Ignacio de los Reyes
La izquierda mexicana
dio otro paso este miércoles en su petición de invalidar las elecciones
presidenciales del pasado 1º de julio, cuyos resultados oficiales dieron
la victoria a Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
El candidato de Movimiento Progresista, Andrés
Manuel López Obrador, dijo que sus abogados presentarán pruebas ante los
tribunales electorales de que Peña Nieto se excedió en sus gastos de
campaña y que utilizó fondos procedentes de lavado de dinero,
acusaciones que el PRI rechaza.Los magistrados tendrán hasta el próximo 6 de septiembre para decidir si ésta fue una elección válida o si, por el contrario, da la razón a López Obrador en su reclamo de que estas no fueron unas elecciones libres, justas y en un contexto de equidad, como contempla la Constitución.
¿Pero, es realmente posible demostrar que los resultados de las presidenciales mexicanas estuvieron determinados por compra de votos?
"Desde el punto de vista jurídico es muy difícil", le dice a BBC Mundo Bernardino Esparza, profesor de Derecho Electoral y experto constitucionalista.
"Para demostrar que hubo coacción del voto se tendría que agarrar 'con las manos en la masa' al candidato intentando comprar el voto de un elector", asegura, "en ese preciso momento".
López Obrador argumenta que cuenta con pruebas suficientes recabadas por simpatizantes que dijeron haber recibido vales de supermercado con dinero a cambio de votar por el PRI.
Además, otros analistas sostienen que las redes de clientelismo que existen desde hace décadas en muchas zonas del país, especialmente en comunidades de bajos recursos e indígenas, son un ejemplo de cómo el intercambio de despensas (comida o dinero) a cambio de sufragios influyen decisivamente en el paisaje electoral mexicano.
Encuestas y medios
La impugnación de López Obrador pretende argumentar que estos comicios no fueron libres, justos ni en equidad, como exige el artículo 41 de la Constitución mexicana. En definitiva, que el contexto y el exceso de gasto en la campaña benefició, según sostiene, a su rival Enrique Peña Nieto.
Es lo que muchos grupos que se han manifestado en las calles consideran como una "imposición" del candidato del PRI y no una elección democrática.
De acuerdo a AMLO, como se conoce popularmente al líder de la izquierda mexicana, la mayor parte de las casas encuestadoras -que fallaron al pronosticar una victoria para el PRI mucho más abultada de la que señalaron luego los resultados- contribuyó a desequilibrar la elección.
La oposición también acusa a la compañía Televisa, la más grande estación de televisión de México, de haber favorecido al candidato priísta con una cobertura favorable, algo que rechaza la empresa.
El monitoreo de mediosrealizado durante la campaña por el Instituto Electoral Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México sugieren que en efecto Peña Nieto fue el candidato del que más hablaron los medios (un 30% del tiempo al aire fue para él frente a un 26% para AMLO), pero el PRI apunta que esta cifra está lejos de ser desproporcionada, como aseguran sus críticos.
Los planes de impugnación de López Obrador no sólo han despertado dudas sobre su capacidad para evidenciar todas estas acusaciones.
"Los partidos que buscan la impugnación tendrían que presentar pruebas de que las irregularidades se cometieron en las más de 140.000 casillas instaladas en el país o que hubiera habido un error aritmético que explicara la diferencia de tres millones de votos entre el primer y el segundo lugar", dice Esparza.
También por el hecho de que sólo pidiera invalidar la elección presidencial y no la del Congreso, también celebrada hace dos semanas, en la que los partidos de la izquierda que él representa lograron avances significativos, hasta colocarse como la segunda fuerza en la Cámara de Diputados.
En busca de un "calzón"
Quienes piden la invalidez de los comicios -AMLO, pero también organizaciones juveniles, sindicales o indigenistas- confían todavía en hacer historia.A pesar de que las memorias electorales del país están plagadas de acusaciones de fraude, en México no existen precedentes de una elección presidencial invalidada. Aunque sí ha ocurrido a nivel estatal.
En 2000, el Trife declaró nula la elección de gobernador de Tabasco, argumentando que el ejecutivo de este estado había intervenido ilegalmente en el proceso en favor del PRI, y por tanto lo invalidó.
Lo mismo ocurrió tres años después en los comicios estatales de Colima, en el occidente del país, cuando el tribunal resolvió que el gobernador priísta había utilizado fondos públicos para respaldar al candidato de su partido.
El caso más reciente es el de las elecciones a alcalde de Morelia, la capital de Michoacán. En otoño de 2011, los partidos de oposición PRD y PAN pidieron la impugnación del voto argumentando que el logo del PRI impreso en el calzoncillo que utilizó el boxeador mexicano Juan Manuel Márquez durante su pelea en contra de Manny Paquiao un día antes de las elecciones influyó sobre los votantes.
Aquel "calzón" en un evento deportivo, emitido en horario de máxima audiencia por televisión, hizo que se repitieran las elecciones. A pesar de aquel logo en el combate de boxeo, el PRI volvió a ganar las elecciones con más del 44% de los votos en la segunda edición de los comicios.
En las elecciones presidenciales del 1 de julio, Peña Nieto ganó a AMLO por unos tres millones de votos, según la autoridad electoral, 38,21% frente al 31,59% de los votos.
Por eso, muchos en la izquierda buscan desesperadamente un "calzón", como aquel de Márquez, que justifique la invalidez de esta contienda.
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