Humberto Musacchio*
Los
tumultos de antier en las tiendas Soriana muestran que los votantes
comprados por el candidato del PRI no confían en él. Y tienen razón. A
muchos les habían prometido mil pesos y finalmente la tarjeta de débito
que les entregaron sólo valía 300 o 500 pesos, de donde se corrió la voz
de que Peña Nieto no cumple.
Pero las compras de pánico se originaron en el rumor —ese trending topic
plebeyo— de que las tarjetas no servían para pagar, y la gente que por
necesidad aceptó canjearlas por su voto corrió en masa a los
autoservicios para cerciorarse. Es más, en la eventualidad de que las
invalidaran, optaron por adquirir todo lo que pudieron hasta agotar el
saldo de los plásticos.
La desconfianza está fundada en que
los priistas, después de distribuir con largueza las muy mentadas
tarjetas, el martes salieron con que ellos no las habían repartido. Es
más, un vocero que se identificó como Eduardo Sánchez, dijo que “ni el
comité de campaña de Enrique Peña Nieto ni el PRI tienen relación con
esas tarjetas”, aunque, como le consta a multitud de testigos, las hayan
repartido personas perfectamente identificadas como priistas.
La gente del PRI tiró la piedra y
ahora esconde la mano. Se valió de esos plásticos para comprar votos y
el gasto que eso significa no es cualquier cosa pues, suponiendo que el
pago por sufragio fuera por tercios de mil, 500 y 300 pesos, si
repartieron un millón 800 mil tarjetas el gasto andaría en más de mil
millones de pesos, casi el triple que los 336 millones que los partidos
están autorizados a gastar como máximo.
Pero hay otros fraudes del PRI. Una
multitud se apersonó el martes en la Sección 34 del sindicato petrolero
exigiendo el pago de 600 pesotes por cabeza y la devolución de sus
teléfonos celulares, pues eso les prometieron por ser representantes de
casilla del Partido Revolucionario Institucional.
En menor escala, el candidato
priista a delegado en Azcapotzalco, un tal Martín Medina, también comete
fraude, pues prometió dinero a quienes le dieran su voto —con los
controles de rigor— y a la mera hora sus allegados dijeron que no
pagarían porque Medina no ganó. En otras palabras, su gallo resultó
desplumado y alguno tuvo la desfachatez de “informar” que cuando iba a
llegar la camioneta blindada con el dinero para pagar votos, un piquete
de muchachos del #YoSoy132 interceptó el vehículo y dejó sin los poco
honorables honorarios a los mercaderes del sufragio. A otro perro con
ese hueso, le gritaron los indignados cobrones.
Y todo eso ocurre a la vista de todo
el mundo, pero el IFE, el TEPJF y la Fepade no lo ven ni oyen las
denuncias que se vienen haciendo desde hace varias semanas. En el caso
de las tarjetas Soriana, si no las compró directamente Peña Nieto, su
comité de campaña o el CEN del PRI, entonces habría que averiguar si las
adquirió la CTM o el gobierno del Estado de México o fueron un obsequio
de la cadena de tiendas. En cualquier caso, el costo hay que sumárselo a
la campaña del PRI que incurrió en una ilegalidad patente.
Pero pedir que intervengan el IFE,
el TEPJF o la Fepade es mero juego de imaginación. No van a investigar
esos delitos electorales como no lo hicieron con las encuestas
propagandísticas ni con la publicidad subterránea en televisión. Ninguno
de los señores que están en la cúpula de esas instituciones va a poner
en riesgo su sueldazo, sus gastos de representación, coches, personal y
otras delicias del poder que pagamos los contribuyentes.
Por eso yo nomás decía…
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