La Naturaleza del Gobierno — por Ayn Rand

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El gobierno es una institución que tiene el poder exclusivo de hacer cumplir ciertas reglas de conducta social en una zona geográfica determinada.

¿Necesitan los hombres tal institución – y por qué?

Dado que la mente del hombre es su herramienta básica de supervivencia – su medio de adquirir conocimiento para guiar sus acciones – la condición básica que el hombre requiere es libertad para pensar y actuar de acuerdo con su juicio racional. Eso no significa que un hombre deba vivir solo, y que una isla desierta sea el ambiente que mejor se adapta a sus necesidades. Los hombres pueden obtener enormes beneficios tratando entre sí. Un ambiente social es el más propicio para el éxito de su supervivencia, pero sólo bajo ciertas condiciones.

“Los dos grandes valores que se pueden obtener de una existencia social son: el conocimiento y el comercio. El hombre es la única especie que puede transmitir y expandir el conocimiento acumulado de generación en generación; el conocimiento potencial disponible para un hombre es mayor que el que cualquier individuo concreto podría empezar a adquirir durante toda su vida; cada hombre obtiene un beneficio incalculable a partir del conocimiento descubierto por otros. El segundo gran beneficio es la división del trabajo: le permite a un hombre poner su esfuerzo en un campo de trabajo específico, y comerciar con otros que se especializan en campos diferentes. Esa forma de cooperación permite que todos los que participan en ella logren una destreza, un conocimiento y un rendimiento productivo de su esfuerzo mucho mayor que los que podrían conseguir si cada uno tuviera que producir todo lo que necesita en una isla desierta o en una granja auto-suficiente.

“Pero precisamente esos beneficios muestran, delimitan y definen qué clase de hombres pueden ser de valor entre sí y en qué tipo de sociedad: sólo hombres racionales, productivos e independientes en una sociedad racional, productiva y libre” (“La Ética Objetivista”, La Virtud del Egoísmo).

Una sociedad que le roba a un individuo el producto de su esfuerzo, o que lo esclaviza, o que intenta limitar la libertad de su mente, o que le obliga a actuar contra su propio juicio racional –una sociedad que crea un conflicto entre sus edictos y los requerimientos de la naturaleza del hombre – no es, estrictamente hablando, una sociedad, sino una horda aunada por las reglas institucionalizadas de una pandilla. Tal sociedad destruye todos los valores de la coexistencia humana, no tiene justificación posible, y supone, no una fuente de beneficios, sino la amenaza más mortífera para la supervivencia del hombre. La vida en una isla desierta es más segura e incomparablemente preferible a la existencia en la Rusia soviética o la Alemania nazi.

Si los hombres han de vivir juntos en una sociedad pacífica, productiva y racional, y tratar unos con otros en beneficio mutuo, deben aceptar el principio social básico sin el cual ninguna sociedad civilizada o moral es posible: el principio de los derechos individuales.

Reconocer los derechos individuales significa reconocer y aceptar las condiciones exigidas por la naturaleza del hombre para su supervivencia apropiada.

Los derechos del hombre puede ser violados sólo por el uso de la fuerza física. Sólo por la fuerza física puede un hombre privar a otro de su vida, o esclavizarlo, o robarle, o impedirle que persiga sus propias metas, o forzarle a que actúe contra su propio juicio racional.

La precondición de toda sociedad civilizada es desterrar la fuerza física de las relaciones sociales, estableciendo así el principio de que si los hombres quieren tratar unos con otros pueden hacerlo exclusivamente por medio de la razón: a través del diálogo, la persuasión, y el acuerdo voluntario y sin coerción.

La consecuencia necesaria del derecho del hombre a la vida es su derecho a defenderse. En una sociedad civilizada, la fuerza puede ser utilizada sólo en represalia y sólo contra aquellos que inician su uso. Todas las razones que hacen que el inicio de la fuerza física sea una maldad, hacen que el uso de la fuerza física como represalia sea un imperativo moral.

Si alguna sociedad “pacifista” renunciase al uso de la fuerza como represalia, se volvería impotente y quedaría a merced del primer delincuente que decidiese ser inmoral. Tal sociedad lograría lo opuesto a su intención: en vez de abolir el mal, lo fomentaría y lo recompensaría.

Si una sociedad no proporcionara ninguna protección organizada contra la fuerza, le obligaría a cada uno de sus ciudadanos a ir armado, a convertir su hogar en una fortaleza, a dispararle a cualquier extraño que se acercara a su puerta… o a unirse a una chusma protectora de ciudadanos que pelearía con otras chusmas, formadas con el mismo objetivo, causando así la degeneración de esa sociedad y llevándola al caos del imperio de la chusma – es decir: de la fuerza bruta – a la perpetua guerra tribal de salvajes prehistóricos.

El uso de la fuerza física – incluído su uso como represalia – no puede dejarse a discreción de ciudadanos individuales. La coexistencia pacífica es imposible si un hombre tiene que vivir bajo la constante amenaza de fuerza que puede ser desatada contra él por alguno de sus vecinos en cualquier momento. Sean las intenciones de sus vecinos buenas o malas – sean sus juicios racionales o irracionales, estén motivados por un sentido de justicia o por ignorancia o por prejuicio o por malicia – el uso de la fuerza contra un hombre no puede depender de la arbitraria decisión de otro.

Imagina, por ejemplo, lo que pasaría si un hombre no encontrase su billetera, llegase a la conclusión de que le habían robado, asaltase todas las casas del barrio para buscarla, y le disparase al primer hombre que le mirase de forma extraña, interpretando esa mirada como prueba de su culpabilidad.

El uso de la fuerza como represalia requiere reglas de evidencia objetivas para establecer que un delito ha sido cometido y para probar quién lo cometió, así como normas objetivas para definir castigos y procedimientos de implementación. Los hombres que intentan tratar con delitos sin ese tipo de reglas son una turba de linchamiento. Si una sociedad dejase el uso de la fuerza como represalia en manos de ciudadanos individuales, degeneraría en el dominio de la chusma, en linchamientos sin fín y en interminables peleas sangrientas o venganzas privadas.

Para que la fuerza física sea desterrada de las relaciones sociales, los hombres necesitan una institución encargada de la tarea de proteger sus derechos bajo un código de reglas objetivo.

Esa es la tarea de un gobierno – de un gobierno legítimo – su tarea básica, su única justificación moral, y la razón por la cual los hombres necesitan un gobierno.

El gobierno es la manera de poner el uso retaliatorio de la fuerza física bajo un control objetivo, o sea, bajo leyes definidas objetivamente.

La diferencia fundamental entre acción privada y acción gubernamental – una diferencia completamente ignorada y evadida hoy – radica en el hecho de que el gobierno tiene el monopolio legal del uso de la fuerza física. Tiene que tener tal monopolio puesto que es el agente que impide y combate el uso de la fuerza; y por esa misma razón, sus acciones tienen que estar rigurosamente definidas, delimitadas y circunscritas; ni el más mínimo capricho o arbitrariedad debe estarle permitido en su ejercicio; debería ser un robot impersonal, siendo las leyes su único poder motivador. Para que una sociedad sea libre, su gobierno ha de estar controlado.

En un sistema social legítimo, un particular es legalmente libre de realizar cualquier acto que quiera (siempre que no viole los derechos de otros), mientras que un funcionario del gobierno está limitado por ley en cada uno de sus actos oficiales. Un particular puede hacerlo todo excepto lo que esté legalmente prohibido; un funcionario del gobierno no puede hacer nada excepto lo que esté legalmente permitido.

Ese es el medio por el que se subordina el “poder” al “derecho”. Ese es el concepto americano de “un gobierno de leyes y no de hombres”.

La naturaleza de las leyes apropiadas a una sociedad libre y la fuente de la autoridad de su gobierno se derivan ambas de la naturaleza y el objetivo de un gobierno apropiado. El principio básico de ambas está plasmado en la Declaración de Independencia: “para garantizar estos derechos [individuales], gobiernos se instituyen entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. . .”

Dado que la protección de los derechos individuales es la única finalidad legítima de un gobierno, ése es el único objeto válido de la legislación: todas las leyes deben estar basadas en los derechos individuales y buscar su protección. Todas las leyes deben ser objetivas (y objetivamente justificadas): los hombres deben saber claramente y antes de hacer algo, qué ley les prohíbe hacerlo (y por qué), qué constituye un delito, y qué pena incurrirían si lo cometiesen.

La fuente de la autoridad del gobierno es “el consentimiento de los gobernados”. Eso significa que el gobierno no es el amo, sino el siervo, el representante de los ciudadanos; significa que el gobierno como tal no tiene derechos excepto los derechos que le han sido delegados por los ciudadanos para un propósito específico.

Sólo hay un principio básico al que un individuo debe dar su consentimiento si desea vivir en una sociedad libre y civilizada: el principio de renunciar al uso de la fuerza física y delegar en el gobierno su derecho a la defensa propia para poder implementarlo de forma ordenada, objetiva y legalmente definida. O, por decirlo de otra manera, ese individuo debe aceptar la separación de fuerza y capricho (cualquier capricho, incluído el suyo propio).

Y ¿qué pasa en caso que haya desacuerdo entre dos hombres sobre algún asunto en el que ambos están involucrados?

En una sociedad libre, los hombres no están obligados a tratar entre sí. Cuando lo hacen es sólo por acuerdo voluntario y, cuando hay un elemento de tiempo, por contrato. Si un contrato es incumplido por decisión arbitraria de un hombre, puede causarle desastrosos daños financieros al otro, y la víctima no tiene otra opción que tomar la propiedad del causante como compensación.

Pero, de nuevo, el uso de la fuerza no puede depender de la decisión de particulares. Lo que nos lleva a una de las funciones más importantes y más complejas del gobierno: la función de ser un árbitro que dirime las controversias entre los hombres de acuerdo a leyes objetivas.

Criminales y delincuentes son una pequeña minoría en cualquier sociedad medio civilizada. Pero la protección y el hacer cumplir los contratos a través de los tribunales de justicia civil es la necesidad más importante de una sociedad pacífica; sin tal protección, ninguna civilización podría haberse desarrollado o mantenido.

El hombre no puede sobrevivir, como hacen los animales, actuando sólo para el momento inmediato. El hombre tiene que proyectar sus metas y alcanzarlas a lo largo del tiempo; tiene que calcular sus acciones y hacer planes a largo plazo. Cuanto mejor sea la mente de un hombre y mayor su conocimiento, mayor será el alcance de su planificación. Cuanto más sofisticada o más compleja sea una civilización, mayor será el plazo de actividad que requiere – y, por tanto, mayor será la duración de los contratos entre los hombres, y más urgente su necesidad de protección para la seguridad de dichos acuerdos.

Ni siquiera una sociedad primitiva de trueque podría funcionar si un hombre acordara cambiar un kilo de patatas por una cesta de huevos y, después de haber recibido los huevos, se negase a entregar las patatas. Piensa en lo que este tipo de acción caprichosa significaría en una sociedad industrial en la que los hombres entregan mercancías por valor de miles de millones de dólares a crédito, o contratan la construcción de estructuras que valen billones de dólares, o firman contratos de arrendamiento por noventa y nueve años.

El incumplimiento unilateral de un contrato implica el uso indirecto de la fuerza física: consiste, en esencia, en que un hombre reciba valores materiales, bienes o servicios de otro, y luego se niegue a pagar por ellos, quedándose con ellos por la fuerza (por mera posesión física), no por derecho; es decir, manteniéndolos sin el consentimiento de su dueño. El fraude implica un uso similar de fuerza indirecta: consiste en obtener valores materiales sin el consentimiento de su dueño, bajo falsos pretextos o falsas promesas. La extorsión es una variante del uso indirecto de la fuerza: consiste en obtener valores materiales, no a cambio de otros valores, sino por amenaza de fuerza, violencia o daños.

Algunas de estas acciones son obviamente criminales. Otras, como el incumplimiento unilateral de un contrato, puede que no estén criminalmente motivadas, sino que su causa sea la irresponsabilidad y la irracionalidad; y otras pueden ser asuntos complejos en los que ambos lados tienen parte de razón. Pero, sea cual sea el caso, todas esas cuestiones tienen que estar sujetas a leyes definidas objetivamente, y han de ser resueltas por un árbitro imparcial que aplique las leyes, es decir: por un juez (y, si procede, por un jurado).

Observad el principio básico que rige la justicia en todas estas situaciones: es el principio de que ningún hombre puede obtener ningún valor de otros sin el consentimiento de sus dueños; y, como corolario, que los derechos de un hombre no pueden ser dejados a merced de la decisión unilateral, la elección arbitraria, la irracionalidad o el capricho de otro hombre.

Tal es, en esencia, el objetivo válido de un gobierno: hacer que la existencia social entre los hombres sea posible, al proteger los beneficios y combatir las maldades que los hombres puedan causarse unos a otros.

Las funciones apropiadas de un gobierno recaen en tres amplias categorías, todas ellas relacionadas con el uso de la fuerza física y la protección de los derechos de los hombres: la policía, para proteger a los hombres de delincuentes; las fuerzas armadas, para proteger a los hombres de invasores extranjeros; y los tribunales, para resolver disputas entre los hombres de acuerdo a leyes objetivas.

Estas tres categorías engloban muchos corolarios y temas derivados, y su implementación práctica en forma de legislación específica es enormemente compleja. Pertenece al campo de una ciencia especial: la filosofía del derecho. Muchos errores y desacuerdos son posibles en el campo de la implementación, pero lo esencial aquí es el principio que hay que implementar: el principio de que el objetivo tanto de la ley como del gobierno es proteger los derechos individuales.

Hoy día, este principio es olvidado, ignorado y evadido. El resultado es el estado actual del mundo, con el retroceso de la humanidad a la anarquía de una tiranía absolutista, al salvajismo primitivo del imperio de la fuerza bruta.

En protesta irreflexiva contra esta tendencia, algunos se preguntan si el gobierno como tal es malo por naturaleza, y si la anarquía es el sistema social ideal. La anarquía, como concepto político, es una ingenua abstracción flotante: por todas las razones expuestas, una sociedad sin un gobierno organizado estaría a merced del primer criminal que apareciese, quien la precipitaría en el caos de guerras callejeras. Pero la posibilidad de la inmoralidad humana no es la única objeción a la anarquía: incluso una sociedad en la que cada miembro fuese plenamente racional y no tuviese ningún fallo moral, no podría funcionar en un estado de anarquía: es la necesidad de leyes objetivas y de un árbitro que resuelva los desacuerdos honestos entre los hombres lo que hace necesario que se establezca un gobierno.

Una reciente variante de la teoría anarquista, que confunde a algunos de los más jóvenes defensores de la libertad, es algo extraño y absurdo llamado “gobiernos en competencia”. Partiendo de la premisa básica de los estatistas modernos – que no ven ninguna diferencia entre las funciones del gobierno y las funciones de la industria, entre fuerza y producción, y que abogan por la propiedad estatal de los negocios – los partidarios de esos “gobiernos en competencia” toman la otra cara de la misma moneda y declaran que, puesto que la competencia es algo tan beneficioso para la economía, también debería aplicarse al gobierno. En vez de un único gobierno monopolista, declaran, debe haber varios diferentes gobiernos en la misma área geográfica, compitiendo por la lealtad de ciudadanos individuales, siendo cada ciudadano libre de “comprar” y patrocinar cualquier gobierno que él decida.

Recuerda que dominar a los hombres por la fuerza es el único servicio que un gobierno puede prestar. Pregúntate qué significaría en este caso el competir por dominar por la fuerza.

Uno no puede llamar a esta teoría una contradicción de términos, porque obviamente ni siquiera entiende los términos “competencia” y “gobierno”. Tampoco se puede decir que sea una abstracción flotante, puesto que carece de cualquier contacto con la realidad o referencia a ella, y no puede ser concretada en absoluto, ni siquiera de forma vaga o aproximada. Un ejemplo debe bastar: supongamos que el Sr. Smith, un cliente del Gobierno A, sospecha que su vecino, el Sr. Jones, un cliente del Gobierno B, le ha robado. Un escuadrón de la Policía A va a casa del Sr. Jones y se encuentra en la puerta con un escuadrón de la Policía B, que declara que no acepta la validez de la denuncia del Sr. Smith y que no reconoce la autoridad del Gobierno A. ¿Qué pasa entonces? Te lo puedes imaginar a partir de ahí.

La evolución del concepto “gobierno” ha tenido una larga y tortuosa historia. Algún destello de la función de un gobierno válido parece haber existido en toda sociedad organizada, manifestándose en fenómenos tales como el reconocimiento de algunas diferencia implícitas (aunque a menudo inexistentes) entre un gobierno y una pandilla de ladrones; el aura de respeto y de autoridad moral que le se confiere al gobierno como guardián de “la ley y el orden”; el hecho de que incluso las formas más malvadas de Gobierno han considerado necesario mantener una cierta apariencia de orden y alguna pretensión de justicia, aunque fuera sólo de forma rutinaria y por tradición; y la declaración de algún tipo de justificación moral (de naturaleza mística o social) por su poder. Así como los monarcas absolutos de Francia tuvieron que invocar “el derecho divino de los reyes”, los dictadores modernos de la Rusia soviética tienen que gastar una fortuna en propaganda para justificar su poder a ojos de los súbditos a quienes mantienen esclavizados.

En la historia de la humanidad, el comprender la legítima función del gobierno ha sido un logro muy reciente: tiene tan sólo doscientos años de antigüedad y data de los Padres Fundadores de la Revolución Americana. Ellos no sólo identificaron la naturaleza y los requerimientos de una sociedad libre, sino que se las ingeniaron para llevarla a la práctica. Una sociedad libre – como cualquier otro producto humano – no se puede conseguir por azar, o simplemente deseándolo, o con las “buenas intenciones” del líder. Un complejo sistema legal, basado en principios objetivamente validados, es necesario para construir una sociedad libre, y para mantenerla libre, un sistema que no dependa de los motivos, del carácter moral, o de las intenciones de ningún funcionario específico, un sistema que no permita ninguna oportunidad, ningún resquicio legal para que se instale la tiranía.

El sistema americano de controles y equilibrios logró exactamente eso. Y a pesar de que ciertas contradicciones en la Constitución dejaron un resquicio para que creciera el estatismo, su incomparable logro fue el concepto de una Constitución concebida y diseñada para limitar y restringir el poder del gobierno.

Actualmente, con el esfuerzo concertado que se hace para demoler este punto, no podemos dejar de repetir que el objetivo de la Constitución es limitar al gobierno, no a individuos privados; que la constitución no dicta la conducta de particulares, sólo la conducta del gobierno; y que no es una licencia para el poder del gobierno, sino una licencia para proteger a los ciudadanos contra el gobierno.

Ahora pensad hasta qué punto se ha invertido moral y políticamente el punto de vista predominante hoy sobre el gobierno. En vez de ser el protector de los derechos del hombre, el gobierno se está convirtiendo en su violador más peligroso; en vez de defender la libertad, el gobierno está estableciendo la esclavitud; en vez de proteger a los hombres contra quienes inician la fuerza física, el gobierno es quien está iniciando la fuerza física y la coacción de cualquier forma y sobre cualquier asunto que le dá la gana; en vez de servir como instrumento de objetividad en las relaciones humanas, el gobierno está creando un reino subterráneo y letal de incertidumbre y de miedo, a través de leyes no objetivas cuya interpretación se deja a la decisión arbitraria del burócrata de turno; en vez de proteger a los hombres de daños por capricho, es el gobierno quien se está atribuyendo el poder de caprichos ilimitados, así que estamos acercándonos rápidamente a la última etapa de esa inversión: la etapa en la que el gobierno es libre de hacer lo que le plazca, mientras que los ciudadanos pueden actuar sólo por permiso; esa es la etapa de los períodos más negros de la historia humana, la etapa del régimen de la fuerza bruta.

Se dice a menudo que, a pesar de su progreso material, la humanidad no ha alcanzado un grado comparable de progreso moral. Esa observación es generalmente seguida por una conclusión pesimista sobre la naturaleza humana. Es cierto que el estado moral de la humanidad es vergonzosamente bajo. Pero si tenemos en cuenta las monstruosas subversiones morales de los gobiernos (posibles gracias a la moralidad altruista-colectivista) bajo las que la humanidad ha tenido que vivir durante la mayor parte de su historia, uno empieza a preguntarse cómo los hombres consiguieron conservar siquiera una semblanza de civilización, y qué indestructible vestigio de autoestima es el que consiguió mantenerlos caminando erguidos sobre dos pies.

Y uno también empieza a ver más claramente la naturaleza de los principios políticos que han de ser aceptados y defendidos, como parte de la batalla por el renacimiento intelectual del hombre.