En agosto de 2007, siendo José (Pepe) Mujica
ministro de Ganadería Agricultura y Pesca del Uruguay, se aprobó por
iniciativa suya la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA), a
determinados cortes específicos de carne, identificados como
“populares”. Fue así como la falda y el asado de 10 a 13 costillas,
probablemente excedentes de exportación de la industria frigorífica de
difícil colocación en el exterior, pasaron a venderse a precios algo más
económicos, siendo denominados por la prensa y a nivel popular como “El
Asado del Pepe”.
Con el correr de los meses, la demagógica
medida se fue prorrogando, mientras la calidad de los cortes que
llegaban baratos al consumidor era cada vez de peor. No obstante, el
impacto había sido logrado, y el entonces ministro ayudaba así a
pavimentar su camino hacia la candidatura presidencial.
Cinco
años después, el actual ministro de Defensa de Uruguay, el polémico ex
guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro, anunció el pasado miércoles 20
de junio, en conferencia de prensa, junto a otros representantes del
Poder Ejecutivo, la intención de legalizar la marihuana en el país.
La
medida, incluida en un paquete propuesto por el gobierno para intentar
frenar el aumento desmedido de la delincuencia, fue anunciada al día
siguiente de un mensaje muy poco esperanzador del presidente José
Mujica, emitido por cadena de radio y televisión a la Nación.
En
esa oportunidad, el también ex guerrillero y actual jefe de Estado,
reconoció de hecho la ineficacia del gobierno para enfrentar los graves
problemas de inseguridad, nunca antes vistos con tal virulencia, y evocó
con nostalgia la paz y la tranquilidad existentes en el pasado en esa
sociedad.
La izquierda uruguaya se jacta y con razón, de haber
logrado mejorar, en el contexto económico internacional muy favorable de
los últimos años, los resultados económicos. La baja del desempleo
arrastrado de la crisis del 2002, así como la disminución de los índices
de pobreza, son indiscutibles y están a la vista. Esa misma izquierda
reconoce que la aplicación de tenues políticas de mercado y economía
abierta, unidas a la promoción de algunas puntuales inversiones
provenientes de otras partes del mundo, fueron los artífices de sus
éxitos.
Sin embargo, con un cinismo que no sorprende, esa misma
izquierda uruguaya atribuye a la mejora general y al consecuente
incremento del consumo, la causa del aumento de las tentaciones,
ambiciones y frustración de los delincuentes, justificando de esa forma
la triste realidad de su fracaso en materia de seguridad, que no es muy
diferente de los “logros” alcanzados en salud y educación públicas.
Fernández
Huidobro, aprovechó la oportunidad del anuncio, para tildar de errónea
la decisión del ex presidente de EE.UU., Richard Nixon, en 1971, de
prohibir la venta de marihuana, atribuyendo a esa medida la culpa de la
situación actual, y argumentando que “…ha sido la que ha provocado todos
estos desastres declarando una guerra que ha sido ganada por los
narcos”.
Coincidimos con el ministro al señalar que un criterio
de legalización controlada del tráfico, mercadeo y consumo de la droga,
al igual que ocurriera con la llamada Ley Seca con relación a la
producción y consumo de alcohol, habría cambiado buena parte de la
historia y hoy tendríamos realidades sociales muy diferentes en diversos
aspectos.
Pero de aquella probablemente errónea decisión, han
pasado cuarenta años; y echarle la culpa a Nixon del actual brote de
violencia delictiva en Uruguay, mueve a risa.
En la actualidad, y
en un país donde el Estado lo abarca y regula todo desde hace más de
seis décadas, la droga y su negocio vinculado no podían pasar
inadvertidos. El ministro expuso cifras cuyo origen no explicó; 75
millones de dólares, sería lo manejado anualmente en el mercado uruguayo
de venta de cannabis.
El tema no es nuevo en el país. El
proyecto presentado, difiere de otros tres a estudio en la Cámara de
Diputados, que promueven la habilitación del autocultivo limitado a ocho
plantas. “Si habilitamos el autocultivo para uno o para dos, tenemos
que habilitarlo para todo el mundo y ¿cómo controlamos eso?” se preguntó
el ministro aclarando el verdadero sentido de su planteo.
Es
evidente, que este nuevo proyecto de control y legalización, apunta más a
fines políticos de recaudación y ampliación del monstruo estatal, que a
un intento de disminución de la delincuencia. En todo caso, se trata
simplemente de una cortina de humo, para distraer a la opinión pública
de ese flagelo descontrolado.
El gobierno de Mujica, promueve la
idea de crear una especie de instituto de la marihuana, emulando al
otrora monopolio estatal de Ancap, para la producción de alcohol. En
aquella aventura, el Estado plantaba caña de azúcar en Bella Unión, muy
cerca de Brasil, a contrapelo del clima y de las leyes del mercado, en
el departamento de Artigas. En los años sesenta y setenta, mientras los
cañeros marchaban con sus reclamos a la capital iniciando las revueltas
guerrilleras de aquellos años, los artiguenses y muchos otros uruguayos,
consumían azúcar y caña (aguardiente) brasileras. La enorme diferencia
de precios existente en relación a los mismos productos nacionales
producidos por el monopólico ente estatal y vendidos al público “al
costo”, alentaban el tráfico “ilegal” de tan “nacionales” insumos. El
absurdo fue tal, que en 1970, el alcohol producido alcanzaba apenas a un
16,2% del requerido, por lo cual el resto debía ser importado.
Los
“bagayeros”, como se denomina en el lunfardo Uruguayo a los ejecutores
del contrabando hormiga, han sido tradicionalmente otro de los símbolos
de estigmatización social provocada, según la izquierda, por las
“políticas neoliberales y la economía de mercado”. Su existencia, al
igual que se pretende hacer ahora con la delincuencia, ha sido señalada
como consecuencia de la exclusión social derivada del “individualismo”.
Curiosamente,
esta permanente acusación del Fernández Huidobro guerrillero y
opositor, se contradice con la preocupación del Fernández Huidobro
ministro, en el sentido de que para evitar problemas con la región,
ahora, una vez aprobado el referido proyecto, el Estado deberá tomar
medidas de seguridad como la represión del contrabando.
Desde
las cumbres del gobierno, el funcionario mantiene el discurso populista y
generador de votos, a la vez que apunta su acción hacia la utilización
de los mismos métodos que antes criticaba.
Mientras tanto y
desde Brasil, donde participaba de la Cumbre Río+20, el presidente José
Mujica se refirió, para tranquilidad de sus camaradas regionales, al
verdadero fin perseguido con el sorprendente anuncio de la venta estatal
de marihuana:
"La idea no es liberar, al contrario, vamos a
controlar mediante una red estatal de distribución” dijo recordando a
todos su origen sencillo, campechano y comunista. “No permitiremos a una
persona ir al almacén a comprar marihuana y hacer lo que quiera”,
agregó. “El Estado controlará la calidad, la cantidad, el precio y las
personas que la compren estarán registradas".
Según reseñara el
diario El País, Mujica explicó además desde Brasil, que los consumidores
deberán, de forma obligatoria, exhibir la cédula de identidad para
comprar marihuana y presentar las colillas de los cigarrillos ya
fumados.
Lo de devolver los “puchos” provoca risa; pero
probablemente, es algo que Mujica sacó, como un buen mago, de la galera.
Tal vez esa idea, se le ocurrió al presidente en el momento, mientras
hablaba, como forma de asegurar a sus colegas que la novedosa marihuana
“oficial”, no se traficaría hacia los países vecinos.
Se le
ocurrió y así lo dijo; pero ante sus dichos, es difícil imaginar una
forma más improvisada de gobernar y una visión de país más “de almacén”.
Los
matices de sano liberalismo y modernización, se utilizan por innegables
y han logrado beneficios. Esas políticas, aunque más claramente
definidas, se aplicaron antes en Sudamérica, bajo Pinochet, en Chile.
Los gobiernos democráticos que lo sucedieron, varios de ellos de
izquierda, tomaron conciencia de esa realidad, reconociendo, continuando
y ampliando aquellos criterios socio-económicos exitosos.
Otra
cosa, muy diferente, es el amiguismo mercantilista que existe, incluso
en Cuba. Promueve inversiones amparadas en privilegios, lo cual resulta
conveniente a algunos gobiernos.
En Uruguay, en paralelo a la
prosperidad reflejada en las grandes cifras, los pequeños y medianos
empresarios privados, verdaderos promotores y generadores de riqueza, se
desangran en cada crisis y van desapareciendo. Viven el día a día bajo
permanente presión. Nunca, en más de sesenta años, han logrado ser
verdaderamente libres. A modo de ejemplo, muy pocos se atreven a
contratar un joven menor de edad para que aprenda a trabajar en su
empresa, porque eso significa ser visto como casi un esclavista,
multiplicando hasta lo impensable los controles estatales y los riesgos
de problemas laborales.
Mientras los menores infractores se
multiplican, la oposición sólo atina a proponer bajar la edad de
imputabilidad de 18 a 16 años, para retener más delincuentes en las
cárceles.
Nadie argumenta que el verdadero problema radica en la
existencia de un Estado desmesurado que regula, controla, paraliza y
devora todo. Y que es allí donde debería buscarse la explicación a tanto
deterioro social que ya raya en la anarquía.
El comunismo que
inspirara a Fidel y a los propios guerrilleros Tupamaros que hoy
gobiernan el país no existe más. Su fracaso no admite reclamos. Pero el
estatismo populista que ellos siempre pregonaron, permanece y se
fortifica para espejismo de muchos y beneficio de pocos.
Y es
muy capaz de mutar de comunismo a fascismo, en aras del hombre nuevo y a
nombre de la “justicia social”, sin que a sus protagonistas se les
mueva un pelo.
Para implementar un cambio de tal magnitud, podría requerirse una buena cortina de humo.
Y si el humo fuera de cannabis, tanto mejor.
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