Una sociedad de criminales

Autor: Ben O’Neil 

 Recientemente una amiga mía se quejaba acerca de una racha de robos que se habían producido cerca de su casa nueva. Habían robado hacía unas semanas en una casa en su misma calle y a su vecino le habían robado poco después. En este último caso, los ladrones se habían llevado un gran televisor de plasma y un ordenador portátil, aparentemente saliendo de la casa a plena luz del día.

Mi amiga estaba evidentemente disgustada con estos robos (como debe ser) y parecía tener dificultad en entender cómo podían los responsables llegar a entrar en una casa y llevarse lo que no es suyo. “¡Cómo se atreven!, decía. “¿Qué les hace pensar que tienen derecho a hacer esto?”


Es una buena pregunta. ¿Qué les hace pensar que tienen derecho a hacer esto? Bien, tal vez saben que no tienen derecho a hacer esto, pero lo hacen de todas maneras porque el deseo de lo no ganado tiene para ellos mayor peso que su respeto a los derechos de propiedad de otros. Quizá racionalizaron su crimen basándose en alguna supuesta necesidad, ocasionada, sin duda, por haber sido “marginados” por la sociedad.
Sólo podemos especular respecto de la actitud de estos ladrones en particular. Pero podemos preguntarnos, en general, por qué un criminal se siente cómodo quitando propiedades que no son suyas.
Después de escuchar la historia de mi amiga, le repetí que los ladrones que habían robado a sus vecinos (tenían que haber sido más de uno para cargar con la gran TV) no tenían derecho a llevarse esa propiedad que no era suya y que tenía razón al estar enfadada. Sin embargo, al estar siempre a la búsqueda de divulgar la buena nueva libertaria, aproveché para informarle de que la conducta de los ladrones no era esencialmente nada distinta de la conducta de la mayoría de la gente en nuestra sociedad, que constantemente solicita o aprueba la apropiación de propiedades que no son suyas.
¡Sin duda no! ¡Sin duda sólo un canalla de la peor ralea podría creer que tiene derecho a robar la propiedad de otros! ¡Ningún miembro de la sociedad “amante de la ley” aceptaría algo así! ¿No?
Bueno, veamos: Supongamos que un persona tiene la juiciosa idea de que algunas personas no tienen tanto dinero como otras y sería estupendo si tuvieran más dinero. Para poner remedio a este problema propone a un grupo de benefactores de buen corazón crear una organización cuya tarea sea tomar por la fuerza el dinero de otras personas sin permiso (es decir, robarlo) y darle parte a quienes consideran que están “necesitados”. El grupo usaría el resto de los fondos para fomentar la sensación de derecho a este dinero robado por parte de los receptores del mismo, un fondo de propaganda que diga al mundo el gran trabajo que hace la organización, y construir gradualmente un pequeño emporio de empresas rentable para el personal a cargo, que actúan como bandidos, ganando mucho más de lo que ganarían en otros trabajos, al tiempo que se les alaba por su “servicio público”.
¿Se pone la gente furiosa? ¿Llaman a la policía para denunciar esta trama criminal? ¿Inundan las oficinas de sus representantes elegidos con llamada y cartas, solicitando que se cierre esta organización? No. De hecho ocurre justamente lo contrario: la gente se presura a proclamar su apoyo a este sistema, con cuidado de no hacer críticas a sus excesos al asegurar que realmente se “preocupan” por “los pobres” y que no son “extremistas del libre mercado”.
La infinidad de ejemplos de criminalidad extendida y de apoyo extendido (o al menos aprobación) para estos programas es demasiado larga como para hacerle ahora justicia. Pero en este entorno es poco sorprendente que los ladrones tengan pocos reparos en tomar propiedades que no son suyas. La razón de su sentimiento es probablemente muy similar a la razón por la que la inmensa mayoría de la población de nuestra sociedad se siente con derecho a la propiedad de otros: vivimos en una sociedad de criminales.
¿Cómo podría ser esto correcto? ¿No cumple la ley la mayoría de la gente? ¿No rellenan sus declaraciones de la renta y sus solicitudes de permiso de conducir como buenos pequeños ciudadanos “cumplidores de la ley”? ¿No cumplen con las regulaciones laborales, las regulaciones medioambientales, las normas fiscales y todas las demás cosas que sus representantes les dicen que hagan?
Bueno, sí… hasta donde es posible cumplir con esta enorme y a menudo vaga o contradictoria serie de reglas, la mayoría de la gente generalmente lo hace. Pero eso no es cumplir con la ley, es cumplir con la legislación. Es cumplir simplemente con los decretos del poder.
De hecho las únicas normas de conducta que pueden llamarse “leyes” con propiedad son las de la ley natural, esas normas objetivas de conducta que son necesarias como moralmente adecuadas a la naturaleza del hombre.[1] Estas reglas consisten esencialmente en el principio de no agresión y las reglas de ocupación e intercambio de propiedad que subyacen la teoría libertaria de la justicia. En esta explicación de la ley natural, el gran teórico legal Lysander Spooner establecía las condiciones de esta ley:

“Estas condiciones son simplemente éstas: a saber, primero, que cada hombre debe hacer, hacia los demás, todo lo que la justicia le requiera hacer, como por ejemplo, pagar sus deudas, devolver a su propietario la propiedad pedida prestada o robada y reparar cualquier daño que haya hecho a la persona o propiedad de otro. La segunda condición es que cada hombre debe abstenerse de hacer a otro todo lo que la justicia le prohíbe hacer, como por ejemplo, abstenerse de cometer robo, incendio, asesinato o cualquier otro crimen contra la persona o propiedad de otro”.[2]

Entonces, ¿cómo queda la gente al evaluar su conducta ante esta ley… ante la ley? No queda bien. De hecho, evaluada de esta manera, la inmensa mayoría de la gente apoya actos criminales.
La gente a menudo se sorprende por la mentalidad de los “delincuentes comunes” (es decir, los criminales del tipo reconocido como delincuentes) porque piensan que este sentido criminal de derecho a lo no ganado y desprecio por los derechos de los demás es un defecto relativamente escaso. Pero no lo es. De hecho, la inmensa mayoría de los miembros del público se sienten con perfecto derecho a la propiedad de otros. Reclaman que se quite la propiedad a otros mediante el sistema tributario y otras “políticas públicas” o interferir en ella por la fuerza mediante regulación como algo habitual.
Incluso si no son beneficiarios netos de este sistema, incluso si pagan mucho más en impuestos de lo que jamás recuperarán de la trama, siguen de todas formas dispuestos a apoyar muchas “políticas públicas” que permiten, en la práctica, el robo u otras violaciones contra personas y propiedades.
¿Y cómo ven a esa gente que está en desacuerdo con esa mentalidad, que está en desacuerdo con este deseo de coacción y esta criminalidad masiva? ¡Esa gente es directamente poco caritativa! ¡No tiene conciencia social! ¡Son peligrosos ideólogos y extremistas poco prácticos!
Dios quiera que nunca ejerzan más que una influencia marginal en las “políticas públicas”. Sin duda esos extremistas puede que tengan algo de razón aquí y allí acerca del estado del bienestar. Podríamos dejar que se ocupen de algunos de los problemas cuando los políticos y burócratas están realmente descontrolados, ¡pero la mayoría de las veces van demasiado lejos! ¿Sin impuestos? ¿Sin regulación? ¿Derechos inviolables de propiedad? ¡Es una locura!
Pero en realidad, no es en absoluto una locura. Pues la única diferencia entre el ladrón reconocido como criminal y el miembro del público no reconocido como tal es que el ladrón hace su propio trabajo sucio. No obtiene sus televisores, estéreos y joyas mediante esa forma de robo que se llama “política pública”. En lugar de reclutar a sus políticos y burócratas locales para robar nuestra propiedad para su uso, les evita el problema y va y los toma por sí mismo.
Al hacerlo, no es capaz de echar mano de racionalizaciones por sus crímenes basándose en procesos democráticos, obligaciones políticas y otras nociones del estado. Por supuesto puede tener sus propios razonamientos, pero son mucho más desganados que la codicia entusiasta por lo no ganado que exhiben en el ámbito político los cabilderos, políticos y comentaristas de los medios públicos de comunicación. En todo caso, es poco sorprendente que se sienta con derecho a tomar propiedad que no le pertenece. Es la menor de las diferencias con los miembros normales y “cumplidores de la ley” de la sociedad.
El razonamiento más común para esos delitos cometidos bajo las “políticas públicas” es la idea de que esas políticas son la “voluntad del pueblo” expresada a través de sus representantes elegidos. Pero incluso si pudiera establecerse alguna expresión conjunta de voluntad a través de este proceso (lo que es extremadamente dudoso) no podría existir una capacidad de la gente de cambiar el contenido de la ley o votar quitar los derechos a la gente. Podemos volver de nuevo a Spooner, que advierte que

“si la justicia es un principio natural, entonces es necesariamente inmutable y no puede cambiarse (por ningún poder inferior al que la estableció) más que la ley de la gravedad, las leyes de la luz, los principios de las matemáticas o cualquier otro principio o ley natural; y todos los intentos o suposiciones por parte de cualquier hombre o grupo de hombres (se llamen a sí mismos gobierno o usen otro nombre) por establecer sus propios mandamientos, voluntades, placeres o discreciones en el lugar de la justicia como regla de conducta para cualquier ser humano son tan absurdos, tan usurpadores, tan tiránicos como serían sus intentos de establecer sus propios mandamientos, voluntades, placeres o discreciones en el lugar de todas y cada una de las leyes físicas, mentales y morales del universo”.[3]

Entonces ¿qué quiero decir cuando digo que vivimos en una sociedad de criminales? Simplemente quiero decir que la inmensa mayoría de la gente en nuestra sociedad apoya actos criminales cometidos contra otros. Estos ciudadanos calificados como cumplidores de la ley apoyan el robo, la agresión, el allanamiento y a veces incluso el asesinato cuando estos crímenes se visten con la capa respetable de la “política pública”. El desdén con el que miran a los delincuentes comunes es verdaderamente risible cuando se examina la criminalidad masiva que sí apoyan.
Por supuesto esto no quiere decir que todos los miembros del público sean equivalentes morales a ladrones u otros criminales. Su culpabilidad moral pude rebajarse hasta cierto punto porque están engañados por la propaganda estatal, que les anima a verse con derecho a “decir” cómo deben usar otros su propiedad.
Sin duda puede haber algunos miembros del público que no han apreciado la conexión entre coacción y “política pública” y que son completamente inconscientes de que haya paralelismos entre estas políticas y las acciones de “delincuentes comunes”. Si es un error honrado, es un error de conocimiento, no de moralidad. Sin embargo difícilmente puede decirse que este error de conocimiento esté extendido: en la mayoría de los casos, los miembros del público conocen bien la naturaleza coactiva de las políticas que apoyan. Además, no es una excusa de su error el que no salgan y tomen directamente el botín como haría un delincuente común, y que simplemente se los “den” sus benevolentes amos políticos. Pues es esta mayoría de miembros del público la que apoya la “redistribución” que se está produciendo.[4]
La actitud pública hacia el “delincuente común” merece una pregunta obvia. ¿Qué posible razón tenemos para quejarnos de la acción de estos criminales cuando apoyamos e incluso defendemos acciones criminales a una escala mayor?
En todo esto hay una lección para los libertarios. Si queremos tener éxito al presentar nuestras opiniones a una gran audiencia, debemos aprender del hecho de que la gente corriente habitualmente apoya el robo y otros delitos cometidos por el estado, pero se aterrorizan cuando ven los mismos crímenes cometidos por “delincuentes comunes” (que en realidad son el tipo menos común). Los defensores de un estado de derecho deben esforzarse por atraer la atención hacia la contradicción propia de esta actitud.
Debemos dirigir la atención a los paralelismos entre las “políticas públicas” del estado y los actos de los “delincuentes comunes”. Debemos aprender a presentar las políticas estatales al público como lo que son: grandes decretos criminales. Y debemos aprender a convencer a la gente de que apoyar estas políticas es apoyar el delito.
Para hacerlo, no basta con hablar acerca del libre mercado y de la desregulación. Hacerlo es luchar en batalla en el campo estatista, presentando el asunto como una lucha de “políticas públicas” en competencia. Pero la verdadera batalla, el asunto real en la raíz de los debates políticos, no trata acerca de elegir entre esta o aquella política, trata de elegir entre cometer crímenes o no hacerlo.
De hecho, lo que se califica como “el libre mercado” es sólo la ausencia de robos, agresión, etc. socialmente sancionados en el contexto del mercado relevante. Lo que se califica como “desregulación” es sólo la derogación de políticas que permiten lo allanamientos de personas y propiedades socialmente sancionados. Lo que se califica como “descentralización del poder” es realmente sólo la división de una gran organización criminal en muchas organizaciones criminales más pequeñas en competencia, con el objetivo final de hacerlas tan pequeñas y competitivas (entre sí) como para poder escapar todos de sus garras.
Fundamentalmente, la postura libertaria es muy simple y debe comunicarse de esta manera. Sostiene que no debería permitirse a la gente cometer crímenes contra otros. Toda la discusión acerca de libres mercados contra intervención en los mercados, capitalismo contra socialismo, regulación contra desregulación, etc. es sólo una forma oculta de presentar la dicotomía básica entre una sociedad de criminales y un estado de derecho. Ésta es la esencia de la batalla.
Una batalla entre el libre mercado y sus antípodas, cuando se presenta vestida de filosofía política, es una batalla esotérica. Es una batalla que puede pervertirse y falsearse. Es más fácil de entender y mucho más poderosa una batalla directa entra criminalidad y derecho. Los libertarios no deberían rehuir presentar los “asuntos políticos” en términos de su significado real: en términos de criminalidad frente a derecho.
Muchos se han visto intimidados para evitar este punto de vista por la idea de que este “lenguaje duro” desagradará a la gente o hará parecer poco razonables a los libertarios. Pero es precisamente esta confrontación con el hecho básico (que el libertarismo apoya un estado de derecho) el arma más poderosa para sus defensores. No hay nada malo en decir a la gente que los impuestos son un robo, que la regulación es allanamiento, que las leyes antidroga son agresiones y robos, que los políticos son criminales y que el estado es una monstruosa organización criminal.