¿Cómo se compra un voto?

Jorge Fernández Menéndez

 
Recordaba el colega Rubén Cortés en La Razón que el caso de las tarjetas de Soriana se parece al que hace seis años acuñó  López Obrador con el supuesto fraude de Hildebrando. Es verdad. El sexenio pasado, López Obrador insistió en un supuesto fraude, económico y electoral operado por una empresa en la que uno de los propietarios era uno de los hermanos, Hildebrando, de Margarita Zavala.
 
Hubo un enorme escándalo mediático, muchas declaraciones contundentes y, cuando se dijo que se entregarían las pruebas del fraude, no pasó nada: no había tales pruebas, era una gran mentira construida con base en repetirla una y otra vez hasta que no fueran necesarias.

Con el caso Hildebrando obviamente no pasó nada en el terreno legal, porque no había nada que juzgar, pero hasta el día de hoy López Obrador y sus personajes más cercanos siguen insistiendo en que esa es una prueba del fraude que habrían sufrido en 2006.


Ahora se muestran, pegadas a una pared, tres mil 500 tarjetas de Soriana que supuestamente habrían servido para comprar votos para Peña Nieto. Se dice que se depositó en cada una de ellas una cantidad de dinero, no mayor a mil pesos, para que a cambio de ese pago se comprara un voto (que por supuesto no se sabe si se compraría o no por la sencilla razón de que no hay forma de saber, una vez entregada la tarjeta, por quién votó su supuesto poseedor).


Se adjunta la copia de un ticket de compra que dice en el concepto algo así como: aportación del PRI. El lopezobradorismo presenta un video de una tienda Soriana donde un grupo de personas se aglomera para hacer sus compras antes que el PRI, dicen, cancele las tarjetas. Los supuestos compradores (y vendedores de sus votos) son tan disciplinados al tricolor que incluso van a hacer la compra todos juntos y con playeras de apoyo al PRI, cosa de que nadie se vaya a confundir. ¿Si son tan disciplinados al partido para qué comprar el voto?, podría uno preguntarse.


El único problema es que la empresa emplaza a los dirigentes del PRD a que presenten cualquiera de esas tarjetas para que sean revisadas públicamente y demostrar, así, que su afirmación es falsa: que son tarjetas de puntos, de un programa que se estableció con la CTM hace tres años, y en la cual los puntos se van sumando en la medida en que se compra y que no hay forma de hacer aportaciones en efectivo a las mismas.


Tienen en su favor un argumento contundente: todas las tarjetas tienen chips y se pueden revisar en cualquier computadora de la empresa los movimientos que se realizó con ellas. El equipo de campaña de López hizo oídos sordos al desafío y simplemente dice que con esas pruebas pedirá nada más y nada menos que la anulación de las elecciones presidenciales.


Sólo de ésas; no pide que se anulen las de diputados y senadores, y mucho menos las del DF, Morelos y Tabasco. Todas fueron simultáneas, todas se realizaron con los mismos padrones y lo que es más importante, con los mismos electores, que una vez más fueron tan disciplinados en lo que se les ordenó que votaron para el PRI sólo en los comicios presidenciales, en los demás, como por ejemplo en el DF, prefirieron votar por el PRD para darle una votación a Miguel Mancera de casi 65%, con un carro completo que no se veía en la capital desde la elección intermedia de 1991 (casualmente, quien coordinó aquella campaña donde el PRI ganó 40 de 40 distritos en disputa fue Marcelo Ebrard, entonces secretario general del PRI-DF y ahora jefe de Gobierno capitalino y futuro precandidato presidencial para 2018).


Por supuesto que todos los partidos, en mayor o en menor medida, recurrieron a movilizar electores y tratar de comprar, de una u otra manera, conciencias y votos. Se hizo con sacos de cemento, enseres domésticos, despensas, pensiones y, en algunos casos, los menos, con dinero.


Comprobar que eso se tradujo en votos, como lo reconoció el virtual gobernador electo de Tabasco (y vaya que en ese estado hubo “movilización” de todo tipo del PRD y del PRI), el perredista Arturo Núñez, es imposible, aunque es una práctica que se tendría que castigar.


El problema es comprobar que se cometió ese delito, mucho más cuando alguien como López Obrador habla de la compra de cinco millones de votos y de la utilización de miles de millones de pesos para hacerlo.


Una pregunta, ¿la inyección en apenas unas horas de miles de millones de pesos en efectivo a la economía y la compra de cinco millones de “voluntades” no se hubiera puesto de manifiesto en forma inmediata?, ¿no estaríamos inundados de denuncias, pruebas, incluso de datos económicos que demostraran ese fabuloso manejo de personas y recursos?


Pues no, no hay nada de eso, salvo la declaración de AMLO, que siempre aclara que él puede hacer esa denuncia porque tiene “autoridad moral” (sic).


Lo lamentable de todo esto es que el presidente Calderón le haya seguido la corriente a López y que el PAN, que había salido tan dignamente el domingo a reconocer su derrota, haya decidido seguir una línea de impugnación que debería recordar que es la misma que le recetaron hace seis años.