos sus derechos.
En primer lugar, que yo tenga derecho a ser libre no significa que tal cosa deba serme garantizada por nadie, en el sentido de que otros tengan la obligación de proveerme de servicios de justicia y seguridad. Tengo derecho a que no me roben, pero no tengo derecho a robar otros para ello.
En segundo lugar, algunos creen que, por el hecho de que el Estado dice que garantiza algo o que se goza de determinados derechos, verdaderamente aquél los garantiza o los hace efectivos. ¿Tenemos la seguridad y la justicia garantizada por el mero hecho de que lo prescriba la Constitución y las leyes? A las personas agredidas a quienes la policía no atendió porque estaba efectuando redadas antidroga; a las víctimas que no reciben ni un céntimo en concepto de restitución porque el sistema no está orientado a la víctima; a los que ven cómo sus ofensores son liberados luego de cumplir una pena simbólica; a los que ya ni denuncian los delitos, ante la ineficacia de la justicia; a los que les toca esperar años para que su causa sea vista debido a la saturación de los tribunales públicos; a los que sufren abusos policiales o maltratos en las prisiones masificadas porque no se cuida la reputación en un entorno no competitivo... a todos estos individuos les importa bien poco lo que dicen la Constitución y las leyes. Para la gente que padece día a día la ineficacia del monopolio público de la seguridad y la justicia, la protección no está garantizada. Lo relevante, por tanto, no es si en una sociedad sin Estado se garantiza formalmente la protección adecuada a todos y cada uno de sus integrantes, sino qué sistema les ofrece en la práctica la mejor protección.
Colusión y Estado
¿Podría formarse una colusión entre las distintas agencias para someter a la ciudadanía? ¿Podrían las agencias de protección tornarse agresivas e instituir un Estado? Es posible, nadie niega que no lo sea. La pregunta es otra: ¿es probable que eso suceda?
Si una agencia ofreciera un mal servicio, o se volviera despótica de la noche a la mañana, sus clientes acudirían a la competencia y se quedaría sin fondos. Con el Estado, en cambio, esto no sucede: no podemos cambiar de proveedor si el Estado va a la guerra, sube los impuestos o dispensa un mal servicio. Además, los mismos incentivos que supuestamente promueven la creación de un cártel explotador son los mismos que lo hacen inestable y apuntan a su disolución, pues la empresa que se salga del cártel atraería a todos los clientes que no quieren ser explotados. Por otro lado, si las agencias están abocadas a fusionarse y formar un Estado, ¿por qué los distintos estados nacionales no se fusionan y forman un Gobierno mundial?
Resulta curioso que, ante la posibilidad de que las agencias se vuelvan agresivas y se fusionen, se defienda una institución, el Estado, que es agresivo per se. Es decir, temiendo la formación de un monopolio expoliador, algunos abogan por instituir... un monopolio expoliador.
Por último, y no porque sea menos importante, la resistencia de la población a ser sometida dificultaría la consolidación de tal monopolio expoliador. Una sociedad anarcocapitalista presupone una mayoría social hostil a las agresiones y a la formación de un Estado, y si las empresas decidieran convertirse en Estado estarían arriesgando las rentas provenientes de sus clientes por unas rentas futuras inciertas procedents de unos contribuyentes que a lo mejor opondrían resistencia y dispararían los costes. Eso, sin tener en cuenta las restricciones morales de los propios empresarios y empleados de las agencias de protección. ¿Es razonable pensar que las personas que un día están protegiendo a la ciudadanía pasarán el día siguiente a subyugarla y explotarla? En la actualidad, la policía y el ejército también podrían sublevarse y tomar el control de las instituciones, y sin embargo no lo hacen. ¿Por qué?
Anarcocapitalismo, asenso popular y derecho consuetudinario
Cualquier sistema requiere de un asenso popular suficiente para permanecer operativo. Ni un ápice de libertad tendríamos si la mayoría de la gente fuera de un comunismo ferviente. La democracia y el Estado de Bienestar existen porque la gente los tolera, activa o pasivamente.
El anarcocapitalismo no es ninguna excepción. Su viabilidad exige que una mayoría suficiente de la población lo acepte expresa o tácitamente. De este modo, puesto que la ley sería provista en el mercado, su contenido obedecería a lo que demandara la población. Si la población demandara leyes liberales, si en general los individuos demandaran leyes que les protegieran de las agresiones (asesinatos, robos, violaciones, fraude, etcétera), los tribunales a los que acudirían las agencias desarrollarían preceptos legales atendiendo a los principios liberales.
El resultado sería un sistema legal descentralizado, similar al de la common law, en el que jurados/jueces intentarían resolver las disputas guiados tanto por los principios abstractos de justicia como por los precedentes establecidos, y examinando de cerca el contexto factual y todas sus variables. La agencias de seguridad llevarían los casos de sus clientes a estos tribunales y ejecutarían sus veredictos.
La historia demuestra que el anarco-capitalismo...
La historia no puede, por definición, demostrar que algo que depende de la voluntad de los hombres no vaya a suceder en el futuro, precisamente porque la historia la conforman hechos históricos, pasados. La historia, a lo sumo, sólo puede decirnos que hasta el momento la anarquía no ha existido, y que ha habido siempre un Estado; pero no puede sentenciar que en el futuro seguirá siendo así. Al fin y al cabo, cuando no había ninguna democracia en el mundo los monárquicos también podrían haber acusado de utópicos a los demócratas diciéndoles que el sistema que defendían no era aplicable porque la historia apenas recogía ejemplos de democracia y se había encargado de cubrirla de polvo. Hoy, sin embargo, la democracia es el sistema de gobierno más extendido.
Sea como fuere, tampoco es cierto que no haya habido nunca sociedades sin Estado, o ejemplos de ley policéntrica o privada: ahí están la Irlanda celta, Islandia en la Edad Media, la common law inglesa en sus comienzos; el Derecho mercantil anglosajón; comunidades primitivas como los papúes en Nueva Guinea Occidental o el Salvaje Oeste norteamericano, que no fue tan salvaje gracias al surgimiento de mecanismos privados de resolución de conflictos.
En cualquier caso, si el anarcocapitalismo es teóricamente el sistema más deseable, ¿por qué no se ha impuesto por encima de los demás sistemas? En primer lugar, de esta pregunta parece desprenderse que la historia ha sido lo suficientemente larga como para que el anarcocapitalismo haya tenido su oportunidad de triunfar; pero, aunque creamos estar en la cúspide de la evolución, a lo mejor la historia de la Humanidad no ha hecho más que empezar. Por otro lado, podemos sugerir algunas hipótesis desde la sociología: quizás los individuos han tendido a extrapolar los esquemas familiares y tribales a la esfera política; o sus querencias cientistas y su incomprensión del proceso de mercado les han llevado tradicionalmente a proponer soluciones ingenieriles a problemas sociales; o algunos se han limitado a sustituir la deidad religiosa por la secular.
Al mismo tiempo, puede que sea difícil instaurar el Estado en primer término, pero una vez establecido quizás lo difícil sea desmantelarlo, debido a la estructura de incentivos que lleva a políticos y grupos de interés a controlarlo en beneficio propio. Por último, nada exime a los hombres de persistir continuamente en el error. No olvidemos que las buenas ideas a veces tardan en descubrirse, y una vez descubiertas a veces tardan en extenderse.
¿Es viable el anarcocapitalismo?
La viabilidad del anarcocapitalismo, como la de cualquier sistema político (ya sea el Estado del Bienestar o el totalitarismo cubano), requiere de la aceptación tácita o explícita de una masa crítica de la población. En este sentido, no se trata de si hoy el anarcocapitalismo es viable o no. En tanto la mayor parte de la población tenga interiorizadas ideas estatistas, es obvio que no. La cuestión es si el anarcocapitalismo es un orden social potencialmente viable, esto es, si puede ser viable. Y aun cuando su implantación sólo se conciba a largo plazo, eso no quiere decir que el anarcocapitalismo no nos sirva de guía a la hora de determinar cómo deberían ser las cosas y hacia dónde debemos avanzar.