Una nueva ola de candidaturas independientes

Leo Zuckermann

Siempre he estado a favor de las candidaturas no partidistas por una razón fundamental: en la política, al igual que en la economía, es mejor la competencia que los monopolios. De hecho, considero que uno de los problemas que tiene nuestra democracia es el monopolio partidista de la representación, el cual ha generado una clase política vividora y adicta de prerrogativas multimillonarias que pagamos los contribuyentes.


Si bien el rompimiento del monopolio priista fue central para democratizar la política del país, los partidos que pactaron la democratización mantuvieron para ellos el monopolio de las candidaturas. Establecieron una competencia restrictiva: dentro de los partidos, todo; fuera de ellos, nada. Transitamos, de esta forma, de un régimen de un solo partido a uno de tres y morralla, partidos que se han dedicado a defender sus monopolios y restringir aún más la competencia. Han venido reformando la ley para dificultar la formación de nuevos partidos e internamente establecido reglas que privilegian el otorgamiento de candidaturas a sus miembros más veteranos y no a los nuevos afiliados o a ciudadanos sin filiación partidista.
Las candidaturas independientes no es un asunto teórico. En el país hay cada vez más ciudadanos que quieren competir fuera de los partidos. Jorge Castañeda y Víctor González Torres pretendieron hacerlo en la elección presidencial de 2006. El primero demandó un amparo para poder registrarse como candidato independiente, demanda que fue desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien lamentablemente no quiso entrar al fondo del asunto. El segundo hizo campaña con su dinero, pero su nombre nunca apareció en la boleta.
En Sonora y Yucatán las legislaturas locales habían aprobado leyes que admitían las candidaturas independientes. En 2006, a propósito de un caso yucateco, la SCJN resolvió que las candidaturas no partidistas eran constitucionales, siempre y cuando los legisladores federales o locales determinaran “dentro de su sistema jurídico electoral, si sólo los partidos políticos tienen derecho a postular candidatos a esos otros cargos de elección popular o si también permiten candidaturas independientes”.
De esta forma, la SCJN abrió la puerta a este tipo de candidaturas, pero obligó a que los legisladores explícitamente las aprobaran y definieran reglas que aplican a los partidos como el financiamiento de las campañas, la fiscalización de dichos recursos y el acceso a los tiempos de radio y televisión que, como se sabe, sólo pueden ser administrados por el IFE.
A finales de este sexenio, el Senado aprobó una reforma que permitía las candidaturas independientes a nivel federal. El asunto desafortunadamente se atoró en la Cámara de Diputados. Luego entonces se entiende que el IFE está impedido para registrar a candidatos no partidistas.
El asunto viene a colación porque varios ciudadanos, hartos de los abusos partidistas, están en el ánimo de inscribirse como candidatos independientes. El ex panista Manuel Clouthier ya anunció que lo hará para la elección presidencial. Le seguirán otros ciudadanos que se inscribirán para el Senado y la Cámara de Diputados. A todos ellos, el IFE los rechazará. Supongo que luego irán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a desafiar dicho rechazo. Este Tribunal, de acuerdo al criterio fijado por la SCJN, con toda seguridad también negará el registro de candidatos independientes. Acto seguido, espero, acudirán a instancias jurídicas internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para exigir que el Estado mexicano respete el derecho de todo ciudadano “a ser votado”. De esta forma se sumarán a la lucha que comenzó Jorge Castañeda para bien del país. Porque permitir las candidaturas independientes o, en su caso, simplificar la formación y el registro de partidos políticos, oxigenaría nuestra vida democrática al desafiar a una partidocracia que hoy goza del monopolio de la representación política.