Como el objetivo de un proceso electoral es
alcanzar el poder político no es extraño que en algunos casos se
convierta en catalizador o acelerador de la violencia, particularmente
en aquellos países donde las instituciones son débiles. En estudios del
Programa de Desarrollo de la ONU (UNDP) se resalta que las elecciones no
son causa de violencia. Estas tienen sus raíces en la situación
económica, política y especialmente en la distribución del poder entre
las fuerzas sociales que afectan el proceso electoral. La violencia
electoral es considerada un subtipo de violencia política que usa las
amenazas, la coerción y la intimidación como formas de confrontación.
Mientras menos libres, justas y transparentes sean percibidas unas
elecciones es más probable el recurso de la violencia.
Para la
UNDP, como se ha dicho de la administración bolivariana, la violencia
electoral es una forma de “desarrollo en reverso”. La pobreza subyace en
los procesos electorales violentes. La UNDP considera que la
competencia cerrada o los márgenes de triunfo de sectores de oposición
son factores que estimulan la violencia especialmente de los que
detentan el poder y aspiran a mantenerlo a toda costa. Oposición
recurriendo a la violencia contra gobiernos autocráticos, no son
reseñados en lo estudios de la ONDP. Los ejemplos de violencia
no-estatal que comúnmente se reportan se refieren a rebeldes,
guerrilleros o milicias armadas.
Violencia poselectoralSi
bien la violencia promovida por sectores de oposición es extraña en
procesos electorales, no ocurre lo mismo en los períodos que siguen
inmediatamente a una elección muy competida o con ostensibles evidencias
de fraude.
Típicamente la violencia electoral puede irrumpir
preelectoral y/o poselectoralmente pero son raros los casos de violencia
masiva el día de las elecciones. Altos niveles de competencia,
incertidumbre y brotes esporádicos de enfrentamiento durante la campaña
electoral son indicadores que anticipan violencia poselectoral. En la
pasada década la violencia esporádica durante el proceso resultó en
violencia poselectoral en Zanzíbar, Zimbabue, Etiopía, Kenia y Ruanda.
Lamentablemente la era bolivariana ha arrastrado a Venezuela a estos
niveles.
El discurso de odio es característico en estos casos.
Un rol crítico se le atribuye a los medios y a las redes sociales en la
violencia poselectoral de países africanos. Un ejemplo relevante de
violencia poselectoral y la influencia de las redes sociales fueron las
últimas elecciones de 2009 en Irán donde se reelige presidente a Mahmoud
Ahmadenijah. La violencia que surgió casi derriba el gobierno pese al
uso indiscriminado de la represión y la tortura.
La UNDP le
otorga a los medios y a las redes sociales una responsabilidad tan
crucial en la violencia poselectoral que sus observadores sugieren
siempre un acuerdo entre medios gubernamentales y privados que deben ser
monitoreados. Para partidos opositores las redes sociales han adquirido
tal importancia que en las elecciones de 2005 el gobierno de Etiopía
decidió clausurar los mensajes de texto. En estas experiencias
electorales el consenso es que la gran responsabilidad en facilitar la
violencia o en resolverla reposa fundamentalmente en los gobiernos.
Después de todo, son los que tienen las armas y el monopolio de la
fuerza legítima.
Organismos internacionales dedicados a
monitorear derechos humanos no ven los antecedentes del régimen
bolivariano muy alentadores. Las protestas del Psuv que atribuye actos
de violencia a sectores opositores no son convincentes. La desidia en
materia de seguridad del gobierno bolivariano que elevó a Venezuela a la
cúspide de los países con más homicidios del mundo no lo respalda en el
exterior. Por años se ha documentado el accionar del régimen con grupos
violentos nacionales, regionales e internacionales. Sus “alianzas
estratégicas” más importantes son con países que han hecho de la
violación de derechos humanos una política sistemática como China,
Rusia, Irán, Sudan, Bielorrusia, Zimbabue, la Cuba castrista y antes
Libia de Gadafi y el Irak de Hussein. De un puñado de países en el mundo
que apoya actualmente los desafueros y asesinatos en masa de Bachar Al
Assad en Siria, se destaca Venezuela.
Con estos antecedentes
nacionales e internacionales de violencia y acoso a la disidencia se le
agrega la reciente decisión del TSJ que con humor negro le atribuye a
Globovisión el delito de “fomentar el odio y la intolerancia política”.
¿Quién
en el mundo podrá creer que la oposición venezolana esté en capacidad
de acosar al gobierno bolivariano por medio de la violencia?
No hay comentarios.:
Publicar un comentario