“Debemos cuestionar la premisa moral que la asistencia médica es un derecho. No lo es.
No había “derecho” a tal servicio antes de que los médicos, hospitales y
empresas farmacéuticas lo produjeran. No existe ningún “derecho” a nada
que otros estén obligados a producir, porque nadie puede clamar un
“derecho” a forzar a otros a proporcionarlo.
…
Después de cincuenta años de programas
gubernamentales cada vez mayores, los costos de asistencia médica
continúan subiendo. El gobierno de los EE.UU. controla actualmente casi
la mitad de todos los dólares gastados en asistencia médica, y la crisis
se está agravando seriamente. Los planes que vemos desde Washington no
son innovaciones, sino extensiones de las intervenciones gubernamentales
que hemos aceptado durante tres generaciones.
Pero en vez de asumir que más
participación del gobierno es la respuesta, ¿no deberíamos al menos
considerar que el origen del problema puede estar precisamente en esas
intervenciones? Y, más a fondo, ¿no deberíamos de alguna forma
considerar que el motivo de este modelo que ya dura décadas no es
económico, sino moral: la noción que las personas tienen un “derecho” a
la asistencia médica?
Históricamente, el enorme aumento de
gastos en asistencia médica empezó en la década de 1960, cuando Medicare
y otros programas volcaron miles de millones de dólares en la
industria. Fiscalmente, Medicare se está aproximando a una insolvencia
monumental, con deudas de unos veinte billones de dólares. C rear otro
laberinto burocrático ahora – cuyos proponentes orgullosamente dirán que
sólo costará otro billón de dólares en diez años – sólo garantizará
precios más altos, y una crisis aún mayor en la próxima década.
Pero tales argumentos económicos no han impedido más intervenciones gubernamentales, y deberíamos preguntarnos por qué.
La razón es que los defensores de la
medicina gubernamental mantienen que la asistencia médica es un derecho
moral. El objetivo moral de un “derecho” a la asistencia médica es lo
que está cegando a la gente a entender la relación de causa y efecto
entre las acciones del gobierno y el aumento de los precios.
Pero la idea misma de que la asistencia
médica – o de cualquier bien suministrado por otros – es un “derecho” es
una contradicción. Los derechos consagrados por la Declaración de
Independencia fueron la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
Cada uno de estos es un derecho a actuar, no un derecho a cosas. ” Para
garantizar estos derechos se instituyen los gobiernos”, es decir, para
garantizar los derechos de cada persona a ejercer su libertad en la
búsqueda de su propia felicidad.
Por esta forma de entender los derechos,
nadie puede obligarte a actuar en contra de tus propios intereses,
siempre y cuando tú no exijas que otros actúen en contra de sus propios
intereses. No existe el derecho a un buen resultado – ni el derecho a
comida, vestido, vivienda, o seguridad económica – sólo el derecho a
perseguir ese resultado, con la cooperación voluntaria de los demás si
quieren ofrecerla.
Pero observa lo que significaría el
derecho a un resultado garantizado. Requeriría infringir en las vidas y
la libertad de aquellos que están forzados a proporcionarlo. Si hay un
derecho a la comida, debe haber agricultores que lo proporcionen – o
contribuyentes obligados a pagar por ello. Los planes médicos del
gobierno que tienen privilegios exclusivos, como Medicare, han
institucionalizado la fuerza contra los que deben proporcionar el
clamado “derecho”. Pero ni el principio ni las consecuencias cambian si
la fuerza se reparte entre millones de personas en forma de impuestos.
Estos dos conceptos de derechos –
derechos como el derecho a la libertad, versus derechos como derecho a
las cosas – no pueden coexistir en el mismo sentido al mismo tiempo. Si
yo invoco que mi derecho a la vida significa mi derecho a la medicina,
estoy exigiendo el derecho a obligarles a otros a producir los valores
que yo necesito. Esto acaba siendo una negación de la soberanía personal
y de los derechos individuales.
Para reformar la industria de asistencia
médica debemos cuestionar la premisa que hizo posible la intervención
inicial del gobierno. La premisa moral es que la atención médica es un
derecho. No lo es. No había “derecho” a tal servicio antes de que los
médicos, hospitales y empresas farmacéuticas lo produjeran. No existe
ningún “derecho” a nada que otros estén obligados a producir, porque
nadie puede clamar un “derecho” a forzar a otros a proporcionarlo. La
asistencia médica es un servicio, y para recibirlo todos nosotros
dependemos de profesionales que piensan. Colocar a los médicos bajo las
riendas de control burocrático es una invitación al desastre.
La premisa económica es que el gobierno
puede crear prosperidad mediante la redistribución de la riqueza de sus
ciudadanos. Este es el camino a la bancarrota, no a la prosperidad
universal. Esta verdad se está materializando ante nuestros ojos, al
dispararse los precios de la medicina con cada nueva intervención,
mientras enfrentamos los mayores déficits en la historia de la
humanidad.
Si el Congreso quiere resolver los temas
de la asistencia médica, puede empezar con tres cosas: (1) la reforma
de responsabilidad civil, liberando a los especialistas médicos de sus
costos de seguro de cientos de miles de dólares; (2) la reforma de
Medicare, enfrentando abiertamente la insolvencia de este programa; (3)
la reforma regulatoria, eliminando las costosas reglas que obligan a los
médicos, a los hospitales y a las compañías farmacéuticas (los que
producen la asistencia que otros después claman como un “derecho”) a
satisfacer exigencias burocráticas en vez de aportar valor a sus
pacientes.
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