ONU denuncia participación del Estado en desapariciones forzadas de la ‘guerra’ antinarco

Agencias

GINEBRA, 6 de marzo.- La Organización de las Naciones Unidas señaló a funcionarios públicos de México por haber participado en desapariciones de personas durante una “guerra sucia” contra el narcotráfico.


Según un informe presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas, los casos están documentados.
“El Grupo de Trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”, consigna el informe, redactado por tres expertos independientes de la ONU del mencionado grupo de trabajo, que visitó  México en marzo de 2011.
“La participación del Estado en las desapariciones también está presente en el país”, subraya el informe, y se suma a las llevadas a cabo por “grupos del crimen organizado”, establece.
Según las estimaciones de la ONU, en total hay 346 casos en 2010, y alrededor de 3 mil a partir de 2006.
Puntualiza también “detenciones que habrían sido cometidas por elementos militares en contra de civiles, quienes habrían sido llevados a instalaciones  militares”, y menciona casos ocurridos en Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
“Personal militar habría interrogado a personas detenidas”, a veces “utilizando la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, cuyos responsables serían “elementos del Ejército y otras fuerzas de seguridad”.
El reporte también da cuenta de desapariciones “por cortos periodos de tiempo”, comúnmente llamados “levantones”, detalla el documento.
La ONU determina que las “mujeres, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas” constituyen sectores de “particular vulnerabilidad” en padecer desapariciones.
Los casos de desapariciones contra mujeres no se localizarían solamente en Ciudad Juárez, subraya el informe, pues se darían paralelamente “en otras regiones”, pese a que la “información pública disponible”, es “escasa”, asegura la ONU.
Plantea “considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública”, un “derecho” y “deber” del Estado, cuyas “acciones correspondientes”, desde luego, no pueden efectuarse “a expensas del respeto de los derechos humanos, ni permitiendo la práctica de las desapariciones forzadas”.
La ONU pide a México “regular el uso de la fuerza por parte del Ejército y todas las corporaciones policiales, como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos”.
Señala que “México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas”, y que “un gran número de autoridades se negaría a registrar casos de desapariciones dentro del periodo de 72 horas después de que ocurrió la desaparición”, un periodo “fundamental para obtener información” sobre el desaparecido “y evitar su asesinato”.
Los expertos también ponen énfasis en la necesidad de eliminar la figura del arraigo, una medida que habilita la detención de personas “en casas de seguridad” hasta por 80 días.
La ONU resume que “las víctimas de desaparición forzada no confían en el sistema de justicia, en los ministerios públicos y las Fuerzas Armadas”, que “la impunidad es un patrón crónico” en México, que no realizaría “los esfuerzos suficientes” para “sancionar” a los autores, y garantizar “verdad y reparación”.